ALICANTE. Camino libre a la extensión del bloqueo a la concesión de nuevas licencias para la implantación de bloques turísticos en Alicante. La ampliación del acuerdo aprobado en diciembre, entonces solo para las viviendas de uso turístico (VUT) aisladas, ha quedado aprobado este miércoles con un dictamen favorable en el transcurso de la comisión informativa de Urbanismo, en una votación que ha contado con el respaldo del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y del PSOE. Eso sí, los socialistas han supeditado la ratificación de esa posición de voto al cumplimiento de determinadas condiciones por parte de los populares. Por su parte, tanto Vox como Compromís se han decantado por la abstención, mientras que el edil de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, no ha participado en la comisión, al encontrarse en situación de permiso por acogimiento familiar.

La propuesta, que cuenta con el rechazo de las principales asociaciones empresariales del sector, como APHA y Aptur CV, debe quedar refrendada ahora en un próximo pleno (no se ha descartado la posibilidad de que pueda incorporarse en el orden del día del pleno extraordinario que se prevé convocar la semana que viene para aprobar la segunda modificación de crédito del presupuesto de 2025, sin esperar al pleno ordinario) con el propósito de que adquiera vigencia a apartir del día siguiente a la fecha de su publicación en boletínes oficiales. 

Ese bloqueo a la concesión de nuevos permisos estará vigente hasta enero de 2027, al mantenerse la misma duración prevista en el acuerdo original, aprobado hace seis meses. Y abarca tanto a las pensiones como a los albergues turísticos, después de que los informes elaborados por los técnicos de la Concejalía de Urbanismo en los que se basa el acuerdo hayan constatado que las autorizaciones que se concediesen podían estar utilizándose para dar pie a la configuración de bloques turísticos de forma encubierta, como había informado este diario. En esta línea, la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, ha explicado, en una comparecencia pública posterior al desarrollo de la comisión, que el acuerdo se adoptaba ahora -seis meses después de que se adoptase el acuerdo inicial- como consecuencia de la recopilación de informes adicionales en los que se habría detectado un "crecimiento exponencial" en esa modalidad de alojamientos, hasta alcanzar los 83 unidades (aunque el registro de Turisme Comunitat Valenciana eleva esa cifra a 91).

En esta línea, la edil de Urbanismo ha incidido en que los informes que motivaron la adopción de la moratoria inicial (limitada a los pisos turísticos aislados) aputaban que Alicante no se encontraba en un momento de saturación, aunque sí resultaba pertinente que se tomasen decisiones con el objetivo de "encontrar un equilibrio entre residentes y turistas". Así, ha justificado que, entonces, la propuesta quedó limitada a las VUT a la vista de que su encuadre en edificios de uso residencial eran "las que más afectan a los vecinos de la ciudad generando inconvenientes". "Esta moratoria nos sirve para estudiar la normativa urbanística completa; en estos seis meses, hemos estado estudiando la situación de la ciudad y hemos ampliado la recopilación de datos, con lo que hemos visto un crecimiento exponenencial en las altas de estos bloques turísticos", ha abundado. Por ello, ha considerado necesario "parar y reflexionar", con una ampliación de la moratoria que permita abordar una regulación urbanística zonificada sobre las condiciones de implantación tanto para VUT como para bloques turísticos.

En este sentido, Gómez ha incidido en que "con esta moratoria lo que pretendemos es garantizar el acceso a la vivienda, un equilibrio entre residentes y turistas y garantizar los usos comerciales, de forma que la ciudad siga funcionando como vivienda turística", en alusión a otro de los argumentos centrales apuntados en los informes sobre los que se habría justificado la extensión del acuerdo: el incremento de la presión de los apartamentos turísticos sobre el mercado de la vivienda, en la medida en que quedarían limitadas las posibilidades de inversión en edificios residenciales al apostarse por otras opciones en busca de un fin lucrativo.

Por último, Gómez ha señalado que el caso del próximo cierre de la librería '80 mundos' -tras la venta del edificio en el que se encuadra, con la posibilidad de que su nueva propiedad pueda promover su conversión en un bloque de apartamentos- se trataría de una situación particular que no habría movido al equipo de gobierno a ampliar la moratoria. "No tomamos decisiones por casos particulares, lo que se busca es, tras estos seis meses de estudioa adicional, propiciar un equilibrio entre residentes, y turistas y garantizar la continuidad del pequeño comercio en nuestra ciudad", ha concluido.

