El alcalde, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, en un pleno, ante la mirada de los ediles del PSPV, en imagen de archivo.ALICANTE. Los contratos del Ayuntamiento de Alicante vinculados a la prestación de servicios de limpieza vuelven a copar el protagonismo en el debate político municipal. En concreto, por lo que concierne a la limpieza de colegios y edificios municipales y a la limpieza viaria y recogida de residuos: precisamente, dos de los servicios que conllevan mayor gasto municipal. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves la constitución de dos comisiones específicas para analizar el cumplimiento de esos dos contratos a instancias de sendas propuestas presentadas por el PSPV-PSOE y por Compromís.
Por partes. La primera comisión, aprobada por unanimidad, se encargará de fiscalizar la labor desarrollada por la concesionaria del contrato de limpieza de colegios, en manos de UTE Limpal (compuesta por Clece y Fissa). La edil socialista Llanos Cano, que ha defendido la propuesta, ha señalado que desde el verano de 2018 se tiene constancia de las quejas manifestadas por los responsables de los centros escolares sobre la calidad de la prestación del servicio y ha recordado que el anterior equipo de Gobierno, compuesto por el PP en solitario, anunció la apertura de un expediente de investigación para evaluar la existencia de esas posibles deficiencias e incumplimientos "sin que se haya dado a conocer sus conclusiones".
Así, ha abundado en que el PSPV-PSOE ha recibido denuncias de hasta 23 centros escolares, además del testimonio ofrecido por representantes del comité de empresa sobre las presuntas carencias en maquinaria y el recorte de horas de prestación, por lo que ha defendido la necesidad de que se constituya una comisión para el estudio del cumplimiento del contrato.
El portavoz municipal de Vox, Mario Ortolà, ha señalado que también tenía constancia de esas deficiencias manifestadas por los padres, por lo que ha anticipado su apoyo a la propuesta. Con todo, no ha dejado de recordar al PSPV-PSOE que durante su etapa de gobierno también se pusieron de manifiesto esas deficiencias. En esta línea, ha defendido la "necesidad de que exista transparencia en todos los contratos públicos".
El líder de Compromís, Natxo Bellido, también ha confirmado el voto favorable de la coalición a la propuesta al considerarla justificada. "No es la primera vez que se debate sobre esa contrata, ni tampoco la primera ocasión en la que se reclama información sin que se nos haya dado respuesta", ha incidido. "Parece que no se está cumpliendo el pliego de condiciones y el equipo de Gobierno da la callada por respuesta", ha apuntado.
La edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, también ha anticipado su voto favorable, a la vista de las quejas también recibidas por su grupo municipal. El edil de Ciudadanos (Cs), Antonio Manresa, ha manifestado su apoyo a la propuesta, aunque ha señalado que los posibles problemas que puedan existir en la prestación del servicio deriva del pliego de condiciones que se elaboró durante la etapa de gobierno del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís), al recordar que en ese concurso se primó el criterio objetivo del precio. Así, ha apuntado la necesidad de que se fiscalice el servicio en todos sus antecedentes.
El edil de Infraestructuras, el popular José Ramón González, también ha dado su respaldo a la propuesta, aunque también ha reprochado a los partidos que formaron parte del tripartito que fueron ellos quienes elaboraron el pliego de condiciones, en el que se incluyó una cláusula para bonificar a las empresas que garantizasen la continuidad de la plantilla y, sin embargo, se acabó adjudicando a la única propuesta que no se adhirió a esa posibilidad. En todo caso, ha señalado que ya se había reunido con los inspectores del servicio y que disponía de un informe de evaluación que se expondrá en las reuniones de esa nueva comisión.
En el turno de réplica, Bellido ha matizado que el objeto de la comisión no es discutir si el pliego era o no mejorable, sino si se está cumpliendo o no. Y la edil socialista, Cano, ha añadido que el respaldo unánime demuestra que todos los grupos políticos están de acuerdo en que el pliego no se está cumpliendo y ha recalcado que el PP no puede saber si el pliego es o no adecuado "porque no se han preocupado de velar por su cumplimiento". González, por su parte, ha respondido que son los informes de los técnicos quienes deben evaluar si ese pliego se cumple o no.
Acto seguido, el pleno también ha debatido una segunda moción, presentada por Compromís, para que se constituya una nueva comisión específica para el estudio y análisis del contrato de la limpieza viaria y recogida de residuos. Y dicha propuesta también ha sido refrendada por unanimidad de los 29 concejales.
