ALICANTE. Propuesta cerrada. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), completa la definición de su propuesta técnica para extender también a los bloques turísticos (edificios completos) la suspensión de licencias que se acordó el pasado diciembre, entonces limitada para viviendas de uso turístico (VUT) aisladas, con la intención de someterla a debate y votación en el próximo pleno.

Lo cierto es que, en gran medida, el planteamiento se ciñe a la información anticipada hasta el momento. En primer término, en el caso de que el acuerdo prospere -como parece probable-, la moratoria para el otorganimiento de permisos de actividad que amparen la puesta en funcionamiento de apartamentos turísticos en edificios completos también permanecerá en vigor durante un plazo máximo de dos años, que comienza a contabilizarse a partir del pasado 13 de enero (cuando entró en vigor la suspensión original). Y en segundo lugar, la propuesta detalla que ese bloqueo afectará únicamente a las solicitudes que se planteen a partir del día siguiente de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV), lo que conlleva que podrán seguir autorizándose todas las peticiones que ya estén en fase de evaluación o que puedan registrarse hasta ese momento. Es decir, que podrán presentarse nuevas solicitudes admisibles en un margen aproximado de un mes más desde la fecha actual.

Ahora bien, el planteamiento trazado por la Concejalía de Urbanismo sí incluye una novedad adicional: la incorporación de otras dos modalidades de alojamiento a las que no se había aludido hasta ahora. Se trata de las pensiones y de los hostels o albergues turísticos, dado que se habría constatado que esas dos alternativas -no afectadas por la moratoria aprobada en diciembre- podrían dar pie a la generación de bloques turísticos por la puerta de atrás. "Se ha constatado que la modalidad consistente en pensiones, que en la Comunitat Valenciana se clasifican como establecimientos hoteleros junto a hoteles y hostales, podría ser empleada para registrar alojamientos turísticos encubiertos", apunta el informe.

Con todo, quizá uno de los elementos que pueda resultar más llamativo por el carácter inédito del argumento respecto al posicionamiento que el equipo de gobierno ha venido manteniendo hasta ahora tiene que ver precisamente con su justificación. El acuerdo se basa en un informe elaborado por el departamento de Urbanismo en el que no solo se alude al crecimiento experimentado por el sector a partir de 2018, que habría permitido contabilizar hasta 83 bloques turísticos con 2.390 plazas, frente a los 5 con 573 que existían hace siete años, según el informe (aunque el registro de Turisme Comunitat Valenciana cifra en 91 los bloques existentes en la actualidad). Al tiempo, también se añade que se habría podido constatar la presión que la proliferación de los bloques turísticos estaría ejerciendo sobre el mercado de la vivienda, al limitar el desarrollo de proyectos de edificación de uso estrictamente residencial toda vez que se estaría apostando por otras opciones lucrativas como la del desarrollo de inmuebles destinados a tener un uso como alojamiento turístico.

"Prevenir impactos urbanísticos negativos"

En este sentido, la propuesta de acuerdo -que quedará sometido a un primer dictamen en comisión informativa de Urbanismo el próximo miércoles, día 16- señala que el objetivo a perseguir con la extensión de la moratoria es "prevenir impactos urbanísticos negativos mientras se lleva a cabo un estudio minucioso de la situación a fin de la futura regulación en el planeamiento" que permita ordenar las condiciones de disposición tanto de las VUT como de los bloques completos. Hasta el momento, se ha señalado que se aspira a plantear una regulación zonificada por barrios. De hecho, el alcalde, Luis Barcala, ha aludido este mismo viernes -antes de que trascendiese el alcance de la propuesta- al ejemplo seguido en la ciudad de Málaga, en el que, el pasado diciembre, se acordó la suspensión de licencias para VUT y bloques turísticos en 43 barrios.

Lo cierto es que el informe técnico en el que se fundamenta la propuesta también señala algunos de los aspectos positivos asociados a la actividad de los bloques turísticos. No obstante, se concluye que sus efectos nocivos son superiores hasta que su implantación pueda racionalizarse. En concreto, el dictamen señala que "si bien la actividad turística genera efectos positivos sobre la economía local -como la dinamización de sectores productivos y la creación de empleo-, el incremento de determinadas modalidades de alojamiento turístico, especialmente los bloques de apartamentos turísticos, plantea importantes desafíos para el modelo urbano. En particular, este crecimiento afecta al equilibrio entre el uso residencial del suelo y los usos turísticos intensivos, comprometiendo la capacidad del municipio para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, convivencia y sostenibilidad urbana".

