ALICANTE. La justicia tendrá la última palabra respecto a la vigencia de la moratoria en la concesión de permisos para la implantación de apartamentos turísticos aislados en la ciudad de Alicante. El Juzgado de lo Contencioso número 1 ha admitido a trámite el recurso presentado por la patronal autonómica del sector, APTUR CV, el pasado 14 de marzo frente al acuerdo de suspensión de licencias aprobado por el pleno el 19 de diciembre y ha iniciado el proceso para revisar ese acuerdo municipal lo que conllevará que deba resolver sobre su validez.

En concreto, el juzgado deberá concretar si la moratoria carece de motivación, como viene defendiendo APTUR CV desde que se dio a conocer el alcance de la medida. La asociación considera que el acuerdo de bloqueo a la concesión de autorizaciones para Viviendas de Uso Turístico (VUT) es desproporcionada, injustificada y discrecional puesto que, según sostiene, no estaría fundamentada en ninguna circunstancia objetiva que la hiciese necesaria. Se trata del mismo camino que la propia patronal ya ha emprendido respecto al acuerdo equivalente adoptado por el Ayuntamiento de València el pasado mes de mayo, que todavía sigue en trámite.

Por lo pronto, fuentes jurídicas consultadas precisaron que el juzgado en el que se dirime la impugnación sobre la moratoria de Alicante debe requerir ahora al Ayuntamiento para que aporte el expediente completo con el fin de que pueda ser analizado por APTUR CV para formalizar la presentación de su demanda. Será después cuando se evalúe el planteamiento de la patronal y se analice si el acuerdo impugnado se tramitó de forma correcta y si está debidamente fundamentado. Como mínimo, hasta el momento sí ha trascendido el encargo de hasta dos estudios sobre la situación del sector en la ciudad: uno elaborado por la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante, de la Universidad de Alicante (UA), y otro a la consultora especializada Eosa.

Aunque el contenido y la perspectiva de ambos difiere, los dos llegan a la conclusión coincidente de que en Alicante no existe un problema de saturación de la oferta -de hecho, apuntan que todavía existe margen para aumentar plazas-, aunque sí apuntan la existencia de una concentración elevada de pisos turísticos en algúnos ámbitos concretos como el Casco Antiguo y Playa de San Juan. De ahí que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), considerase necesario frenar la concesión de nuevos permisos para definir una regulación urbanística concreta sobre el sector con una propuesta zonificada, de forma que la asignación de autorizaciones quedaría supeditada a la capacidad de carga de cada barrio o sector concreto en función de su realidad actual.

Solo las VUT

Con todo, APTUR CV defiende que esos estudios no serían concluyentes para fundamentar la moratoria acordada y que, además, no se habría entrado a analizar el conjunto de la oferta de alojamiento disponible, sino que solo se habría promovido de forma específica el bloqueo de nuevas autorizaciones para VUT sin abordar la situación de otras alternativas de hospedaje como los hoteles. De igual modo, la patronal interpreta que el equipo de gobierno habría justificado la medida en la necesidad de evitar una supuesta conflictividad social que se asocia directamente al funcionamiento de los pisos turísticos en general, cuando en realidad se trataría de una cuestión a particularizar caso por caso, con la posibilidad de acordar las penalizaciones previstas en la normativa en vigor, sin necesidad de blindar la libre disposición del uso de una vivienda por parte de su propietario.

Esa sería, en resumen, la parte esencial de los argumentos a esgrimir por APTUR CV en su impugnación, que quedarán recogidos en su demanda. No obstante, la presentación del recurso -el primer trámite del proceso- no evita que la suspensión de licencias siga en vigor. La pretensión anticipada por la patronal era solicitar que se retirase ese bloqueo como medida cautelar, lo que obligará al juzgado a pronunciarse aceptando o rechazando esa petición.

Entre tanto, tampoco ha trascendido ningún avance adicional respecto a la propuesta de ordenación urbanística a la que se pretendía dar cabida con la suspensión de permisos, ni sobre los contactos anunciados con el conjunto de actores (vecinos, empresarios, etc.) que puedan formular aportaciones. El plazo para la presentación de esa futura regulación es de un año, ya que, de lo contrario, la aplicación de la moratoria decaerá, como establece el propio acuerdo de suspensión de permisos, a pesar de que su duración se extiende durante dos años.