Alicante asume la condena por la falta de tribunal económico y se abre a pactar su composición 

ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante, gobernado por 8 concejales del PP en una corporación de 29, desiste y no acudirá al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) para recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Alicante que anula la liquidación del impuesto de plusvalía a un particular al considerar vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. Como ha publicado este diario, según ese fallo dicha vulneración se desprende de un incumplimiento legal por parte del Ayuntamiento de Alicante: no haber creado el Tribunal Económico-Administrativo previsto desde hace 13 años en la Ley de Bases de Régimen Local para atender las reclamaciones de la ciudadanía frente a cuestiones tributarias. La inexistencia de ese organismo, según fuentes jurídicas consultadas, podría poner en riesgo el cobro de otros impuestos municipales que en estos momentos estuviesen pendientes de resolución de recurso en el Ayuntamiento.

Por lo pronto, el concejal de Hacienda, el popular Carlos Castillo, señaló este lunes que, finalmente, el Ayuntamiento había abogado por asumir esa sentencia, ante la evidencia de que sería difícil contrarrestar el error que en ella se pone de manifiesto. Eso sí, como ya ha contado Alicante Plaza, la intención del equipo de Gobierno es acelerar su constitución. Para ello, ya se prevé una primera dotación económica de 60.000 euros para sufragar las retribuciones de sus integrantes, en concepto de dietas, por las reuniones que celebren hasta final de 2018. Al parecer, el tribunal debería reunirse al menos una vez por semana para analizar las impugnaciones presentadas por la ciudadanía sobre el cobro de sus impuestos.

El Ayuntamiento consultará a la UA y a los colegios de Economistas y Abogados para seleccionar a dos de sus miembros por su capacitación y prestigio  

Según la propuesta que el propio Castillo trasladó este lunes a los grupos de la oposición, dicho tribunal -de funcionamiento autónomo aunque adscrito al Ayuntamiento- estará compuesto por tres miembros: un funcionario municipal de nivel A1 y dos profesionales de reconocido prestigio escogidos de manera directa, sin proceso público de selección. El regidor insistió en que esa fórmula retrasaría la puesta en funcionamiento del tribunal, por lo que se habría descartado. No obstante, confirmó que el equipo de Gobierno se aviene a asumir la propuesta planteada por el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, de modo que se consulte a la Universidad de Alicante (UA) y a los colegios profesionales de Economistas y de Abogados sobre los posibles aspirantes a figurar en ese tribunal.

El líder de Compromís apuntó que, con esa fórmula mixta, se garantizaría la honorabilidad y la capacidad de los componentes del tribunal, sin que quedasen ligados a ninguna sigla política. En esta línea, Castillo añadió que el equipo de Gobierno estimaba que la propuesta era razonable y que el objetivo era consensuar a los integrantes de ese tribunal con el resto de la oposición en función de su currículum.