En la defensa de la propuesta, el portavoz de la coalición valencianista, Bellido, ha apuntado la comisión vuelve a ser necesaria ante la imagen de suciedad que presenta Alicante sin que el equipo de Gobierno del PP y Cs hayan tomado ninguna medida que sirva para mejorar su eficacia ni para garantizar el cumplimiento del contrato, en manos de UTE Alicante (FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica). Bellido ha recordado los "ataques" del PP en el pasado sobre el cumplimiento de ese contrato sin que hayan conseguido mejorar la situación ahora. Y se ha referido a las críticas lanzadas por Cs en el último tramo del mandato precedente cuando ahora guarda silencio.
El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha manifestado su apoyo a la propuesta aunque ha dicho no entender cómo Compromís y el resto de grupos de la izquierda pueden plantear una comisión sobre la limpieza teniendo en cuenta la labor que esos partidos desarrollaron durante el pasado mandato.
El líder de Unides Podem EU, Xavier López, también ha avanzado su respaldo a la moción, aunque ha recriminado que entre los objetivos de la comisión recogidos en la propuesta de Compromís no se haya planteado una hoja de ruta en la que "se pueda contemplar la remunicipalización del servicio".
La líder de Cs, Mari Carmen Sánchez, también ha manifestado su apoyo a la moción, para recalcar que su partido fue el que planteó más iniciativas en relación a la prestación del servicio durante el mandato precedente "aunque muchas de las cuales fueron rechazadas por el tripartito". Con todo, ha apuntado que ahora se está trabajando desde el equipo de Gobierno para revertir la situación "sin escándalos" y ha incidido en se están tomando medidas y se está trabajando en un nuevo pliego para licitar el servicio cuando se produzca su vencimiento, en el año 2021.
El portavoz socialista, Paco Sanguino, ha señalado que no se ha conocido ninguna propuesta de consenso por parte del equipo de Gobierno y, como Bellido y López, también ha recriminado que el edil de Limpieza, el popular Manuel Villar, calificase de "guarros" a los ciudadanos que mantenían comportamientos incívicos como depositar enseres y residuos fuera de los horarios establecidos. Así, en una intervención en la que ha tirado de ironía, ha instado al regidor a rectificar y a actuar para mejorar la calidad del servicio.
La bancada de los ediles del PP.Villar, por su parte, ha señalado que el PP también iba a aceptar la moción al considerar que la actitud parece constructiva. No obstante, ha señalado que la petición es "un tanto hipócrita porque todos tenemos pasado, como el señor Bellido, y ustedes no hicieron nada o poco". "Nosotros en tres meses lo que hemos hecho es cambiar el organigrama de la concejalía, hemos cambiado el sistema y la frecuencia de baldeos, hemos reforzado la inspección, somos los primeros desde 2015 que hemos planteado deducciones en los pagos a la contrata por incumplimientos y hemos implantado vigilancia policial", ha señalado. Además, también ha señalado que también se había encargado la auditoría económica del servicio. También ha apuntado que, en la planta de tratamiento de residuos, el principal problema no es la emisión de olores, sino la necesidad de que se construya la quinta celda que se paralizó durante la etapa de Gobierno del tripartito.
En la réplica, el líder de Vox ha apuntado que la gestión privada funciona mejor. Por el contrario, Bellido ha respondido a López que está dispuesto a plantear el estudio de la remunicipalización del servicio, aunque ha augurado que dada la posición del equipo de Gobierno "va a ser complicado". Además, se ha dirigido al bipartito para avanzar que Compromís estaría a su lado si se considera que los incumplimientos de la UTE son motivo suficiente para rescindir el contrato. Y, por último, ha reclamado que se arbitren mecanismos de participación ciudadana, en la línea de la autoenmienda que había formulado en el inicio del debate y que no había sido atendido al haberse registrado fuera de plazo.
López ha incidido en la necesidad de debatir sobre la remunicipalización y ha emplazado al PSPV-PSOE a pronunciarse. Sobre la postura de Vox, ha apuntado que la gestión privada no es la idónea, sobre todo cuando se demuestra que si no funciona se debe asumir inversión pública para su rescate. Y por último, ha reprochado a Cs su falta de implicación en este y en otros asuntos puesto que "no sabemos qué agenda tienen".
La portavoz de Cs, Sánchez, ha incidido en que el problema durante la etapa del tripartito era grave, en alusión a la presencia de "ratas", hasta el punto que ha manifestado que "cerca de mi casa había una a la que casi le pongo nombre". Además, por alusiones, ha replicado a López que "su agenda es conocida y que está enfocada a la agenda de citas sociales que también necesita de la presencia y el apoyo de los dirigentes de la ciudad".
