ALICANTE. Las medidas de control con las que el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), pretende reducir las emisiones de ruido asociadas a la actividad del ocio y la hostelería en el Centro Tradicional y el Casco Antiguo mediante la implantación de dos Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) -una específica para cada barrio- no solo contempla limitaciones en horarios de funcionamiento y reducción de superficie para los veladores como medida general. Entre sus disposiciones se incluye también otro supuesto con el que se aspira a evitar una hipotética especulación en el traspaso de licencias de locales para que puedan acabar teniendo un uso distinto al que fundamentó su concesión inicial, según han venido advirtiendo los residentes de ambos barrios hasta el momento. Esa nueva disposición consiste en la posibilidad de declarar la caducidad del permiso otorgado a todo aquel establecimiento que permanezca cerrado e inactivo durante un periodo ininterrumpido de seis meses.
En el terreno práctico, ese supuesto -contemplado en la Ley 14/2010 de la Generalitat de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos- conlleva que se retire la autorización de funcionamiento de la que dispusiese dicho establecimiento, sin que pueda acordarse la concesión de un nuevo permiso que pudiese demandar un nuevo solicitante. Tal prohibición de reinicio de actividad queda sujeta al periodo de vigencia de la declaración de la propia ZAS, ya que su instauración incorpora la suspensión de nuevas licencias en las calles incluidas en su delimitación.
De este modo, además de evitar una posible transmisión para usos indebidos de locales de uso hostelero, también conllevará la lógica reducción de establecimientos susceptibles de generar emisiones sonoras, lo que -a priori- debería contribuir a reducir molestias y a favorecer el descanso vecinal. Es decir, el objetivo pretendido con la instauración de las dos ZAS, que también se remarca en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso número 3 en la que se estima parcialmente el recurso por vulneración de derechos fundamentales presentado por dos residentes del Centro Tradicional a título particular y se conmina al Ayuntamiento a acordar la declaración de una ZAS en la calle Castaños.
El equipo de gobierno, que ha interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) frente a esa sentencia al discrepar de parte de sus conclusiones (también lo han hecho los empresarios del sector hostelero, agrupados en Alroa), ha abogado finalmente por extender el ámbito de influencia de la ZAS a las calles de su entorno: San Ildefonso, Cándida Jimeno Gargallo y el tramo de la calle San Francisco comprendido entre su intersección con Castaños y el Portal de Elche, en el caso del Centro Tradicional. Y, además, también promueve una segunda ZAS que será de aplicación sobre los negocios situados en la Plaza Quijano y en las calles San Agustín y Montegón, en el caso del Casco Antiguo.
La entrada en vigor de esas dos ZAS queda sujeta, como mínimo, a la aprobación del expediente que dé inicio a su tramitación administrativa en Junta de Gobierno. El objetivo de los populares es que ese paso pueda cumplimentarse la próxima semana, lo que debería dar pie a que se aborde la aplicación al menos de parte de sus limitaciones de modo cautelar hasta que culmine la aprobación de la ZAS con el visto bueno de la Generalitat, según apuntó este martes el vicealcalde, Manuel Villar, en la comparecencia pública semanal posterior a la reunión de la Junta Local.
El también edil de Medio Ambiente defendió, además, la conveniencia de las medidas planteadas -como también han considerado los representantes de la Asociación Laderas del Benacantil, que agrupa a vecinos y empresarios del Casco Antiguo, así como los residentes del Centro Tradicional, pese a albergar dudas sobre su aplicación- en respuesta a las críticas y a las posiciones reivindicativas expuestas por los empresarios hosteleros y por representantes de los grupos políticos de la oposición (como Vox) respecto a la falta de presencia policial que hubiese evitado las concentraciones de personas en la vía pública al considerar que ese habría sido, en realidad, el origen del problema del ruido.
Al respecto, Villar señaló que "la Policía ha cumplido, ha trabajado y no ha habido que ordenar el cierre de ningún local porque estuviese en funcionamiento fuera del horario establecido". "El problema es que ese horario está generando unos problemas y consideramos que había que primar otros intereses. Si está abierto y hay ruido, hay que cerrar antes; esa es la solución. Ese horario genera un problema en el derecho al descanso que hay que proteger", explicó. Es más, sostuvo que "no existe ninguna ley que prohíba o restrinja el derecho de reunión", por lo que señaló que la presencia policial no puede evitar aglomeraciones en la calle. En cualquier caso, fuentes municipales añadieron al respecto que la implantación de las dos ZAS conllevará la puesta en marcha de un operativo de vigilancia policial para velar por el cumplimiento de las nuevas medidas, como ya se anunció al dar a conocer el alcance de esas restricciones.
Entre tanto, los empresarios del sector mantienen su rechazo al planteamiento municipal hasta el punto de garantizar su oposición a que las medidas contempladas en las dos ZAS lleguen a tener eficacia. Ese fue, de hecho, uno de los acuerdos centrales adoptados en la asamblea organizada este lunes, que reunió a más de un centenar de propietarios de establecimientos hosteleros del Centro Tradicional, a los que se estaría sumando empresarios con negocios situados en el Casco Antiguo, según aseguró el presidente de Alroa, Javier Galdeano, a consulta de Alicante Plaza.
En ese encuentro, se puso de manifiesto la unidad del colectivo "frente a la actitud adoptada por el equipo de gobierno". "Esto no es una cuestión con los vecinos, es una cuestión con el Ayuntamiento que ha decidido emprender una cruzada contra el sector", enfatizó Galdeano. En esta línea, al margen de escenificar una posición de fuerza y de exhibir músculo por el número de asistentes, en el encuentro se concertó que se desplegarían todas las acciones al alcance de los empresarios para impedir que las reducciones de horarios de actividad contempladas en las ZAS entren en vigor. "Por el momento no hay ningún acto administrativo al que podamos oponernos, pero lo haremos en cuanto se mueva un solo papel", añadió, en alusión a la presentación de alegaciones o el inicio de acciones legales en los juzgados. Además, se acordó que también se pondrían en marcha estrategias de comunicación para dar a conocer la posición del sector frente a las medidas contempladas en las dos ZAS y cuáles serían las repercusiones de su aplicación.
En paralelo, tanto Alroa como ARA y APEHA han organizado este miércoles una comparecencia conjunta para explicar su posición respecto a otra regulación que afecta al funcionamiento del sector de la hostelería: la nueva ordenanza de Ocupación de Vía Pública en la que se recoge el adelanto del horario de cierre de los veladores en todo el casco urbano de Alicante.