El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una comparecencia pública. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), trata de poner en marcha la hoja de ruta anticipada por el alcalde, Luis Barcala, el pasado mes de julio, con el lanzamiento de una propuesta de reorganización de la estructura orgánica municipal que recupera la figura de los directores generales prevista en la Ley de Régimen de Bases Local (LRBL) para los municipios considerados como grandes ciudades por su tamaño demográfico. En concreto, el planteamiento que el PP prevé elevar a debate en una comisión informativa de carácter urgente, este martes, promueve la configuración de dos áreas de coordinación general y de diez direcciones generales específicas para cada ámbito relacionado con la gestión municipal, al margen de los concejales que desempeñan responsabilidades políticas en esos ámbitos. Además, también se incluyen otros cuatro cargos adicionales: el titular del órgano de Gobierno, el titular de la Asesoría Jurídica, el titular del Órgano de Gestión Económico-Tributaria y el titular del órgano de Contabilidad.
En realidad, la configuración de ese organigrama es una posibilidad ya contemplada desde 2012 en el Reglamento Orgánico por el que se establecen los niveles esenciales de la Administración del Ayuntamiento (RONE) a la que se pretende dar desarrollo ahora, en el supuesto de que los populares sumen la mayoría necesaria en el pleno correspondiente al mes de octubre para crear las partidas necesarias que permitan cubrir los emolumentos de esos nuevos responsables.
Así, en esa propuesta de reorganización -que, en parte, ya se planteó bajo el mandato de la popular Sonia Castedo y durante la etapa del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) en lo que respecta al nombramiento de directores generales- se prevé que la cobertura del conjunto de las plazas suponga un coste anual bruto de 1,4 millones en retribuciones, que -en caso de prosperar- quedaría reducida a 139.200 durante el último trimestre de este año. Cada uno de ellos percibiría un suelo anual de entre 82.000 (la asignación prevista para los dos coordinadores generales) y 75.000 euros (la contemplada para el resto). Es decir más de la asignación prevista para cada uno de los concejales con competencias de gobierno (67.637,26) euros y casi el mismo importe que el establecido para el alcalde (82.519,51 euros) en el caso de los coordinadores generales.
Las responsabilidades podrán ser desempeñadas por funcionarios o profesionales del sector privado, con una retribución de 75.000 a 82.000 euros
Y, por el momento, no se concreta quiénes serían las personas que desempeñarían cada una de esas nuevas responsabilidades, cuya propuesta de nombramiento queda bajo potestad del mismo primer edil, aunque después deba ser sancionado por el conjunto de la Junta de Gobierno. Al respecto, sólo se concreta que los futuros titulares de esos puestos directivos "podrán ser provistos mediante el nombramiento para ello de funcionarios de carrera de cualquier Administración Pública o, excepcional y motivadamente, por profesionales de contrastada experiencia y prestigio del sector privado conforme a lo dispuesto por los artículos 130 de la Ley 53/2003 y 24 del RONE, según resuelva la Junta de Gobierno Local en el correspondiente acuerdo de nombramiento de cada uno de ellos". En todo caso, en el supuesto de que se opte por funcionarios, se plantea que mantendrán sus correspondientes plazas en caso de cese respecto al desempeño de sus nuevas ocupaciones.
La reorganización de la estructura se justifica en base a cuatro puntos básicos: la necesidad de "modernizar las estructuras organizativas del Ayuntamiento de Alicante adaptándolas a lo que en 2.023 se espera de una capital que es la décima ciudad de España"; "profesionalizar al máximo los órganos directivos del Ayuntamiento, atendiendo a la creciente necesidad de especialización que exige la transformación física y social de nuestra ciudad"; "transformar la organización municipal creando el nivel de órganos directivos y adaptándola a las posibilidades que la Ley de Grandes Ciudades y demás normativa concordante permite e incentiva, creando un organigrama propio de la segunda década del siglo XXI, y que mire hacia el futuro"; y "mejorar la eficiencia y la eficacia en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas, optimizando la organización municipal primando la transparencia, la objetividad, la coordinación y la transversalidad".
En esta línea, la remodelación queda diseñada en torno a seis grandes áreas: área de Gobierno de Presidencia; área de Gobierno de Servicios Centrales; área de Gobierno de Servicios Públicos; área de Gobierno de Transformación Urbana; área de Gobierno de Transformación Estructura y Área de Gobierno de Transformación Social. Y al frente de ellas, se plantea el nombramiento de un coordinador general de estrategia municipal, que asumiría las competencias de diseño y planificación de las estrategias municipales, y de un coordinador general de transformación y gestión municipal, que se encargaría de impulsar su ejecución.
De esta última área de coordinación dependerían, a su vez, hasta diez directores generales: uno de Servicios Centrales; otro de Innovación y Sociedad Digital; otro de Servicios Públicos, otro de Plan General de Ordenación Urbana y Planificación Urbanística; otro de Proyectos y Obras; otro de Medio Ambiente; otro de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía; otro de Cultura y Deporte; otro de Turismo y Playas, Comercio, Mercados y Fiestas; otro de Transformación Social y otro de Bienestar Social, Educación, Sanidad y Familia.