Apoyo socialista condicionado

La emisión de ese dictamen favorable en comisión de Urbanismo ha motivado valoraciones políticas por parte de los grupos que ejercen funciones de oposición. En primer término, la portavoz adjunta del grupo municipal del PSOE, Trini Amorós, ha sido la primera en justificar el voto positivo de su partido al bloque en la concesión de nuevos permisos a bloques turísticos para señalar que se trataba de un respaldo condicionado al cumplimiento de determinadas medidas adicionales. Así, ha sostenido que "de nada servirá bloquear licencias para bloques turísticos si el gobierno de Barcala no adopta medidas contundentes y con carácter de urgencia para para dar solución a la crisis de vivienda, proteger el comercio y el desarrollo de la actividad turística, garantizando la seguridad jurídica de los inversores". En ese sentido, la edil socialista ha acordado que su grupo mantendrá una reunión con la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, para exponerle antes del pleno del 31 de julio las medidas que el PSOE entiende necesarias para avanzar en dichos objetivos. 

Amorós ha apuntado que el voto afirmativo de PSOE sólo se mantendrá de cara a la sesión plenaria "si el gobierno de Barcala se compromete a desarrollar medidas que solucionen el problema de la vivienda, protejan el comercio y se planifique el futuro del alojamiento turístico, combatiendo los alojamientos ilegales". "La medida que pretende aprobar el gobierno de Barcala no deja de ser un parche que no soluciona el problema de la vivienda ni protege el comercio, poniendo el foco en los bloques de apartamentos turísticos. Es necesario adoptar medidas complementarias si realmente queremos avanzar en la solución", ha considerado.

Eso sí, un escenario en el que el PSOE cambiase el sentido de su voto no impediría que el acuerdo prospere en el pleno de mantenerse las abstenciones de Vox y Compromís, ya que el PP seguiría contando con mayoría simple. Por lo pronto, sus respectivos representantes también han justificado sus posiciones.  Así, la portavoz del grupo municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha señalado que "consideramos que la moratoria para los bloques de apartamentos turisticos no es la mejor solución para solventar el problema de la vivienda en Alicante, porque el mayor escollo que se encuentran los propietarios a la hora de alquilar es la nefasta ley de arrendamientos urbanos, la cual crea una enorme inseguridad jurídica". En todo caso, ha señalado que resulta necesario "meditar y estudiar la situación real de los apartamentos turísticos y de los bloques turísticos, pero consideramos que lo que realmente hay que perseguir el apartamento turístico ilegal, no a los empresarios que vienen a invertir en nuestra ciudad". Por último, ha añadido que "también hay que modificar la legislación de manera urgente desde las administraciones competentes para proteger al pequeño comercio y a los arrendatarios de las viviendas para que puedan resistir ante cualquier tipo de chantaje injusto. Ellos no pueden ser los que paguen la falta de una política de vivienda positiva y que debe pasar por la liberalización del suelo. Sin suelo y con trabas administrativas creadas por el bipartidismo, nunca se solucionará el problema de la vivienda", ha concluido.

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha apuntado que "el Ayuntamiento se abstiene de actuar de forma decidida ante la creciente presión que los pisos turísticos ejercen sobre la ciudad y los recursos públicos. Hay una falta evidente de medidas concretas y transparentes en varios aspectos clave: no se detallan las medidas de control, inspección ni cierre de viviendas turísticas ilegales o fuera de normativa; no se ha fijado una fecha para aplicar el decreto aprobado por el Consell en agosto, que permite a los ayuntamientos inspeccionar y clausurar pisos turísticos en situación irregular; tampoco se informa sobre las inspecciones realizadas desde la finalización de la última moratoria; y falta claridad, seguimiento y rendición de cuentas".

En esta línea, ha recalcado que "a pesar de la sobrecarga que los pisos turísticos suponen para los servicios públicos (agua, recogida de residuos, limpieza, seguridad…) el Ayuntamiento no tiene intención de subir tasas a los turistas. En consecuencia, la ciudadanía acaba financiando las vacaciones de los visitantes, sufragando con recursos públicos cada vez más escasos los servicios que requieren", ha incidido. Y ha remarcado que "además, el gobierno municipal se niega a declarar la ciudad como zona tensionada, lo que evitaría el encarecimiento abusivo del alquiler y facilitaría el acceso a la vivienda para los residentes", ha concluido.