ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante comienza a despejar el futuro en la gestión de los residuos y en la prestación del servicio de limpieza viaria. Después de licitar la gestión de tres nuevos ecoparques, a cambio de costear la construcción del primero de ellos, PP y Cs aprobaron este martes en Junta de Gobierno la convocatoria de un nuevo concurso para regular el servicio de recogida, depósito y eliminación de la fracción textil de los residuos municipales (básicamente, ropa y calzado). Lo hicieron, de nuevo, in extremis, a solo unos días de que expire la duración del último contrato transitorio concertado sobre la materia con la asociación Proyecto Lázaro el 4 de mayo de 2021, que ya tuvo que ampliarse por otros cuatro meses el pasado diciembre.
La nueva licitación se plantea, igualmente, como un contrato reservado a centros especiales de empleo e inserción social, o a empresas de inserción, y parte con una duración de cuatro años y un presupuesto de 681.146 euros en el que se aceptan propuestas a la baja. De este modo, el servicio vuelve a quedar separado del contrato de gestión de residuos general, pese a que se había llegado a barajar la posibilidad de que quedase integrado en el servicio global para evitar posibles disfunciones o hipotéticas situaciones de descoordinación. No obstante, como concretó el mismo edil de Limpieza, Manuel Villar, se acabó apostando por la opción de licitarlo de forma separada sujeto a la modalidad de contrato reservado para que la administración pudiese contribuir a la labor de integración social.
En principio, el concurso debería quedar resuelto "antes del verano", según indicó Villar. Ahora bien, ese plazo supone que la prestación quede en una situación de "cierta alegalidad" con la llegada del mes de mayo, ya que, a partir de entonces, no habrá ninguna empresa ni entidad habilitada por contrato para prestar el servicio de recogida de los residuos textiles. Esa situación conllevará que los contenedores distribuidos en la vía pública a lo largo de todo el término municipal queden sin ningún tipo de amparo administrativo, por lo que el equipo de gobierno deberá concretar cómo proceder respecto a ellos sin que se llegue a interrumpir la posibilidad de recogida separada de ese fracción del residuo.
Al tiempo, el mismo Villar avanzó que ya se había completado el proceso de tramitación y de recopilación de informes para poder licitar el servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos. De hecho, todo parece indicar que la convocatoria del concurso podría quedar aprobada en la Junta de Gobierno de la próxima semana, después de que el expediente haya superado todos los filtros de fiscalización en el departamento de Contratación, dos meses después de que se cerrase la redacción de sus pliegos, como informó este diario.
Hasta ahora, se ha concretado que el concurso se convocará por una duración de 8 años con un presupuesto estimado de 43,2 millones anuales: más de 346 millones en su cómputo global, en función de la estructura de costes ya avalada por la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana. Todo, después de que se incorporase el incremento de los gastos de personal respecto a los cálculos previstos inicialmente, en respuesta a la solicitud planteada por la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip).
De este modo, la licitación llegaría antes, incluso, de que se abordase la cuarta modificación del contrato actual anunciada por el equipo de gobierno con la intención de introducir la recogida selectiva del residuo orgánico (los restos de comida) e, incluso, de recuperar el cuarto turno de trabajo en la explotación de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent. Esa variación del servicio ha quedado aparcada de manera temporal, sin que se haya concretado ni su importe, ni cuándo podría llevarse a efecto. Entre tanto, el servicio sigue a cargo de UTE Alicante (compuesta por FCC, Cespa, Inusa y Grupo Cívica) en virtud de la prórroga de dos años de duración máxima que se concedió el pasado mes de agosto, sujeta a un posible vencimiento anterior en el supuesto de que lograse disponer de una nueva adjudicataria con antelación.
Con la aprobación de ese concurso, el bipartito todavía tendría que impulsar la licitación de la contrata de gestión de la planta de tratamiento: la que acumula un mayor retraso por la complejidad de las inversiones previstas en las instalaciones, de propiedad municipal. De hecho, en el proyecto de gestión ya aprobado se contemplan actuaciones de mejora por un importe de 71 millones. A priori, la convocatoria de ese tercer concurso podría estar lista antes de que finalice 2022, aunque no se ha concretado un calendario definitivo al respecto.
Entre tanto, sí se ha reactivado otro de los mecanismos de control contemplados en el contrato actual: la elaboración de una auditoría contable para analizar los flujos económicos de la prestación. El concurso para formalizar su contratación se aprobó a principios de abril con la intención de que se extendiese al análisis de los últimos cuatro años: 2019, 2020, 2021 y 2022. Y la convocatoria no parece que vaya a caer en saco roto, ya que, este martes, la Mesa de Contratación certificó la presentación de hasta diez ofertas distintas. Eso sí, los técnicos apreciaron que cinco de ellas podían incurrir en baja anormalmente desproporcionada, por lo que se acordó requerirles documentación acreditativa que justificase los precios propuestos.
Con la licitación de los servicios asociados a la gestión de residuos, el equipo de gobierno lograría desbloquear una de las principales contratas entre las que dependen del Ayuntamiento, al margen de otras prestaciones como la de la limpieza de colegios y edificios municipales, ya adjudicada a STV Gestión, o la del contrato de mantenimiento y conservación de zonas verdes, también en manos de esa misma compañía. No obstante, todavía quedaría por impulsar el concurso sobre el servicio de transporte urbano en autobús, que también permanece prorrogado con la misma concesionaria que lo ha venido asumiendo desde 1959: Masatusa, del grupo Vectalia. A priori, la nueva licitación debería activarse en el mes de junio, en función de las previsiones dadas a conocer este martes a los grupos políticos que ejercen funciones de oposición durante la reunión de la comisión de transportes.
El PSOE de Alicante ha reaccionado al respecto para señalar que "el contrato del transporte en autobús, llegaría al límite del plazo para la renovación y arriesgándose a perder las ayudas europeas vinculadas a las Zonas de Bajas Emisiones", según han precisado portavoces oficiales, a través de un comunicado. En esta línea, los socialistas inciden en que "el retraso, además, provoca que los alicantinos sigan sin beneficiarse de las mejoras del servicio. Se anunció para febrero, pero el Ayuntamiento no llegó a tiempo. Se retrasó a marzo, nada. Llegó abril, nada. Ahora, Barcala nos hace esperar al 15 de junio, límite del plazo. In extremis. O no trabaja o, como los malos estudiantes, lo deja todo para el último día", ha afirmado el secretario general, Miguel Millana.
En este sentido, el edil socialista y responsable de transportes, Manuel Martínez, ha añadido que "la incompetencia del Ayuntamiento con los autobuses de la ciudad ya les costó 24 millones de euros a los alicantinos, cuando en 2019 se renovó la prestación de servicio con una prórroga de dos años del contrato de ¡medio siglo! Barcala y su equipo tampoco fueron capaces de preparar a tiempo los pliegos para adjudicar la nueva concesión. No se sabe a qué se dedicaban en lugar de trabajar sobre el segundo contrato más caro de la ciudad, por detrás del servicio de recogida de basuras y limpiezas. Inexplicable e injustificable".