ALICANTE. Compás de espera para el nombramiento de los directores generales de Alicante. El plante de Vox por sus dudas sobre el procedimiento de selección de las personas que desempañarán esos cargos, y sobre las funciones concretas que se pretende que realicen, abocan finalmente al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a tener que negociar y aclarar tanto la letra pequeña de esa reestructuración municipal, como la fórmula a seguir para la designación de esos puestos si quiere contar con los votos del partido de Santiago Abascal para que la propuesta salga adelante.
Así se puso de manifiesto a primera hora de este viernes, lo que obligó a suspender la celebración del pleno extraordinario convocado con la intención de aprobar las retribuciones a asignar a esos doce nuevos cargos incluidos en la reorganización de la estructura municipal (dos coordinadores y diez directores generales) que se venía diseñando desde finales del pasado mandato. El resultado de las elecciones municipales del 28 de mayo, con 18 concejales de centro-derecha, y la formación de un nuevo Consell participado por PP y Vox, propició que se diera el impulso definitivo a la propuesta, que quedó plasmada en un decreto de Alcaldía a finales de septiembre.
Sin embargo, el PP erró en sus cálculos -bien por exceso de confianza o por precipitación- y promovió la votación sobre la asignación de sueldos de esos nuevos cargos directivos sin haberse garantizado antes los apoyos necesarios. Al menos, los de la formación más próxima a sus planteamientos ideológicos.
De hecho, fuentes de Vox consultadas por Alicante Plaza confirmaron que no se había trasladado ninguna información previa sobre la propuesta hasta que se convocó la comisión informativa de Presidencia, este martes. Y, pese a que entonces se decantaron por la abstención -lo que propició que la iniciativa se dictaminase favorablemente- ya apuntaron entonces que albergaban dudas por resolver aunque considerasen que la medida no era descabellada, en tanto que se había aplicado con éxito en los ayuntamientos de otras grandes ciudades. Es más, en ese momento incluso plantearon dos condiciones para refrendar la iniciativa: que se diesen pasos efectivos para implantar la carrera profesional para el conjunto de los funcionarios (de acuerdo con el compromiso adquirido por el alcalde, Luis Barcala, en la precampaña de las municipales de 2019), y que se garantizase que las personas a ocupar los nuevos puestos no tuviesen afiliación política.
La propia portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, insistió este viernes en que las dudas planteadas el martes continuaban irresueltas. E incluso aludió de forma expresa en su comparecencia ante los medios a la falta de precisión sobre el procedimiento de selección que se pretendía seguir para la elección de esos nuevos coordinadores y directores generales, aunque añadiese, después, que esa no era la única causa que impedía que Vox apoyase la propuesta del PP.
Por el momento, el equipo de gobierno solo ha apuntado respecto a ese sistema de nombramiento que dependerá de cada caso, con la posibilidad de optar tanto por funcionarios como por profesionales del sector privado (como contempla la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local), sin garantizar que pueda optarse por una fórmula similar al concurso de méritos que sirva para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos de capacitación.
Tras la suspensión del pleno, se prevé que el PP trate de acercar posturas y que intente entablar contactos -a priori, tanto con Vox como con el conjunto de partidos de la oposición- en las próximas semanas con la intención de hacer pedagogía respecto al funcionamiento de ese nuevo organigrama. Será entonces cuando dirima si cuenta con los votos necesarios para volver a elevar la propuesta a pleno.
Todo parece indicar que el socio preferente en ese proceso seguiría siendo Vox, en un contexto en el que los tres grupos del eje progresista (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) ya han manifestado que el planteamiento no les parece oportuno. Ni por las formas (sin negociación previa y sin abordar antes una actualización de la Relación de Puestos de Trabajo para definir necesidades funcionales del Ayuntamiento), ni por su alcance (al plantearse la designación de doce cargos para controlar todas las áreas, en lugar de limitarse a parcelas específicas que sí podrían requerir cierta especialización y profesionalización).
De este modo, está por ver si los argumentos y explicaciones que el PP debe facilitar ahora pueden acabar convenciendo al menos a los cuatro ediles de Vox o si, por el contrario, estos optan por mantener su bloqueo a la propuesta como demostración de fuerza, después de que, en el pleno ordinario de septiembre, se viesen forzados a retirar una propuesta que incomodaba al PP por la que se pretendía instar a la Generalitat a modificar la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià con el objetivo de que se clasificase a Alicante como municipio de predominio lingüístico castellano.
Entre tanto, el aplazamiento del pleno sobre la propuesta retributiva de los nuevos cargos directivos también tuvo ecos en el desarrollo de la Junta del Patronato de Vivienda celebrada este viernes por lo que respecta al proceso de selección en curso para elegir a su nuevo gerente, tras la jubilación de su último responsable.
Los representantes del eje progresista cuestionaron al edil de Vivienda, Carlos de Juan, si se pretendía completar ese proceso, o se optaba por paralizarlo para nombrar a un director general que se hiciese cargo de ese ámbito. De Juan respondió que se trata de dos procesos independientes, aunque podrían tener vinculación ante la posibilidad de que se acabe nombrando a un director general. En todo caso, señaló que el proceso de selección del gerente se completaría en el momento en el que se pudiese evaluar si los aspirantes reúnen las condiciones requeridas para desempeñar el cargo.