ALICANTE. Vía libre a la aprobación definitiva de la nueva Ordenanza de Limpieza de Alicante: la herramienta con la que se aspira a mejorar el estado de la escena pública frente a comportamientos incívicos, mediante el refuerzo del papel de los inspectores municipales y el incremento de los supuestos de infracción (de 63 a 86) y de las cuantías de las multas. El acuerdo ha quedado refrendado este jueves en el transcurso del pleno ordinario de marzo con el respaldo del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), PSOE y Vox, en una sesión atropellada -al menos en su inicio-, por la protesta protagonizada por los bomberos del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios (SPEIS) para reclamar la mejora de las instalaciones de los parques y el incremento de recursos económicos para el pago de servicios extraordinarios, entre otros puntos. De hecho, esas protestas han motivado que el alcalde, Luis Barcala, haya ordenado el desalojo de los manifestantes que ocupaban el Salón Azul. 

Por partes. El edil de Limpieza y Gestión de Residuos, Manuel Villar, ha explicado que la norma llegaba a su aprobación definitiva tras la desestimación de las tres únicas alegaciones formuladas por tres entidades gestoras de residuos y ha subrayado que ya contaba con algunas de las aportaciones formuladas por los grupos políticos municipales que ejercen funciones de oposición. De igual modo, ha señalado que, entre las principales novedades de la normativa, se incluye el incremento de las multas a los incívicos, aunque también se incluyen otras incorporaciones para la adaptación a la legislación de rango superior respecto a la gestión y el tratamiento de residuos y la recogida de selectiva de la fracción orgánica, así como el impulso de campañas de concienciación. Todo, después de que se haya producido la intervención de un portavoz de la Coordinadora Alicante Limpia (CAL) en la que se ha instado al equipo de gobierno a precisar qué recursos adicionales se habían implementado para garantizar el cumplimiento de la nueva regulación.

En el turno de debate, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha coincidido con el argumento de los representantes de la CAL al señalar que "esta ordenanza será papel mojado si no se dota de recursos para garantizar su cumplimiento" y ha recriminado que se ponga el foco en las sanciones a los vecinos pero se deje de lado a las empresas concesionarias. Además, también ha recirminado que no se promuevan todavía "incentivos reales" para incrementar el reciclaje, "aunque se han dado pasos en este sentido". De igual modo, ha considerado que el régimen sancionador es "injusto" y "recaudatorio" en la medida en que no se promueve la concienciación en la medida necesaria. "Este sistema sancionador va a afectar a los sectores más vulnerables que no tienen los medios para cumplir lo que el ayuntamiento no facilita", ha insistido. Y, por último, ha recalcado la falta de inspectores municipales encargados de velar por la eficacia de la ordenanza, al margen de recriminar que no se haya dado pie a la participación pública en su elaboración.

Por Compromís, su portavoz municipal, Rafa Mas, ha anticipado que no se podía respaldar la ordenanza cuando el 80% de la anterior "no se cumplía". Además, ha apuntado que su actualización (el texto sustituye al de 2016) coincide con "el malestar de los trabajadores por el recorte de sus sueldos" y con la puesta en marcha de la comisión que debe auditar el servicio, constituida a propuesta de la coalición valencianista. Además, ha abundado en las críticas sobre la falta de inspectores municipales. "Solo se cuenta con 5 y uno que está de baja, cuando prometieron ocho más", ha apuntado. Y ha lamentado que, a su juicio, tampoco se haya promovido el aumento de la plantilla de trabajadores del servicio de limpieza que se había anunciado. "No le vamos a blanquear, señor Villar", ha insistido. 

Por Vox, el edil Óscar Castillo, ha apuntado que la ordenanza suma el apoyo del PSOE "que no son sospechosos de negacionismo climático" y ha considerado que la ordenanza trata de mejorar "la limpieza y la convivencia en la ciudad" con medidas como el incremento de las sanciones sobre los comportamientos incívicos. Y por el PSOE, el edil Raúl Ruiz ha defendido su respaldo a la propuesta, a pesar de que haya coincidido en la necesidad de reforzar los medios de inspección. En este sentido, ha considerado que, tras la aprobación de la ordenanza, en la que se incorporan propuestas de su formación, el único responsable de que "la ciudad esté sucia será usted, señor Villar", en la medida en que sería el responsable de procurar los medios necesarios para su cumplimiento. Así, se ha referido, por ejemplo, a casos concretos como la retirada de "cartelería fascista", acordada este miércoles, para lo que ha solicitado que se sancione a las Juventudes Falangistas por su instalación.

