ALICANTE. El cambio de rumbo que la Conselleria de Vivienda decidió imprimir a la regeneración arquitectónica del barrio de Miguel Hernández de Alicante bajo el mandato del Consell del Botànic queda consumado ahora con un ejecutivo autonómico de distinto signo político. La Entitat Valenciana d'Habitatge (EVha), adscrita a la nueva Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que dirige Susana Camarero, acaba de readjudicar ahora la ejecución de los trabajos pendientes de ese proyecto a la constructora alicantina Gestaser Obras y Servicios: la compañía dirigida por el presidente de FOPA, Javier Gisbert, como consejero delegado.
Gestaser era, de hecho, una de las empresas mejor posicionadas en el concurso tanto por lo que respecta a la valoración de su propuesta técnica como en lo que concierne al factor precio. Y, a la postre, ha acabado logrando el encargo, tras sumar 93,75 puntos de 100 posibles, con una propuesta que planteaba un coste definitivo de 3.249.763,1 (impuestos incluidos). Es decir, 309.670 euros por debajo del precio por el que partía la convocatoria.
La propuesta de adjudicación, sancionada ahora por la Dirección General de Vivienda, quedó resuelto en la reunión de la mesa de contratación de la EVha celebrada a finales de junio, después de que confirmar que la oferta presentada por Guerola Transfer -la principal competidora de Gestaser, entre otras diez compañías interesadas que concurrieron en el concurso- incurría en baja anormalmente desproporcionada, sin que dicha constructora hubiese podido justificar el importe de los precios propuestos en el plazo requerido para ello.
Su exclusión se sumaba, así, a la ya acordada respecto a las propuestas presentadas por Assistacasa, S.L. y Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, S.A.U., en tanto que no habían alcanzado los 15 puntos en la baremación técnica de sus ofertas que se establecieron en el pliego de condiciones como requisito mínimo para poder optar a la ejecución del contrato.
De esto modo, Gestaser dispondrá ahora de un plazo de 16 meses para retomar y finalizar los trabajos que la constructora Ecisa (ahora absorbida por el grupo Urbas) dejó inacabados en los bloques 5 y 6 de la Plaza de Yolanda Escrich. Esa circunstancia fue la que llevó a los responsables de Vivienda bajo el Consell del Botànic a acordar la resolución del contrato por causas imputables al contratista, tras recabar el aval del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Generalitat.
Al margen de ello, queda pendiente la convocatoria del concurso para la ejecución de la segunda fase del proyecto de rehabilitación arquitectónica del mismo barrio, que debía incluir otros cuatro bloques (los números 2, 3, 4, 7 y 8 de la misma plaza) de la misma plaza.
Por lo pronto, el departamento autonómico ya había iniciado el proceso de intervención social previa con el fin de concretar necesidades de posibles realojos durante la ejecución de las obras. Con todo, tras la formación del nuevo Consell, ahora integrado por PP y Vox, no se ha concretado todavía en qué estado de tramitación se encuentra esa nueva fase del proceso.
Por su parte, la asociación de vecinos del barrio de Parque del Mar de Alicante reivindicó este martes la revisión del proyecto de regeneración arquitectónica de los dos primeros bloques objeto de intervención por parte de Vivienda al considerar que se habrían multiplicado los costes de ejecución de su rehabilitación tras la conservación de la fachada respecto a su posible derribo integral como consecuencia de un error de interpretación en las determinaciones recogidas en el catálogo de protecciones respecto a las condiciones de conservación de esos dos edificios.
Como informó este diario, el colectivo de residentes interpreta que el proyecto inicial -que se mantiene ahora en la nueva adjudicación- incluyó la necesidad de consolidación de las fachadas a pesar de que, a juicio del colectivo, no era un requisito exigible en función de lo previsto en su ficha incluida en la propuesta de catálogo de protecciones aprobada inicialmente por el pleno en septiembre de 2020. En esa ficha se determina que el conjunto de edificios situados en la plaza de Yolanda Escrich son elementos catalogados con protección general tipológica. El colectivo llega a cifrar en 1,1 millones la diferencia de costes entre la demolición y la obra nueva y la rehabilitación con conservación de fachada. Con todo, está por ver si esa interpretación se ajusta a las previsiones contempladas en el catálogo que todavía no está aprobado de forma definitiva.