ALICANTE. El endurecimiento del blindaje frente a los alojamientos turísticos, con una extensión de la suspensión de licencias aprobada en diciembre ahora también a los proyectos en bloque completo que pretende promover el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), sigue sumando muestras de rechazo en el sector, al margen de la oposición ya manifestada por la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA). A ese rechazo se suma ahora el de la patronal autonómica APTUR CV, que ha manifestado este viernes su "profunda preocupación" ante el anuncio conocido este jueves, que complementa a la que entró en vigor para los pisos turísticos aislados, este enero. En este sentido, portavoces de APTUR CV han incidido en los argumentos en contra que ya expusieron cuando se planteó la suspensión de licencias para Viviendas de Uso Turístico (VUT) de forma inicial para insistir en que la nueva medida "carece de justificación técnica, genera inseguridad jurídica para los inversores que han actuado conforme a normativa y, sobre todo, conociendo los informes solicitados por el consistorio para justificar dicha moratoria, responde a un uso partidista del urbanismo que pone en jaque la rehabilitación urbana y el empleo vinculado al turismo legal".
En esta línea, APTUR CV indica que, "según datos proporcionados por el propio consistorio, entre enero de 2023 y junio de 2025 se han inscrito en la Conselleria de Turismo 53 bloques turísticos. Lo que no dicen es el número de viviendas que constituyen esos 53 bloques y que son un total de 396 viviendas. Esta cifra representa apenas un 0,22% del parque total de viviendas de la ciudad de Alicante que asciende aproximadamente a 187.000 viviendas. Pese a ello, se traslada a la ciudadanía una percepción alarmista y distorsionada, sin que el Ayuntamiento practique un mínimo ejercicio de transparencia", abundan.
"El relato que ha desencadenado esta decisión parece que parte de una visión romántica y profundamente parcial: el supuesto desalojo de una librería emblemática con renta antigua por un proyecto de rehabilitación privado", señalan, en alusión al próximo cierre de la histórica librería '80 mundos' que se habría precipitado, cuando faltan dos meses para que venza su contrato de arrendamiento actual, después de que trascendiese la venta del edificio completo a un nuevo propietario que pretende promover su rehabilitación, con la posibilidad -todavía no asegurada- de convertir el edificio en un bloque de alojamientos turísticos. "Esta anécdota ha sido utilizada como justificación simbólica para bloquear la actividad de decenas de propietarios e inversores que han adquirido inmuebles en ruinas, okupados o abandonados, que llevan esperando que el ayuntamiento les conceda la compatibilidad urbanística o en su caso la licencia urbanística para llevar las obras de rehabilitación, estando, la mayoría de ellos en este momento, en situación de silencio administrativo conforme a la ley, con el fin de destinarlos a alojamientos turísticos", prosigue la patronal autonómica.
Así, considera que "la medida adoptada por el consistorio castiga a quienes han apostado por recuperar el patrimonio edificado con recursos propios y dinamizar los barrios con actividad turística compatible con la vida local". E incide en que los bloques de apartamentos turísticos "permiten preservar bajos comerciales para uso de pequeños negocios, al no requerir reconversión de locales; generan empleo directo e indirecto en comercios, servicios, hostelería y mantenimiento; favorecen la revalorización de barrios degradados y el retorno del capital privado a zonas olvidadas por las políticas públicas de vivienda; y contribuyen a un modelo de turismo regulado, fiscalizado y ordenado".
De ahí que denuncien que resulte "incoherente que el mismo Ayuntamiento que se niega a comprar inmuebles para destinarlos a alquiler social, pretenda imponer restricciones urbanísticas arbitrarias a quienes sí han invertido legalmente, asumiendo el riesgo económico y legal que toda rehabilitación implica. Este tipo de decisiones, revestidas de una supuesta 'espera técnica', no resuelven el acceso a la vivienda ni garantizan un modelo de ciudad más equilibrado. Por el contrario, deterioran la confianza institucional, judicializan la inversión y alimentan la inseguridad jurídica en el desarrollo urbano", subrayan las mismas fuentes.
Contencioso frente a la moratoria
En este sentido, APTUR CV subraya que ya interpuso un contencioso "contra la actual moratoria, al considerarla injustificada, desproporcionada y discrecional. La ampliación ahora anunciada refuerza los argumentos de quienes creemos que este Ayuntamiento no está regulando con criterio técnico ni pensando en el interés general, sino aplicando el urbanismo como herramienta ideológica y arbitraria". Por ello, hace un llamamiento urgente "a reabrir el diálogo técnico, basado en datos, proporcionalidad y evaluación real del impacto económico y urbano de los bloques turísticos, sin recurrir al populismo urbanístico ni a relatos emocionales que solo fragmentan a la sociedad alicantina".
En términos similares se ha pronunciado también este viernes la propia directiva de APHA, para abundar en los argumentos apuntados por su vicepresidente, Daniel Elman. En este sentido, fuentes de la asociación han confirmado, a través de un comunicado, que se ha solicitado a los grupos políticos municipales una reunión urgente par abordar la propuesta de ampliación de la moratoria. "Nuevamente se anuncia una noticia de trascendencia e interés para el sector turístico sin ninguna negociación ni comunicación previa y el empresariado se entera por los medios de comunicación de decisiones de gran calado que pueden comprometer planes e inversiones en marcha".
Y prosigue: "APHA considera imprescindible que, antes de anunciar una medida de estas características se mantengan reuniones con los interesados para ponderar el alcance y trascendencia de las decisiones políticas y se puedan contrastar puntos de vista y alternativas. Además, APHA ha pedido también una reunión con el concejal de Limpieza para abordar las graves deficiencias en el servicio que están observándose de manera reiterada y que comprometen la calidad de la experiencia turística y la imagen de la ciudad", concluye la nota pública.