En este sentido, el informe enumera hasta tres efectos perniciosos concretos, que se resumen en la merma de posibilidades para la construcción de vivienda residencial en el núcleo urbano; el incremento de recursos necesarios para la cobertura de servicios públicos; y la generación de problemas de convivencia en entornos vecinales. Respecto al primer punto, el informe alude a la "alteración del uso característico del suelo residencial, debido a la progresiva implantación intensiva de alojamientos turísticos en bloques completos. Esta transformación conlleva una mutación funcional del tejido urbano, en el que el uso residencial permanente se ve desplazado por usos turísticos de carácter lucrativo. Como consecuencia, se produce una reducción efectiva del suelo destinado a residencia habitual, lo que compromete la disponibilidad de vivienda para la población local. Esta situación requiere de un análisis detallado, estudio urbanístico específico y una regulación clara sobre la compatibilidad, implantación y límites de este tipo de usos en suelo urbano residencial".

En lo que se refiere al segundo aspecto, apunta que tanto las VUT como los bloques turísticos conllevan una "mayor presión sobre los servicios y suministros públicos (agua potable, electricidad, saneamiento), derivada de la ocupación intensiva de estos inmuebles con fines turísticos. Un bloque turístico suele operar con índices de ocupación considerablemente superiores a los de una vivienda habitual, lo que incrementa de forma significativa el consumo de agua y energía por unidad residencial. Estudios recientes indican, por ejemplo, un consumo promedio de 443 litros de agua al día por vivienda turística (equivalente a 111 L/huésped/día), cifra que supera ampliamente los patrones residenciales convencionales y que, agregada a escala urbana, eleva sustancialmente la presión sobre los recursos hídricos y energéticos, especialmente en zonas con alta densidad de alojamientos temporales".

Y sobre el tercer punto, subraya que su incremento conlleva la "transformación de los barrios y pérdida de identidad vecinal, junto con un aumento de las molestias derivadas del uso turístico intensivo de los inmuebles. La alta rotación de visitantes y la creciente afluencia de personas que ocupan temporalmente estos espacios genera un incremento del ruido, de la celebración de fiestas, una mayor percepción de inseguridad y una elevada concentración de personas en determinadas áreas de la ciudad. Todo ello incide negativamente en la calidad de vida del vecindario residente y puede generar conflictos en la movilidad urbana y en el uso compartido del espacio público".

Por todo ello, el informe concluye que "en definitiva, se considera proporcionado y jurídicamente viable que el Ayuntamiento de Alicante impulse la modificación del acuerdo de suspensión vigente, o, en su caso, una nueva regulación urbanística, que incorpore esta ampliación de alcance conforme al marco normativo autonómico, con el objetivo de garantizar una planificación territorial coherente, equilibrada y alineada con los principios del interés general".

Apoyos aún imprecisos

Está por ver si la propuesta acaba sumando la mayoría necesaria para que el acuerdo pueda quedar aprobado en pleno. Hasta el momento, PSOE y Vox, los dos grupos políticos que ejercen funciones de oposición que secundaron la moratoria inicial, el pasado diciembre, han venido mostrando sus dudas respecto al nuevo planteamiento hasta poder conocer su contenido y alcance. Vox incluso había solicitado la celebración de una reunión informativa con la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, para consultar los pormenores del planteamiento, que no consta que se haya llegado a desarrollar. Y el PSOE, como mínimo, ha mantenido sus críticas respecto al proceder del PP. Su portavoz adjunta, Trini Amorós, ha valorado este viernes que la iniciativa "es la constatación de la inexistente gestión de Barcala en materia de vivienda". "Hace meses que el grupo socialista propuso realizar un estudio para analizar qué barrios registran una alta concentración de apartamentos turísticos y, de esta manera, adoptar medidas concretas y regular la situación a través de una normativa municipal. Barcala rechazó nuestra propuesta y ahora se ha visto obligado a actuar a golpe de titular, pero ha sido incapaz de anticiparse a los problemas".

Así, ha considerado que "se trata de una medida que llega tarde para tratar de garantizar el equilibrio entre vivienda residencial y de alojamiento turístico". Y ha añadido que "en cualquier caso, no será posible revertir la situación si no se dotan más medios para detectar los alojamientos ilegales, si no se asumen ya las competencias para controlar y sancionar, como ha hecho Benidorm, y si no se desarrollan políticas para facilitar la construcción de vivienda pública asequible. La ley dice que se puede obligar a los propietarios de determinados solares a  construir viviendas, pero no se ha hecho nada, al igual que no ha incentivado que se ponga en alquiler la vivienda vacía que existe en la ciudad", ha concluido.