Uno de los vehículos de la antigua concesionaria del servicio de mantenimiento de zonas verdes de Alicante.ALICANTE. La controversia suscitada en torno al concurso por la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes de Alicante sigue en pie sin que, por el momento, se haya podido cerrar un acuerdo extrajudicial que evite la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que conmina a retrotraer la licitación de 2019 al momento de la valoración de las ofertas presentadas, tras la readmisión de la propuesta de Geamur.
Por lo pronto, la compañía que asumió la contrata hasta ese momento continúa reclamando una compensación económica equivalente al lucro cesante que dejó de obtener al no resultar adjudicataria del nuevo servicio, después de que los técnicos de la Mesa de Contratación considerasen que su oferta -la mejor posicionada en cuanto a factor precio- incurría en una baja anormalmente desproporcionada no justificada y acordasen su exclusión del concurso.
Esa posición se mantiene después de que, este martes, se celebrase una nueva reunión con los representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante en la que se planteó una primera propuesta económica a modo de compensación por una cantidad basada en el beneficio económico que la compañía habría obtenido en el supuesto de haber asumido la prestación, cuyo importe no ha trascendido.
En todo caso, fuentes consultadas señalaron que ese importe es inferior al 6% del importe del contrato establecido para resarcir el lucro cesante tanto en la Ley de Contratos del Sector Público como en abundante jurisprudencia derivada de procesos por supuestos similares. Entre ellos, según fuentes consultadas, el derivado del concurso convocado en 2009 por la prestación del servicio de montaje de escenarios e infraestructuras para fiestas que se adjudicó a la empresa Isjoma y que el TSJ concluyó que debía haberse concedido a Montajes Alavés.
De ahí que, en ese último encuentro de este martes, Geamur manifestase el rechazo a ese planteamiento con la confianza en que el equipo de gobierno pueda formular una nueva propuesta ajustada a ese porcentaje en el transcurso de un nuevo encuentro, después de que ambas partes -y también la actual empresa adjudicataria del servicio, STV Gestión- acordasen solicitar un aplazamiento de dos meses al TSJ antes de que se produjese el trámite de ejecución de sentencia para tratar de alcanzar una solución negociada.
Ese plazo de suspensión de la ejecución vence a mediados de abril, por lo que todavía existiría un margen de un mes para que pudiese alcanzarse esa salida pactada. En caso contrario, según fuentes consultadas, la pretensión de Geamur es instar la ejecución de la sentencia a su favor para que sea el TSJ el que determine si la sentencia es ejecutable en sus propios términos, al contrario de lo que sostiene el Ayuntamiento, o si corresponde fijar una compensación económica que, según las mismas fuentes, podría quedar ajustada, precisamente, a la cobertura del lucro cesante.