Villar, por último, ha manifestado que "por el momento no se cree necesario la posibilidad de rescindir el contrato, en referencia a las palabras de Bellido. "Si el contrato se cumple, no es necesaria esa rescisión y en eso es en lo que estamos", ha añadido. Sobre la posible municipalización del servicio, ha replicado a López que no parece que el resto de grupos de la oposición esté por esa opción y le ha reprochado que vuelva a utilizar el mensaje de la participación de Ortiz en la contrata para asegurar que "las empresas de Ortiz nunca han ganado tanto dinero como durante la etapa del tripartito", en referencia a los servicios municipales que seguía gestionando con la duración de los preceptivos contratos ya vencidos. Y también se ha dirigido a Sanguino para asegurar que sus palabras sobre el comportamiento incívico al tildar de "guarros" a determinados ciudadanos no fue fruto de un calentón, sino que fue una cuestión premeditada en la medida en que "debemos de dejarnos de eufemismos y de hablar claro para que la gente lo entienda".
El pleno también ha aprobado el rechazo de la bonificación del impuesto de construcciones (ICIO) a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) por los trabajos de reforma de la planta baja de la terminal de cruceros de Alicante, en la que se encuentra una de las subsedes del Distrito Digital. El acuerdo, ya dictaminado en la comisión de Hacienda, se justifica en la medida en que la solicitud se presentó cuando las obras ya estaban iniciadas y ejecutadas, pese a que la ordenanza establece que las exenciones sólo pueden concederse cuando se piden con antelación.
En la sesión, también se ha planteado un ruego de Unides Podem EU para que el Ayuntamiento se sume a la plataforma de la Conselleria de Vivienda con la finalidad de convertirse en entidad tramitadora de las ayudas destinadas a emergencia habitacional. La edil de Acción Social, la popular Julia Llopis, ha respondido que esa propuesta, como otras que proceden del Consell del Botànic, suponen derivar el esfuerzo económico en contratación de personal en el Ayuntamiento.
Unides Podem EU también ha planteado un segundo ruego para que se incluya una partida presupuestaria para la demolición del denominado recinto de la vaquilla de El Moralet, en cumplimiento del acuerdo plenario adquirido por el ayuntamiento durante el pasado mandato. El edil de Infraestructuras, José Ramón González, por su parte, ha replicado que Unides Podem pide ahora una cuestión "que no ejecutaron en el pasado mandato" y ha añadido que "tienen a su alcance la posibilidad de presentar una propuesta en la negociación de los próximos presupuestos".
En el turno de preguntas, Unides Podem EU ha cuestionado sobre los trámites para el hermanamiento entre Alicante y Cardiff, ciudad de nacimiento del capitán del buque Stanbrook que partió del Puerto de Alicante con los últimos republicanos forzados al exilio. El edil de Cultura, Manresa, ha señalado que hasta ahora no se había dado ni un solo paso en su tramitación durante el mandato del tripartito.
En materia de Educación, el grupo municipal de Vox ha cuestionado sobre plazos de ejecución de la reforma del Colegio de Educación Especial Santo Ángel. La edil de Educación, Llopis, ha respondido que el expediente de contratación sobre esas obras se iba a aprobar la próxima semana y ha lamentado el retraso en la ejecución de ese y otros proyectos de centros educativos durante el pasado mandato.
El portavoz de Compromís, Bellido, también ha preguntado sobre cómo iba a producirse la elección del nuevo director del Teatro Principal, a partir de las diferentes posiciones manifestadas entre el concejal de Cultura, Manresa (Cs) y el alcalde, Luis Barcala, al término de la reunión de la última junta de propietarios de la sala.
El primer edil ha respondido que el equipo de Gobierno llevó a esa reunión la propuesta de que se produjese de manera directa a instancias del ayuntamiento. En esta línea, ha señalado que el edil de Cultura tenía una propuesta preparada con un perfil que se consideraba idóneo. Sin embargo, ha apuntado que en la reunión del consejo, la Generalitat planteó la propuesta de que se convocase un procedimiento abierto y que esa fórmula contó con el apoyo del Sabadell, el tercer copropietario del teatro. Así, al final se consensuó esa posición. Por ello, ha considerado que "si se emitió un comunicado de prensa en un momento extemporáneo con una posición distinta, está claro que fue un error de comunicación y así lo hemos explicado hasta ahora".