Por lo pronto, la propuesta ya ha recabado las primeras reacciones políticas entre los representantes de los grupos de la oposición con valoraciones de distinta intensidad. Entre ellos, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha valorado que, con esta pretensión, "el alcalde ha hecho una enmienda a la totalidad de su propio equipo e gobierno, evidenciando así las carencias". "Barcala ha diseñado un organigrama para salvar la incompetencia del equipo de gobierno que encabeza. No confía en los concejales y pretende poner al frente del Ayuntamiento a tecnócratas que no sabemos qué méritos tendrán que reunir para ocupar esos puestos", ha apuntado.
Barceló ha cuestionado "la premura del alcalde al anunciar a la oposición esta reforma de calado con tan poco tiempo para estudiar la documentación y sin recibir apenas explicaciones". "La gestión se deja en manos de técnicos que no han sido elegidos por los ciudadanos. El alcalde pone en duda la capacidad de los concejales y son los alicantinos y alicantinas los que deberán de sufragar un gasto que es del tipo inaceptable, ya que se pretende que las nuevas incorporaciones cobren incluso más que los propios ediles con competencias de gobierno", ha proseguido.
Al tiempo, ha anticipado que el grupo socialista "votará en contra de esta propuesta porque descarga a los concejales de todas sus tareas de gestión y los posiciona como meros relaciones públicas, mientras deja en manos de un coordinador la estrategia para diseñar la ciudad". "Barcala demostró en campaña que no tenía un plan para Alicante y ahora pone de manifiesto que delega en otros el diseño de los planes estratégicos para Alicante. Es inaceptable", ha concluido.
En segundo lugar, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha apuntado que su partido estudiaría con profundidad el asunto. "Es un tema pendiente desde hace muchos años en Alicante y que en muchos ayuntamientos, incluidos muchos más pequeños que el nuestros, funcionan bien. Vamos a analizar la documentación que se nos ha remitido a última hora para la comisión de mañana para observar los costes de cada cargo, analizar casos concretos de otros municipios para comparar y preguntaremos en la comisión a qué vamos a renunciar para que esto no signifique disparar el gasto político, ya que sí es así, no podríamos valorarlo de ninguna manera", ha apuntado.
En esta línea, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha señalado que la convocatoria de la comisión de Presidencia de este martes en la que se prevé debatir esa comisión "es es un atropello. No apoyaremos la urgencia, injustificada ya que es una medida a consensuar con todos los grupos políticos. No avalaremos un cambio estructural, profundo, de la administración pública local como supone esta medida", ha anticipado.
La izquierda se inclina por rechazar la propuesta y Vox condiciona su apoyo a que no se dispare el gasto político
Así, ha apuntado que "queremos conocer el detalle, ¿esto qué supondría en el caso de que las personas que dirigen las áreas no sean funcionarias o funcionarios? ¿Se pretende controlar la administración, no modernizarla, cercenar la capacidad de la función pública sobre la gestión política, abrir una puerta a la privatización y encontrarnos con posibles conflictos de intereses? Hemos solicitado una reunión urgente al alcalde", ha explicado. "Actualmente el equipo de gobierno tiene abierto un conflicto laboral en el área de Recursos Humanos con todas las fuerzas sindicales de la administración local. Desde Compromís creemos que antes de cambiar la estructura de la administración, sin consenso, se deben cumplir con las medidas comprometidas en el seno del diálogo social, como son la carrera profesional, la mejora de las condiciones laborales, garantizar la seguridad en los puestos de trabajo y modernizar la administración", ha concluido.
Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha tildado igualmente de "atropello a la democracia local" convocar "con menos de 24 horas una comisión, con el calado de lo que se está planteando. El correo de convocatoria ha llegado hoy a las 14.35h. Será legal pero da muestras de lo que entiende este equipo de gobierno por participación", ha enfatizado. En segundo lugar, ha señalado que "nos hemos puesto en contacto con el resto de portavoces de la izquierda para solicitar el voto en contra de la urgencia de la convocatoria", ya que "el ROP establece en su artículo 151 que 'las sesiones habrán de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación; salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por la Comisión'. Por tanto, cuestionamos y cuestionaremos la urgencia de la convocatoria".
En tercer lugar, ha añadido que "no hemos podido valorar todavía las consecuencias de la reforma que se plantea ni la documentación, pero el hecho de hacer la convocatoria así, da cuenta del oscurantismo y despotismo con el que está actuando el alcalde. Es una falta de respeto al trabajo de los miembros de la Comisión hacer las convocatorias de manera tan extemporánea".
En este sentido, ha recalcado que "los sindicatos acaban de recordar que no hay dinero para asumir los compromisos adquiridos y las necesidades históricas de la plantilla pero sí para una reorganización arbitraria del funcionamiento del funcionariado. Esta modificación de tanto calado por la afectación a la configuración de la organización del funcionariado municipal, más de 2.000 trabajadores y trabajadoras, debería de contar con un consenso necesario y con un diálogo suficiente y sereno entre todas las partes: equipo de gobierno oposición y representantes sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento. No pueden recortar el derecho a la información y a su tratamiento, que es de hecho lo que están haciendo, cuando no hay tiempo para preparar la propuesta, analizarla con calma y compararla con otros ayuntamientos", ha concluido.
