Foto: Iveco
la empresa formaba parte del cartel, que imponía los precios
Condenan a Volvo a devolver el sobrecoste a dos transportistas alicantinos por 'el cartel del camión'
19/11/2020 -
ALICANTE. La Audiencia Provincial de Alicante ha dado la razón a dos transportistas alicantinos en su demanda contra la empresa sueca AB Volvo por el denominado cártel de los camiones: una práctica anticompetitiva, de ámbito europeo, por la que la práctica totalidad de los fabricantes acordaron aumentar los precios de sus vehículos. Es la primera sentencia de este tribunal favorable a los demandantes por esta práctica y condena a AB Volvo a pagarles la cifra correspondiente al 10% del precio de adquisición de los vehículos, más intereses desde el momento del pago. Los transportistas alicantinos pagaron 94.000 euros por cada vehículo, por lo que ahora deberán ser resarcidos con 9.400 euros más los intereses de demora, desde 2007 y 2010, respectivamente.
La defensa de los transportistas ha sido ejercitada por el despacho Varona Legal & Numbers y recoge sus argumentos, en tanto en cuanto recoge que la Comisión Europea sancionó en julio de 2016 con 2.930 millones de euros a los fabricantes de camiones europeos MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF por pactar precios y repercutir en los compradores el coste de cumplir con la normativa de emisiones contaminantes. Todos a excepción de Scania reconocieron su implicación en el caso. En este caso, los camiones fueron eran de la marca AB Volvo y fueron comercializados por el concesionario de Alicante, Provehima SA.
En su demanda, los transportistas consideraban que la mercantil AB Volvo era responsable de los daños y perjuicios producidos su conducta anticompetitiva sobre el precio de adquisición y por ello reclamaban que la mercantil fuera condenada a reintegrar el sobrecoste en la adquisición de los vehículos camiones. Los camiones costaron 94.000 euros y, por lo tanto, se solicitaba que se les reintegrara el 10% del precio. En primera instancia, el juzgado mercantil número dos de Alicante condenó a AB Volvo a indemnizar a los conductores con la cuantificación de la incidencia del cártel del 10% del precio final más intereses legales para los vehículos adquiridos en noviembre de 2007 y del 7% para el camión adquirido en octubre de 2010. En el primer caso, en 20.842,5 euros e intereses legales y en el segundo caso, en 5.054 euros más intereses.
La sentencia dictada ahora por la Audiencia de Alicante llega a la concusión de que existió un cartel de camiones y que si los fabricantes sancionados, Volvo incluída, vendían aprecios excesivos que se incrementaban año tras año, "es fácil inferir que los consumidores finales de tales productos han sufrido un perjuicio por la parte del precio pagado por la adquisición de esos productos por encima del precio competitivo".
Sobre la fijación del 10% del sobrecoste de indemnización, y tras analizar los argumentos de los partes, la Audiencia llega a la conclusión de que se debe dar por buena esa cifra -la del 10%. atendidos los parámetros del estudio Oxera, la duración de la infracción -catorce años-, la naturaleza dela infracción y su incidencia sobre los precios.
Finalmente, la Audiencia estima parcialmente los argumentos de las dos partes -AB Volvo y los demandantes- y fija la indemnización en 9.400 euros, "cantidad que devengará intereses legales desde la fecha del pago del precio respectivo". Considera la Audiencia que esa es la cantidad que debe abonar AB Volvo a cada uno de los demandantes en concepto de restitución de sobrecoste derivado de su conducta anticompetitiva.
Además de esta demanda, Varona Legal & Numbers ha presentado más de cien demandas en diferentes juzgados de toda España, representando a miles de camiones adquiridos por transportistas, contra la totalidad de los fabricantes sancionados por el aumento de precios. Este despacho obtuvo en la Audiencia Provincial de Valencia la primera sentencia en segunda instancia de Europa favorable a los camioneros. También logró los primeros fallos en juzgados de primera instancia en Alicante, Valencia y Málaga.
Los abogados Ignacio Varona y Rafael Fuentes, encargados de la dirección letrada del procedimiento, consideran es muy probable que finalmente sea el Tribunal Supremo español el que dictamine sobre el asunto, dado que “aunque la infracción y el daño son manifiestos y están probados, la política de defensa de todos los fabricantes de camiones ha sido la de dilatar y entorpecer por todos los medios el proceso, con el objetivo de retrasar la firmeza de las sentencias".
El despacho Varona Legal & Numbers considera que aún es posible seguir presentando demandas para compensar a los transportistas por el perjuicio que les ha supuesto el aumento del precio pactado por el cártel. Y sostiene que la mejor vía para defender sus intereses es interponer acciones procesales en los juzgados mercantiles españoles, considerando que la jurisdicción de nuestro país es la más apropiada para resarcirse del daño producido por las empresas infractoras.
La Audiencia Provincial de Alicante concluye en su sentencia que “estamos ante un cártel de precios en el que hubo acuerdos colusorios sobre fijación e incrementos de precios brutos para el conjunto del EEE quedando por tanto afecto, como es obvio, el mercado español, lo que cabe tanto más resaltar si tenemos en cuenta el carácter oligopolístico del mercado de camiones”.
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