En el turno de debate de las declaraciones institucionales, se ha debatido la presentada de manera conjunta por PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís para que se acuerde la adhesión del Ayuntamiento de Alicante a la Red de Ciudades Libres del Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas destinados a la prostitución. La primera en intervenir en defensa de la propuesta ha sido la edil socialista Llanos Cano, quien ha apuntado al fenómeno de la prostitución como origen del problema. Así, ha alertado de los riesgos que supondría una hipotética legalización como si se tratase de un trabajo reglado, llevando su argumentación al terreno de la ironía y de la hipérbole para destacar el despropósito. En esta línea, ha subrayado que en ese supuesto de legalización, los macroburdeles deberían cumplir el cupo legal que se establece para todas las empresas y contratar también a un porcentaje mínimo de empleadas discapacitadas.
Tras la intervención de los tres grupos proponentes, el portavoz de Vox, Ortolá, ha manifestado la oposición de su partido a la prostitución y al proxenetismo y se ha referido a la propuesta de legalización que, ha dicho, ha tratado de impulsar Cs para el conjunto del Estado. Además, ha apuntado que, el pasado lunes, su grupo planteó en las Cortes, una propuesta "para trabajar con las fuerzas de seguridad del Estado y con las ONGs que se dedican al tema y también para trabajar en los aeropuertos, porque es el punto de entrada en el que estas mujeres vienen, muchas veces acompañadas de sus captores".
Además, a su juicio, el problema de la trata de blancas no se soluciona "colocando pancartas" ni aumentando las "ayudas públicas a asociaciones" con el posible detrimento del dinero destinado a las mujeres maltratadas. Así, ha señalado que su grupo no se iba a sumar a esa declaración institucional "porque es postureo". "El problema se establece estableciendo protocolos y soluciones concretas, como el endurecimiento de las penas a los proxenetas", ha señalado.
Con todo, la declaración institucional ha acabado prosperando con una holgada mayoría, de 27 concejales: todos excepto los dos ediles de Vox. Y ese es el mismo resultado con el que se ha aprobado la propuesta de declaración institucional conjunta impulsada por Compromís para declarar la situación de emergencia climática en Alicante y la necesidad de ejecutar medidas concretas para detener las acciones que provocan el cambio climático.
En el arranque del pleno, como suele ser habitual en el desarrollo de todas las sesiones ordinarias, se ha recordado a todas las mujeres fallecidas víctimas de la violencia de género desde el mes de julio y se ha guardado tres minutos de silencio. El alcalde, Luis Barcala, ha subrayado, tras dar lectura a la relación de casos, que gran parte de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia previa por lo que ha sugerido que el problema debe forzar la presentación de una declaración institucional para el próximo pleno para impulsar una campaña de concienciación al respecto.
El pleno también ha debatido una una propuesta de declaración institucional presentada por el PSPV-PSOE para que se realicen de manera urgente las obras de edificación del nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria La Almadraba para que se realicen de manera urgente las obras de edificación del nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria La Almadraba en una parcela anexa, para que, además, se pueda ampliar el Instituto de Educación Secundaria Radio Exterior. La portavoz adjunta del grupo socialista, Trini Amorós, ha apuntado que se trata de una propuesta con la que se pretende arbitrar una solución que agilice la ejecución de esas obras, a la vista de existe un contencioso interpuesto sobre la licitación del proyecto actual impulsado por la Conselleria de Educación junto a las instalaciones del Radio Exterior.
Los portavoces de Vox y de Compromís han avanzado su respaldo a la propuesta para atender las necesidades educativas de la zona de Playas. Y en parecidos términos se ha pronunciado la edil de Unidas Podemos, Romero, al lamentar que se haya cronificado la solución que se pretendía provisional, cuando se habilitaron parte de las aulas de La Almadraba en las instalaciones del IES Radio Exterior.
El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha señalado que existe un proyecto presentado por la Conselleria de Educación, con una petición de licencia para la construcción de la ampliación del colegio La Almadraba en una parcela del entorno del IES Radio Exterior, por lo que ha solicitado que se retire esa solicitud, que además está sujeta al contencioso presentado por la Asociación de Madres y Padres (AMPA) de La Almadraba.
