ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante despeja el camino para definir la regulación de las condiciones urbanísticas sobre la implantación de apartamentos turísticos, después de superar la primera votación política que -salvo cambio de criterio- permitirá extender la moratoria en la concesión de licencias para viviendas de uso turístico (VUT) aprobada en enero con el objetivo de que también resulte de aplicación a bloques completos, pensiones y albergues. Esa propuesta de ordenación -sobre la que se justificó la suspensión de permisos- debe presentarse como fecha límite el próximo mes de enero, cuando se cumplirá el plazo de un año fijado en el acuerdo inicial de esa moratoria. Con ello, se contaría con otro año más, hasta enero de 2027, para que se completase su tramitación y aprobación. De no cumplirse los dos plazos, el bloqueo a las nuevas autorizaciones acabará decayendo sin medidas de control que administrar.
Todo parece indicar que esa regulación cumplirá tiempos, puesto que ya se han iniciado estudios para concretar sobre el terreno la planificación zonificada anunciada por la Concejalía de Urbanismo el pasado mes de diciembre, cuando se dio impulso a la moratoria. Esos estudios precisarán la concentración de VUT autorizadas en la actualidad que existe en cada barrio o distrito con el propósito de calibrar su presencia real y fijar índices máximos de implantación en cada uno de ellos como umbrales límite que sirvan de referencia a la hora de autorizar cualquiera de las modalidades de alojamiento que quedan incluidas en la moratoria: como se ha dicho, pisos aislados, en bloque, y también pensiones y albergues turísticos.
De este modo, no se contempla una suspensión de licencias de carácter definitivo que abarque a todo el término municipal con una hipotética declaración de Alicante como ciudad tensionada, como han llegado a plantear formaciones políticas que ejercen funciones de oposición. Pero sí se prevé que pueda establecerse un blindaje en determinados barrios o espacios concretos en los que esos cálculos reflejen la existencia de un exceso de concentración que genere saturación, con los efectos perjudiciales que los informes técnicos elaborados hasta ahora asocian a la proliferación de VUT: presión sobre el mercado residencial, al limitar la posibilidad de edificación de viviendas; incremento de recursos y consumos en servicios públicos; y pérdida de identidad de los barrios, con aumento de conflictos en la convivencia vecinal.
La identificación de ese cerrojazo es un aspecto todavía por definir, con una propuesta de ámbitos en los que podría prohibirse la instalación de más VUT, en función de los datos reflejados en esos estudios específicos ahora en curso. Con todo, los informes previos ya disponibles -elaborados tanto por la cátedra de turismo 'Ciudad de Alicante' como por la consultora EOSA- ya apuntan que existiría una elevada presencia de VUT en zonas como el Centro Tradicional, el Casco Antiguo y Playa de San Juan. Es decir, tres de los puntos urbanos que suscitan mayor interés entre los visitantes al tratarse de los emplazamientos en los que focaliza la oferta cultural, comercial, de ocio y de sol y playa.
En sintonía con otras regulaciones
Con ello, se seguirían los pasos adoptados en otras ciudades de perfil turístico como Málaga -a cuyo modelo aludió el alcalde, Luis Barcala, hace menos de una semana-, donde, el pasado diciembre, se acordó la suspensión de nuevos permisos para la implantación de VUT en 43 barrios. O como se pretende proceder en la ciudad de València, donde ya se ha blindado el perímetro de Ciutat Vella frente a nuevas solicitudes de licencias, y donde también se han planteado índices de referencia para regular su concesión en otros barrios.
En concreto, en la propuesta de ordenación que el Ayuntamiento de València expuso al público en abril, se prohibía la implantación de nuevas plazas turísticas en los distritos y barrios que superen el 8% de número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto el número de vecinos empadronados. Además, se planteaba una protección sobre el uso residencial de los edificios, de modo que el número de pisos turísticos no podrá superar el 2% del número de viviendas residenciales de cada uno de los barrios.
Esa regulación ha generado el rechazo de las asociaciones empresariales que representan al sector, como Aptur CV, que ha plasmado su oposición con el registro de un recurso contencioso administrativo para que sea la justicia la que derogue los límites ya implantados en Ciutat Vella e impida la extensión de otras medidas a otros barrios. Se trata del mismo proceso que se ha seguido frente a la moratoria provisional acordada en Alicante, contra la que también se ha dado inicio a acciones legales, después de que la directiva de la asociación haya considerado que ese bloqueo resulta "desproporcionado, injustificado y discrecional".
