ALICANTE. No hay marcha atrás. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), mantiene su intención de extender la suspensión de licencias para viviendas turísticas aisladas (VUT) aprobada el pasado diciembre también a los proyectos sobre edificios completos (bloques) a pesar del rechazo manifestado por las dos principales agrupaciones empresariales del sector: la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la provincia de Alicante (APHA) y la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunitat Valenciana (APTUR CV). Los populares siguen perfilando la propuesta con el objetivo de someterla a debate y votación en el pleno ordinario de julio, el próximo día 31, a pesar de que las dos asociaciones han coincidido en tildar la iniciativa de desproporcionada e injustificada, como ya sucedió cuando se aprobó la moratoria inicial, limitada única y exclusivamente sobre las VUT, tras poner en valor su papel dinamizador de los barrios, y la inversión en rehabilitación arquitectónica y mejora de la escena urbana.
Con todo, el equipo de gobierno sí manejaría elementos de juicio que motivarían la necesidad de adoptar esa decisión: haber tenido constancia de perspectivas del registro a corto y medio plazo de una lluvia de peticiones de permisos para el desarrollo de nuevos proyectos de bloques turísticos. De este modo, se habría considerado oportuno modificar el acuerdo que se adoptó en diciembre para ampliarlo también a las propuestas de alojamieinto sobre edificios completos con el propósito de poder abordar una regulación urbanística zonificada, en el marco de la redacción del nuevo Plan General Estructural (PGE), ahora en trámite. Máxime, a la vista de que ya se contaría con un censo de 91 bloques turísticos en funcionamiento (la ciudad de València cuenta con 34 y Benidorm, con 52), de los que más de la mitad (53) se habrían puesto en marcha en dos años y medio: 16 en 2023, 25 en 2024 y 12 de enero a junio de este 2025, según precisaron fuentes municipales cuando trascendió la propuesta de extensión de la moratoria para que tuviese aplicación sobre los bloques. Todo, al margen de los 3.074 pisos turísticos aislados incluidos en el registro autonómico de la Turisme Comunitat Valenciana (València cuenta con 5.925, y Benidorm, con 5.525).
De ahí que se abogue por frenar el proceso para repensar y ordenar el desarrollo del sector con una medida que, en todo caso, no afectaría a los proyectos ya registrados que estén en trámite de resolución de solicitud de permiso, según la información que se ha venido trasladando hasta el momento. Eso sí, los pormenores del acuerdo siguen en fase de estudio por parte de la Concejalía de Urbanismo, según concretaron este martes los coportavoces del equipo de gobierno, Cristina Cutanda y Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta Local. Todo parece indicar que los detalles definitivos del alcance de la medida no se darán a conocer hasta que se someta a un primer dictamen político con la convocatoria de la comisión informativa de Urbanismo previa al pleno.
Reflexión política
Sea como fuere, lo cierto es que la vigencia de esa vuelta de tuerca adicional sobre el sector de los alojamientos turísticos todavía no estaría garantizada. Los dos partidos que ejercen funciones de oposición que secundaron el veto a nuevas licencias para VUT en diciembre -Vox y PSOE- siguen sin decidir cuál será el sentido de su voto en el momento en el que el PP pueda formular su planteamiento definitivo al no conocer cuál será el contenido concreto de esa medida. Así lo confirmaron este martes sus respectivas portavoces municipales, Carmen Robledillo y Ana Barceló, a consulta de Alicante Plaza. De hecho, Robledillo insistió en que su partido exigió una reunión con la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, para conocer los detalles de la medida que todavía no se ha podido celebrar por motivos de agenda, por lo que mantuvo sus dudas respecto a los beneficios que podría conllevar ese veto adicional. Barceló, por su parte, se limitó a señalar que el PSOE no podía fijar su posición hasta conocer la propuesta concreta. "No nos fiamos de lo que nos puedan presentar", apuntó.
Por su parte, el grupo municipal de Compromís -que se abstuvo en la votación de diciembre- estaría sopesando la posibilidad de plantear la adopción de medidas adicionales como condición para respaldar la propuesta, como el impulso de la asunción de competencias para poder inspeccionar y sancionar los pisos turísticos alegales o el refuerzo de la plantilla de inspectores para desplegar esa labor de control y vigilancia. Por el momento, el equipo de gobierno aprobó este martes la convocatoria del proceso para nombrar a un jefe de servicio del departamento de Inspecciones, Sanciones y Conservación de inmuebles con el que se pretendería mejorar esa tarea de coordinación y supervisión del conjunto de licencias urbanísticas concedidas por el ayuntamiento, como avanzó este diario.
Por último, está por ver cuál puede ser la opción por la que abogue el grupo municipal de Esquerra Unida Podem, que también se abstuvo en el pleno de diciembre, toda vez que, previsiblemente, el voto de su portavoz y único representante, Manolo Copé, podría volver a contabilizarse como abstención al prolongarse su periodo de permiso por acogimiento familiar que ya llevó al secretario municipal a excluir su participación en el pleno de junio tras interpretar que esa situación era equiparable a una baja por paternidad. Por lo pronto, Copé ya ha registrado un contencioso frente a esa decisión en el que pide la nulidad de todos los acuerdos adoptados en la sesión. Y, además, también ha anticipado su intención de solicitar la suspensión cautelar de la sesión correspondiente al mes de julio, en el supuesto de que se pretenda impedir también su participación con voz y voto, lo que podría dejar en el aire el desarrollo del pleno, y el acuerdo sobre la moratoria a bloques turísticos.