En esta línea, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que se haya aceptado retirar el punto de la declaración en la que se preveía la incorporación del proyecto de construcción del nuevo colegio en el llamado Plan Edificant, al considerar que esa decisión habría supuesto el retraso de las obras. El regidor ha insistido en que el Plan Edificant es una propuesta del Consell ante su incapacidad de sacar adelante la construcción de los colegios, por lo que se ha felicitado de que se haya decidido plantear la incorporación al próximo Plan de Infraestructuras Educativas de la Generalitat. En cualquier caso, las obras serán financiadas igualmente por la administración autonómica. A cierre de debate, la declaración institucional ha sido aprobada por unanimidad. Y también se ha aprobado por unanimidad la declaración institucional presentada por Compromís para instar al Gobierno central a acelerar las obras del Corredor Mediterráneo, además de "un tercer hilo ferroviario entre La Encina y el Puerto de Alicante".
No obstante, el debate se ha tensado a la hora de abordar una declaración institucional presentada por Vox con la que trataba de instar al Consell a derogar la Ley 4/2018 por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano. El portavoz municipal del partido, Ortolá, ha sostenido que ese modelo podría ser propio de un régimen comunista o de un régimen nazi, y defendido la libertad de los padres para elegir la lengua vehicular que prefieran para la educación de sus hijos y ha rechazado cualquier imposición.
El portavoz de Compromís, Bellido, ha replicado que la propuesta "no sorprende porque ustedes son excluyentes y viven en un mundo diferente". En esta línea, ha señalado que el sistema permite que cada centro escolar elija su propio modelo sin imposiciones y ha apuntado que es un modelo similar al que existe en Galicia o el que pretende Cs para Cataluña. Así, ha añadido que su voluntad como padre "es que mis hijas aprendan cuantas más lenguas sea posible, mejor".
Su homólogo de Unides Podem, López, también ha adelantado su voto en contra de la declaración y ha defendido la libertad lingüistica. El edil socialista Manuel Marín ha reiterado que el modelo plurilingüismo refrendado por los tribunales respeta la libertad de elección de cada centro escolar y ha señalado que el objetivo del PSPV-PSOE es que los alumnos de la comunidad puedan conocer el castellano, el valenciano y el inglés cuando terminen el periodo de escolaridad y ha concluido arguyendo que este es el mejor modelo.
La edil de Educación, Llopis (PP), por su parte, ha criticado el sistema de plurilingüismo al considerar que ha generado confrontación. En este sentido, ha apuntado que "este no era el mejor medio para que se aumente el conocimiento del valenciano" y ha tildado el modelo de ejemplo de "sectarismo". Además, ha señalado que las personas que forman parte de los consejos escolares "son en su mayor parte empleados de la conselleria por lo que difícilmente puede existir libertad" a la hora de elegir el modelo de implantación del plurilingüismo.
El grupo municipal de Cs, por su parte, ha decidido no tomar parte en el debate y ha delegado la defensa de su posición en Llopis como representante del equipo de Gobierno. Así, a la hora de votar, Cs también se ha alineado junto a Vox y el PP. De este modo, la propuesta de partido de Santiago Abascal ha quedado aprobada por 16 votos a favor (9 del PP, 5 de Cs y 2 de Vox), frente a los 13 votos en contra de PSPV-PSOE (9), Unides Podem EU (2) y Compromís (2).
La votación de la última declaración institucional debatida en el pleno también ha deparado el mismo resultado: 16 síes por parte de PP, Cs y Vox, frente a 13 noes de PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís. Se trata de otra propuesta defendida por Vox para instar al Consell a eliminar las áreas de influencia para la elección de centro escolar, de modo que se vuelva a implantar el llamado distrito escolar. El portavoz de Vox ha admitido que la propuesta "no sirva para nada, puesto que el anterior equipo de Gobierno del PP ya lo intentó sin éxito", después de que la Conselleria de Educación resolviese que se trataba de una competencia autonómica.
No obstante, la discusión de la propuesta sí ha evidenciado las diferencias ideológicas entre los distintos grupos políticos. PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís han defendido que el sistema trata de evitar que los centros sean los que elijan a los alumnos, lo que, según han argumentado sus representantes, daría lugar a una exclusión elitista por parte de algunos de los centros de la enseñanza concertada, con la consiguiente formación de guetos. Además, han defendido que la zonificación en la adscripción de centros reduce desplazamientos de vehículos, lo que mejora la movilidad y reduce contaminación.
Por su parte, la edil de Educación, Llopis (que ha vuelto a intervenir en representación de PP y Cs) ha señalado que "la verdadera libertad es permitir la libre elección de centros para que los padres puedan escoger dónde quieren que estudien sus hijos por los motivos que sean".
