ALICANTE. El futuro del edificio del antiguo Hotel Palas quedará ligado, de nuevo, al Ayuntamiento de Alicante. Ese es, como mínimo, el propósito en el que trabaja el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a un mes de que venza la duración máxima del contrato de arrendamiento suscrito en 2013. En ese acuerdo, suscrito bajo el mandato de la popular Sonia Castedo, se preveía un plazo de vigencia inicial de cuatro años, con la posibilidad de que pudiese ser prorrogado anualmente hasta un límite de seis años más, como ha venido sucediendo hasta ahora, con fecha límite de 31 de diciembre de 2023.
Con todo, los departamentos de Alcaldía y Patrimonio, bajo las directrices de Luis Barcala y de la edil Rocío Gómez, ya han iniciado los trámites para negociar un nuevo acuerdo (que podría plasmarse por medio de otro contrato) con el propietario del edificio, la Cámara de Comercio, que podría tener al menos una duración provisional de otro año más. De este modo, se garantizaría que el inmueble situado entre la calle Cervantes y la Plaza de la Puerta del Mar siga albergando los servicios municipales a los que da cabida en la actualidad. Entre ellos, se incluye el Registro General y las oficinas centrales del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAIC), así como las dependencias de las concejalías de Turismo, Medio Ambiente, Recursos Humanos y Comercio, para los que no existiría ubicación alternativa disponible.
Fuentes municipales consultadas precisaron que el plazo de un año se considera razonable y lo suficientemente amplio como para que se despejen todas las variables de las que podría depender un acuerdo sobre la disponibilidad del edificio por un tiempo superior. Entre ellas, figuraría el desenlace de otros proyectos que la Cámara de Comercio ya habría comenzado a desplegar, como el Campus Cámara School en el centro empresarial Panoramis Business & Life, o el acuerdo anunciado este martes, en el transcurso de la Noche de la Economía, para instalar en la provincia un centro de excelencia en Formación Profesional.
En todo caso, en este momento se estaría valorando cuál podría ser el importe a satisfacer por esa nueva ocupación temporal del edificio, a cargo del Ayuntamiento, mientras se resuelven los planes diseñados por la entidad empresarial. Hasta el momento, el último importe fijado para la renta anual que debe abonar el Ayuntamiento asciende a 616.159,12 euros, mientras que en el conjunto de los diez años precedentes desde que se concertó el alquiler se habrían superado los 5,5 millones.
A partir de ahora, está por ver si el acuerdo colma las expectativas de la Cámara, como parece probable, toda vez que se aseguraría la disposición de un inquilino cómodo y que seguiría teniendo encaje como ejemplo de cooperación con la administración pública. Además, cualquier otro uso que se pudiese pretender dar al edificio debería superar el trámite consultivo previo ante la Generalitat.