ALICANTE. El conflicto sobre la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes de Alicante volverá a quedar en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ya da por descartada la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial que permita concretar el importe de una posible compensación económica para resarcir a Geamur como fórmula alternativa para cumplir con la sentencia del alto tribunal autonómico a su favor.
En esa sentencia, ya confirmada por el Tribunal Supremo (TS), se conminaba al Ayuntamiento a retrotraer el proceso de licitación convocado en 2018 para volver a valorar al conjunto de las ofertas presentadas, incluida la de Geamur, después de que su propuesta quedase excluida por los técnicos de la Mesa de Contratación por un supuesto de baja temeraria no justificada.
Tanto el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), primero, como el TSJ, después, invalidaron esa conclusión, de modo que el Ayuntamiento queda ahora forzado a plantear una nueva clasificación de ofertas en la que Geamur partiría como previsible beneficiaria del contrato en la medida en que su propuesta -por un importe de 16,6 millones- había quedado reconocida como la más económica entre el conjunto de las ofertas concurrentes en el proceso de licitación.
El equipo de gobierno y representantes de Geamur llegaron a un primer principio de acuerdo por el que solicitaron al TSJ una prórroga sobre la ejecución de su sentencia con la intención de alcanzar una solución negociada, después de que los populares considerasen que no resultaba viable dar cumplimiento efectivo a esa resolución judicial en un momento en el que la vigencia inicial del contrato objeto del litigio ya ha expirado y se continúa prestando a través de una prórroga.
Además, se alegó que las condiciones del servicio actual -en manos de STV Gestión- no tenían nada que ver con la oferta que presentó Geamur, ya que se había ampliado la superficie de zonas verdes a cubrir y se había incrementado tanto el personal como el coste del servicio respecto a las cifras planteadas por la compañía. De ahí que se presentase la vía de la indemnización como solución alternativa.
Sin embargo, los planteamientos manifestados en las conversaciones mantenidas hasta ahora "hacen que sea prácticamente imposible que pueda existir ese acuerdo porque las posiciones están muy alejadas", según confirmó este martes el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, durante la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno.
En esta línea, señaló que "se siguen manteniendo conversaciones informales pero con poca confianza en que puedan producirse avances, por lo que será el TSJ quien decida cuál es el camino a seguir", explicó. De este modo, el alto tribunal deberá concretar si la sentencia es ejecutable en sus propios términos -con la reactivación del concurso de 2018, que concluyó con la adjudicación a STV Gestión- o si procede acordar la indemnización propuesta por el Ayuntamiento en un importe que deberá determinar el propio tribunal, lo que abrirá un plazo para puedan presentarse alegaciones.
Como ya ha informado este diario, en los encuentros de trabajo desarrollados hasta el momento entre el equipo de gobierno y responsables de Geamur, la compañía habría reivindicado que la compensación a percibir se ajustase a la cobertura del lucro cesante: es decir, el 6% del importe de licitación por el beneficio que habría obtenido en el caso de que hubiese resultado adjudicataria del contrato por el conjunto del periodo previsto de tres años de duración inicial y las dos prórrogas de un año cada una. Según fuentes consultadas, esa fórmula dejaría el importe de la posible compensación en una horquilla de entre 1,1 y 1,8 millones que llegaría prácticamente a doblar la cuantía de la propuesta planteada por los técnicos municipales.