Alicante y Geamur negocian sobre la contrata de zonas verdes y piden dos meses para acatar al TSJ

ALICANTE. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que obliga a retrotraer el concurso sobre el servicio de mantenimiento de zonas verdes de Alicante, ya confirmada por el Tribunal Supremo (TS), abre un nuevo escenario en las relaciones entre el Ayuntamiento y la empresa Geamur, a la que el alto tribunal conmina a readmitir en la licitación convocada en 2020. Representantes del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y de la compañía han iniciado un proceso de negociación, con un primer encuentro celebrado el pasado viernes, en el que se trataría de encontrar la fórmula adecuada para dar cumplimiento a esa sentencia. 

A priori, esa fórmula podría quedar ajustada al posible pago de una compensación económica, en función de la propuesta alternativa de ejecución de sentencia planteada por los servicios jurídicos municipales al TSJ hace menos de una semana, al considerar que retrotraer el concurso al momento de valoración de las ofertas para volver a elegir a un nuevo adjudicatario resulta inviable en un momento en el que la duración inicial del contrato ya se ha extinguido (en la actualidad el servicio se presta tras la concesión de una primera prórroga de un año de duración). 

Y, además, esa imposibilidad queda reforzada si se considera que las condiciones económicas y el alcance del servicio no tienen nada que ver con las previstas en la oferta con la que Geamur y el resto de compañías concurrieron a la licitación.

Entre otros puntos, se ha producido hasta dos modificaciones del contrato que presta la empresa STV Gestión (a la que se le concedió el servicio en 2020) que prácticamente han duplicado el precio anual del servicio al pasar de 4 a cerca de 8 millones tras la incorporación de un 30% más de zonas verdes y de un 20% de arbolado respecto a las que quedaban contempladas en el pliego de condiciones redactado hace cuatro años.

En esta línea, el Ayuntamiento de Alicante, Geamur y STV Gestión han registrado este martes un escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ en la que solicitan que se acuerde una ampliación del plazo de cinco días que se había facilitado para la presentación de alegaciones respecto a la propuesta de ejecución de sentencia elevada por el Ayuntamiento con el fin de intentar un acuerdo consensuado respecto a cómo cumplir ese fallo. En concreto, las tres partes demandan que ese plazo se amplíe hasta una duración de dos meses con el objetivo de intentar ese pretendido pacto sobre cómo dar cumplimiento a esa sentencia "de forma satisfactoria" para todas ellas.

Lo cierto es que ese escrito, y el mismo hecho de que se haya producido un primer encuentro entre representantes municipales y responsables de Geamur, abre la vía para que pueda concretarse la hipotética compensación económica planteada por el ayuntamiento, a pesar de que, de partida, la empresa había trasladado su pretensión de solicitar una nueva valoración de las ofertas presentadas al concurso con la expectativa de resultar adjudicataria y de poder ejecutar el contrato (de tres años de duración), en su integridad.