En el turno de réplica, Copé ha apuntado a la desigualdad en la prestación del servicio de limpieza en los barrios, al señalar que en algunos se presta con mayor intensidad que en otros, y ha considerado que la regulación propuesta es insuficiente y que descarga la responsabilidad en la ciudadanía, sin promover una concienciación alternativa. "Por eso votamos que no al maquillaje político y a la falta de participación" que, según ha recalcado, se ha registrado durante su elaboración. Mas ha explicado que Compromís apoya las ordenanzas cuando van de la mano de los colectivos, tras aludir a los casos de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública. Así, se ha cuestionado con quién habían concertado la elaboración de esta nueva regulación y ha insistido en la falta de inspectores municipales, que deriva en la baja aplicación de sanciones. Castillo ha señalado que Vox había solicitado que se reforzase la concienciación con campañas en los colegios, por ejemplo. Y Ruiz ha destacado que la ordenanza es fundamental para evitar las conductas incívicas y que su aprobación permite "dejar sin excusas" y sin "coartadas" al equipo de gobierno. Por último, Villar ha cerrado el debate para insistir en la labor de concienciación. Y sobre la cartelería fascista, ha asegurado que se limpian todas. Además, respecto a la participación pública, ha incidido en que sí se realizó una consulta pública previa. En el momento de la votación, la ordenanza ha sumado 25 votos a favor (PP, PSOE y Vox) y tres en contra (los de Compromís y Esquerra Unida Podem).

Otro cambio sobre las cuentas de 2024 

De igual modo, con antelación, el pleno de la corporación ha aprobado la primera modificación de crédito del presupuesto prorrogado de 2024 por un importe de 1,6 millones con el fin de dotar de fondos para la adquisición de maquinaria del centro de tratamiento de residuos destinada a la implantación de una línea de tratamiento de bioresiduos con la que se pretende generar compost a partir de los desechos orgánicos depositados en el contenedor marrón, como ha defendido el edil de Hacienda, Toni Gallego, durante la presentación del acuerdo.

En el turno de intervenciones, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que existe un déficit de gestión en el tratamiento de los residuos y en la explotación del vertedero, tras advertir sobre la colmatación de las celdas de vertido, y ha considerado que la propuesta planteada "es un despropósito financiero" después de que se haya "renunciado" a parte de la subvención europea concedida para la ejecución del proyecto. Además, también se ha referido a la investigación abierta por la Fiscalía de Medio Ambiente respecto a la gestión de la planta de residuos de Fontcalent. Y ha considerado que la modificación presupuestaria es "una improvisación" que "agrava" el déficit de funcionamiento de las instalaciones. De ahí que haya confirmado su voto en contra de la propuesta.

De igual modo, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha revisado las cuatro modificaciones presupuestarias previas, aprobadas en 2024, para deslegitimar sus fines, desde la retirada de fondos de Recursos Humanos para incrementar los fondos para Fiestas, según ha apuntado, hasta la cuarta que, según ha sostenido, ha servido para concertar nuevos contratos con empresas sujetas a investigaciones judiciales, en alusión a los 1,5 millones en ayudas asignadas a los damnificados por la Dana de Valencia. Además, ha considerado que no podía respaldarse una modificación de crédito destinada a seguir sufragando un sistema de gestión inadecuado al incidir en que la recogida de residuos orgánicos (los restos de comida) no funciona de manera correcta. De igual modo, ha instado a Gallego a precisar cuántos inspectores municipales han visitado las instalaciones del centro de tratamiento de residuos en la última semana.

Por Vox, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha reiterado que respaldaría la propuesta, aunque no compartía la justificación que se había conferido para el impulso de la modificación de crédito, en referencia a la lucha contra el cambio climático pretendida con la reutilización de los residuos orgánicos como compost para la agricultura. 

Por último, la edil del PSOE, Silvia Castell, ha denunciado que la modificación de crédito esconde "otra renuncia" a una subvención europea de más de 800.000 euros tras el "recorte" del proyecto original. Además, ha apuntado que el presupuesto de 2025, ahora pendiente de aprobación definitiva, no reserva tampoco los fondos necesarios para completar la financiación del conjunto del proyecto de mejora de las instalaciones del centro de tratamiento de residuos y ha criticado que la modificación de crédito supone la renuncia a cerca de 500.000 euros destinados para la ejecución de la pasarela ciclopeatonal a Urbanova.

