La portavoz del PP, Mari Carmen de España, junto al edil de Infraestructuras, Israel Cortés, en su comparecencia tras la Junta de Gobierno.ALICANTE. El Tribunal Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, acaba forzando al Ayuntamiento de Alicante a volver a sacar a concurso el servicio de Conservación Mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, tras anular el procedimiento anterior en respuesta al recurso presentado por la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde, que agrupa a varias de las principales compañías del sector.
En concreto, el órgano administrativo del ministerio declara nulo el punto 29 del pliego de cláusulas administrativas particulares, presentes en el lote I y lote II y que fue recurrido por dicha asociación. En dicho recurso, la agrupación empresarial solicitaba que se excluyese el requisito de tenencia de un sistema de gestión de calidad ambiental ISO 9001 o 14001.
A la vista de la resolución del tribunal administrativo, la Junta de Gobierno acordó este martes la anulación de las licitaciones sobre los dos primeros lotes y desistió de la tramitación del lote III "porque obligaría a abrir las plicas de las propuestas presentadas en aras a proteger el interés público de las empresas concurrentes", según explicaron fuentes municipales.
El concejal de Infraestructuras, Mantenimiento y Limpieza, el popular Israel Cortés, explicó, por su parte, que "los servicios técnicos de la concejalía y de Contratación corregirán este punto en el pliego de condiciones y se volverá a sacar a licitación el contrato a la mayor brevedad".
El Ayuntamiento aprobó en Junta de Gobierno Local el pasado 21 de diciembre iniciar el procedimiento abierto de licitación del contrato hasta 2021 por cerca de 22 millones. Dicho contrato se dividía en tres partes: jardines, espacios forestales y centros especiales de empleo. El plazo para la presentación de proposiciones finalizó el pasado 4 de marzo. No obstante, el proceso había quedado formalmente en suspenso a partir del 29 de enero, cuando trascendió que se había interpuesto un recurso contra el pliego.
Entre las novedades introducidas para el nuevo contrato, destaca la inclusión de todas las zonas verdes nuevas creadas en los últimos seis años, así como las zonas forestales urbanas y periurbanas, con lo que incorpora 25 operarios hasta llegar a un total de 130. También contempla la creación de una brigada específica para el arbolado y la renovación del control de riego para ahorrar un 30% de agua, entre otras mejoras.
El PP cambia al responsable de controlar el contrato del servicio de limpieza de colegios y edificios públicos municipales, ahora otra vez objeto de controversia
El equipo de Gobierno también acordó, por otra parte, un cambio de trascendencia por lo que respecta al control de otra de las grandes contratas municipales ahora otra vez en el epicentro de la polémica: el servicio de limpieza de colegios y dependencias públicas municipales. En concreto, el PP aprobó la sustitución del responsable municipal a cargo de la supervisión de dicho contrato.
La propuesta validada en la Junta de Gobierno es suficientemente esclarecedora: "En relación a dicho contrato, se considera necesario dejar sin efecto el nombramiento del citado funcionario y nombrar un nuevo responsable, en aras de poder garantizar el buen funcionamiento de dicho servicio". Así, se sustituye al responsable anterior, Jesús Rubio, por Teresa Moreno.
Las dudas sobre la prestación del contrato ha llevado al conjunto de los grupos de la oposición a requerir su fiscalización en la comisión de vigilancia de contratación, a instancias de una propuesta del PSOE. El equipo de Gobierno del PP, por su parte, viene anunciando un informe de análisis sobre ese servicio después de que se pusiesen de manifiesto las primeras quejas por parte de los propios trabajadores de la UTE concesionaria, UTE Limpal (compuesta por Clece y Fissa).
En la Junta de Gobierno, además, se acordó la convocatoria del concurso sobre las obras de la segunda fase de reurbanización del Paseo de La Explanada, adelantadas por Alicante Plaza. El importe de esas obras asciende a 1,5 millones y se prevé que comiencen tras el verano para no perjudicar a la actividad de los hosteleros. Su plazo de ejecución es de seis meses.
Por último, el PP también aprobó la firma del convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana para la rehabilitación de elementos comunes de la segunda fase del complejo residencial "Ciudad Elegida Juan XXIII" por la que se rehabilitarán 86 viviendas y dos locales comerciales. El convenio recoge la subvención que otorga la Consellería de Vivienda para esta actuación, cuantificada en 611.034,40 euros.
