ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), persiste en sus posiciones y da por superado el debate sobre la convocatoria del pleno ordinario del mes de enero, al reiterar que dicha sesión no llegará a celebrarse. Su desarrollo quedó suspendido de forma cautelar por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, al admitir la solicitud en ese sentido registrada por el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, en su recurso por vulneración de derechos fundamentales frente al decreto de convocatoria de esa sesión, en la que quedó excluido por la Secretaría General al intepretar que se encontraba en situación de baja laboral por acogimiento familiar de un menor.
La decisión quedó ratificada por el mismo juzgado, en respuesta al recurso interpuesto por los servicios jurídicos municipales, y todavía no se ha resuelto sobre el fondo del asunto: si pudo haberse producido la vulneración del derecho a la participación política de Copé al no permitirle asistir a dicha sesión. Sea como fuere, el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, ha insistido este martes -en la comparecencia pública semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local- en que no se promoverá una nueva convocatoria sobre esa sesión de enero, puesto que "interpretamos que el pleno de enero debe celebrase el último jueves de ese mes, cosa que ya no resulta posible". Así, ha insistido en que las iniciativas políticas que se habían registrado para su debate en esa sesión, deberán volver a registrarse para que puedan tenerse en cuenta en el desarrollo de la sesión de febrero o en otros plenos posteriores.
En este sentido, ha descartado también la posibilidad de que pudiese celebrarse un pleno extraordinario para recuperar el contenido de ese pleno suspendido. "La decisión política está tomada, en base a la posición que venimos manteniendo, que es que un concejal de baja laboral no debe acudir a una sesión plenaria como hemos sostenido en el caso de dos concejalas que forman parte del equipo de gobierno, que han causado baja por su maternidad", en alusión a las ediles de Urbanismo y de Fiestas, Rocío Gómez y Cristina Cutanda, a las que se sumará en el pleno de febrero la edil de Cultura, Nayma Beldjilali, por el mismo motivo.
Así, ha descartado que pueda considerarse la solicitud registrada por el grupo municipal del PSOE, este lunes, en la que demandaba que se procediese a convocar dicha sesión de enero en una próxima fecha para no mermar la capacidad política del conjunto de los concejales. Villar no ha aclarado, eso sí, si ese rechazo a la petición socialista se extendería a la declaración institucional promovida por el grupo municipal de Esquerra Unida Podem para que se impulse una modificación puntual del Reglamento orgánico del Pleno (ROP) en la que se dé cabida a la participación de los concejales en situación de baja no impeditiva mediante mecanismos telemáticos.
Informe jurídico
Sea como fuere, la posición del equipo de gobierno reiterada por Villar ha propiciado la respuesta inmediata de la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, quien ha registrado un escrito dirigido al secretario del pleno para solicitar un informe jurídico acerca de la convocatoria de un nuevo pleno tras la anulación de la sesión ordinaria del 30 de enero de 2025, con el objetivo de que no se vean conculcados los derechos de participación política. Barceló ha recordado que este lunes, 17 de febrero, se registró un escrito exigiendo al alcalde la convocatoria del pleno correspondiente a enero. "Sin embargo, la contestación no ha llegado por escrito, sino verbalmente a través del portavoz del gobierno", han subrayado fuentes del PSOE, a través de un comunicado.
"El vicealcalde ha sido tajante al trasladar que no se va a convocar otro pleno porque es la decisión del equipo de gobierno. El grupo socialista considera que no es el gobierno quien decide, sino que es el secretario el que tiene que velar por el buen funcionamiento de la institución y garantizar los derechos de participación de todos los integrantes del pleno", ha añadido Barceló. En ese sentido, la portavoz ha recordado que entre las funciones del secretario está el ejercicio del asesoramiento legal al pleno. "Barcala no puede seguir impidiendo el debate ni la adopción de acuerdos que pueden ser buenos para la ciudad. El alcalde se ha convertido en un obstáculo en lugar de actuar como un regidor que contribuya a construir una ciudad en la que todos se sientan representados", ha concluido.
