ALICANTE. La suspensión de licencias para pisos turísticos que el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), pretende extender ahora también a los proyectos ubicados en edificios completos (bloques) se topa de partida con un rechazo frontal por parte de la Asociación Provincial de Hoteles y Apartamentos Turísticos de Alicante (APHA). De hecho, sus representantes denunciaron este mismo jueves -la misma jornada en la que se dio a conocer la propuesta- que la medida se había dado a conocer sin ningún tipo de consulta previa con el sector y que, además, suponía generar "inseguridad jurídica" para todos los inversores que habían destinado recursos en la adquisición de edificios con la intención de rehabilitarlos y convertirlos en bloques destinados al alojamiento temporal en su integridad.

"Es una barbaridad y una locura", apuntó Daniel Elman, vicepresidente de APHA y todavía presidente de Abatur (la asociación representativa de los bloques de apartamentos turísticos de la ciudad de Alicante, ahora integrada en APHA y pendiente de disolución). "Esto contradice lo que se había establecido hasta ahora", apuntó, al recordar que la moratoria en la concesión de licencias aprobada el pasado diciembre, y que permanece en vigor desde enero, solo afectaba a los pisos turíticos aislados, integrados en edificios con otras viviendas de uso residencial. Así, lamentó que se pretenda modificar ese criterio, dejando en el aire "aquellos proyectos que se vienen tramitando desde hace más de un año y que siguen esperando la concesión de permisos".

Además, en sintonía con la postura que ha venido defendiendo hasta ahora la patronal autonómica del sector de los apartamentos, APTUR CV, Elman consideró que se trataría de una decisión que no quedaría justificada en ningún tipo de dato ni de fundamento concreto. "No conocemos en qué se basan para adoptar ese acuerdo", recalcó. De ahí que confirmase que, este mismo jueves, APHA había solicitado una reunión "urgente" con la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, con el propósito de conocer los pormenores del acuerdo que se pretende elevar a debate y votación en el pleno ordinario de este mes de julio. Además, Elman añadió que también se había iniciado una ronda de contactos con el conjunto de partidos representados en la corporación con la intención de trasladar la oposición de sector a la aplicación de esa nueva restricción, y para conocer cuáles son las posiciones de cada una de las formaciones políticas.

Respaldo mayoritario en diciembre

Por el momento, todo parece indicar que la propuesta planteada por el PP podría tener el camino despejado en el momento en el que se traslade al pleno. Como mínimo, lo cierto es que la suspensión de permisos para Viviendas de Uso Turístico (VUT) aisladas quedó aprobada por una amplísima mayoría, al sumar los votos de los populares, del PSOE y de Vox. Los dos concejales de Compromís se decantaron por la abstención, mientras que el único concejal de Esquerra Unida Podem votó en contra.

En principio, las primeras reacciones facilitadas este jueves por la portavoz socialista, Ana Barceló, cuando trascendió el nuevo planteamiento del PP, apuntarían a que su grupo podría respaldar el acuerdo, toda vez que recordó que el PSOE había solicitado medidas para regular el sector desde hacía años y que, hasta ahora, solo se habían adoptado decisiones de forma "tardía e insuficiente". La hipotética suma de los votos de PP y PSOE sería más que suficiente para que la medida prosperase, sin la necesidad de más apoyos. Sea como fuere, Vox -que sí respaldó el acuerdo inicial en diciembre- abogaría ahora por estudiar en profundidad todas sus implicaciones antes de fijar una postura definitiva. Cuando menos, su portavoz municipal, Carmen Robledillo, apuntó que "las moratorias sirven para estudiar la situación y analizar todas las posibilidades y, en este caso, es evidente que de la primera moratoria han surgido daños colaterales que consideramos muy graves como es la expulsión de pequeños comerciantes de sus locales, afectando no solo al autónomo o pequeño empresario sino al empleo en la ciudad de Alicante".

Así, apuntó que su grupo había solicitado "una reunión a la concejal de Urbanismo para conocer cuál va a ser el contenido de la norma y, llegado el caso, propondremos soluciones que, protegiendo al pequeño comercio o a los inquilinos de viviendas afectados por la situación, no atenten contra la libertad de los propietarios de solares con vistas a nueva construcción o de edificios abandonados". "La prioridad para Vox es proteger a nuestros vecinos y comerciantes y ello pasa por no trabar el uso turístico de inmuebles o solares que llevan años albergando basura y maleza y atentando contra la convivencia vecinal como sucede en barrios como San Antón o el Casco Antiguo, entre otros", concluyó.

Moratoria pendiente de recurso

La suspensión de licencias acordada en diciembre tenía una vigencia de dos años en los que debía abordarse una nueva regulación urbanística específica para determinar en qué condiciones y en qué ámbitos concretos podrían seguir concediéndose permisos para VUT. Esa regulación pasaba por establecer una suerte de zonificación, en función del grado de presencia o de saturación que se registrase en cada barrio. Para ello, según indicó la edil de Urbanismo, se abrirían contactos con los representantes vecinales y con las asociaciones empresariales del sector. Sin embargo, no ha trascendido ningun avance concreto hasta ahora, más allá de las aportaciones genéricas que se han ido recopilando en la fase de participación pública sobre la redacción del nuevo Plan General Estructural.

En todo caso, la aplicación de ese bloqueo a la concesión de licencias está supeditada al recurso contencioso-administrativo que promueve la patronal autonómica APTUR CV, que todavía estaría en plazo presentación formal de su demanda después de haber anunciado su interposición y de que el Juzgado de lo Contencioso Admnistrativo número 1 la admitiese a trámite. Se trata de una impugnación que la misma patronal ya ha planteado frente a la moratoria previa aprobada en la ciudad de València. En principio, se da por hecho que ese recurso se extenderá también frente al bloqueo de nuevos permisos para bloques turísticos completos.