En el turno de réplica, Mas ha incidido en sus críticas a los cambios contables, ha vuelto a instar a Gallego a precisar cuantos de los cinco inspectores municipales de la limpieza han visitado el vertedero y ha vuelto a criticar el sistema de recogida selectiva en origen para señalar que "no vamos a avalar" ese funcionamiento con esta modificación de crédito con el incremento de fondos cuando está a punto de vencer la última prórroga en el contrato de explotación del vertedero, gestionado por UTE Alicante. Por parte del equipo de gobierno, la contestación ha llegado de la mano del vicealcalde y edil de Limpieza y Gestión de Residuos, Manuel Villar, quien ha defendido la labor desarrollada en el centro de tratamiento tras señalar que es el mismo jefe de servicio quien visita la planta de tratamiento de forma semanal. Así, en el turno de votación, la propuesta ha quedado aprobada con los votos de PP y Vox (la suma de 17 concejales, ante la baja de la edil de Cultura, Nayma Beldjilali), frente a los 11 votos en contra de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

De igual modo, durante la sesión se ha aprobado la modificación puntual número 45 con la que se prevé la recalificación de suelo no urbanizable para la instalación de un depósito de agua de 20.000 metros cúbicos en la paraje de Montepino, en Orgegia, con el fin de garantizar el abastecimiento del distrito de Playa de San Juan en periodos de consumos máximos, según ha defendido la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, al exponer el objetivo del acuerdo. En el turno de intervenciones, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha planteado sus dudas sobre la conveniencia de esas instalaciones en ese emplazamiento, que cuenta con el rechazo de los vecinos del entorno, aunque ha reconocido la necesidad de mejorar las condiciones de abastecimiento. Así, en último término, ha apuntado que se abstendría hasta conocer los informes definitivos de la Conselleria de Medio Ambiente. Por Vox, su portavoz municipal, Carmen Robledillo, se ha limitado a apuntar que la modificación puntual resultaba necesaria. Y ya en la réplica, Gómez ha reiterado que la aprobación definitiva corresponde a la Conselleria de Medio Ambiente por lo que se emitirá el informe apuntado por Copé. Así, el acuerdo ha prosperado con los votos a favor de PP, Vox y Compromís, y las nueve abstenciones de los concejales de PSOE y Esquerra Unida Podem.

Además, el pleno ha aprobado la designación de los concejales que ejercerán como síndicos en el protocolo de apertura del camarín de la Santa Faz, sin turno de intervenciones. Y también se ha validado la propuesta de externalización del servicio de suministro, mantenimiento y publicidad exterior de los paneles de información de las marquesinas de las paradas del transporte público urbano en autobús. El edil de Transportes, Carlos de Juan, ha justificado la necesidad de ese modelo de gestión indirecta y ha respondido al reproche apuntado por el edil socialista Raúl Ruiz, al asegurar que los problemas de compatibilidad de esos paneles con el sistema de gestión e información del servicio de transporte público en autobús quedará solventado con el nuevo contrato. La iniciativa ha quedado aprobada con el voto a favor de PP y Vox y las abstenciones de PSOE y Compromís, mientras que Esquerra Unida Podem ha votado en contra.

Asimismo, ha prosperado por unanimidad la propuesta de adhesión a la Red de Gobernanza Participativa Municipal en la Comunitat Valenciana promovida por el equipo de gobierno a pesar de que los representantes del eje progresista hayan recriminado la falta de participación que, a su juicio, caracterizaría la gestión municipal. En esta línea, tanto Copé como Mas han señalado que no se tiene en cuenta la opinión de la ciudadanía al no convocarse los consejos de participación, ni tener en cuenta la opinión de las Juntas de Distrito, tras traer a colación la solicitud de dimisión del edil de Partidas Rurales, Carlos de Juan, promovida en la última reunión de la Junta de Distrito número 5. Así, ambos han apostado por promover la cogobernanza.

Por su parte, Ortolá ha recriminado a Mas que se arrogue el papel de representante de "la voz del pueblo". Y por el PSOE, Victoria Melgosa ha coincidido con Compromís y Esquerra Unida Podem al sostener que el PP no tiene en cuenta los órganos de participación como el consejo local de participación, "que no se han convocado prácticamente en dos años de mandato". Además, ha reprochado que tampoco se facilite la participación política en la medida en que no se atiende las solicitudes de información registradas por los propios concejales de la oposición y ha incidido en que las decisiones "se toman en un despacho" sin escuchar a los ciudadanos.

En la réplica, Mas ha incidido en que las sesiones de las Juntas de Distrito "están pasteleadas por los concejales que las presiden", en la medida en que se desarrollan con los acuerdos ya adoptados, "sin que se dé cuenta de los proyectos que se presentan durante años y siguen sin ejecutarse". Ortolá ha coincidido en la necesidad de que se promueva el reglamento de participación ciudadana al que se trató de dar curso durante el pasado mandato. Y Melgosa ha incidido en la necesidad de que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos, sin que baste firmar un documento de adhesión a una red. Así, ha emplazado al PP a convocar los consejos locales y a que procuren transparencia. Por último, la edil de Participación Ciudadana, Cristina García, ha reprochado a los concejales del eje progresista que, en su opinión, no sean consecuentes con sus discursos.