Solo el 1% de los 31.600 edificios de Elche tiene Informe de Evaluación, y la mayoría con afecciones graves

ELCHE. Ha sido un tema recurrente que cada cierto tiempo sale a la palestra: el de la renovación del parque de vivienda. Sea por los programas de las administraciones valenciana o europea para estos efectos, por las necesidades en algunos barrios o por los ínfimos Informes de Evaluación que realizan las comunidades sobre sus inmuebles. Al calor de los fondos europeos Next Generation EU, que destinarán dinero a estos ámbitos, se tiende a poner la mirada en barrios como Carrús, San Anton o Palmerales por tener problemas enquistados desde hace años, sin embargo, el parque de vivienda está envejecido en todo el término municipal, algo habitual por otra parte, pero sin evaluaciones de su estado. 

Inmuebles antiguos en barrios sin informe y necesidad de actuación

Más concretamente, en Elche hay 31.608 edificios, el grueso de uso residencial, y tan solo hay constancia de que unos 300 inmuebles tengan el Informe de Evaluación del Edificio (IEE), técnicamente, el 0,95% del total. De ese testimonial porcentaje, la mayoría precisan de una intervención urgente, unos 210 (el 67%) , tal y como muestra el Institut Cartogràfic Valencià (ICV). Muchas de ellas actuaciones en pilares o forjados, pero también de distinta índole como accesibilidad, vigas, sumideros, cubriciones, fachada... Consecuencias en resumidas cuentas de un parque de vivienda envejecido del que se intuyen necesidades, pero sin una fotografía completa, visto los escasos IEE que existen. Precisamente, la mayoría de estos realizados bien por la necesidad de actuar de las comunidades de vecinos, o por ser inmuebles más recientes en los que se intenta llevar esta cuestión al día. 

A ese respecto, como indica un radiografía realizada con el software de mapeo Carto —cuyos datos se cruzan con el catastro— por el geógrafo ilicitano Jesús Ortuño, casi la mitad de los edificios (algo más de 13.000) tienen más de 50 años. Obviamente hay que tener en cuenta que no todos son de uso residencial (incluye naves, iglesias...), pero siguen en pie muchos de los que sí lo son y que no cuentan con estos informes, por lo que a la vista de que de la mayoría (un 67%) de los pocos que tienen el informe de evaluación necesitan actuaciones urgentes, cabe esperar que sea extrapolable al menos a los que tienen estas edades. Según los datos extraídos por el geógrafo, por ejemplo hay 1.200 inmuebles del año 1970 o 1.484 del año 1960, el año en que más edificios se construyeron. Tan solo entre 1971, donde ya se supera el parcelario de 50 años de edad, y 1960, son casi 5.600 inmuebles. 

Ayudas insuficientes

Colateralmente, sin estos informes es imposible tener una información detallada del municipio, tan solo se podrá conocer según la voluntad de los propietarios de las viviendas. A pesar de que es una cuestión obligatoria, tampoco ayuda el hecho de que el Ayuntamiento no cuente con una ordenanza que regule estos informes, aunque sí la hay a nivel autonómico. Estos últimos años se están abriendo líneas de financiación municipal para reformas y rehabilitación de edificios y semanalmente se aprueban bonificaciones para comunidades en un 95% el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), pero la ordenanza ayudaría a regular cómo y de qué forma debe hacerse, fijar criterios, etc. Algo que también podría incentivar el impulso de estas evaluaciones.

Lo que por otra parte podría suponer hipotéticos conflictos entre administración y comunidades ya que no todas están en disposición de inversiones importantes para rehabilitar sus inmuebles y podría ser una cuestión a abordar con la ordenanza. O actuar de oficio en última instancia por urgencia o por requerimiento autonómico, como ya ha pasado en una comunidad en Porfirio Pascual tras constantes peticiones de soluciones. No tener esta ordenanza evita quebraderos de cabeza al Ayuntamiento con los vecinos por el estado de los inmuebles al no haber una regulación local sobre qué hacer en casos sobre todo urgentes. Y sin embrago, ese IEE es obligatorio. La ordenanza podría agilizar, aclarar o delimitar los casos de ayudas, mientras que el no tenerla también puede abrir el melón, según algunos arquitectos, de plantear de quién es la responsabilidad última si hay algún caso grave; si bien la comunidad de vecinos es la encargada del mantenimiento de edificios, el Consistorio no tiene una ordenanza sobre ellos. Y en los últimos años han sido varios los inmuebles, sobre todo en Carrús, que han colapsado, aunque no ha habido que lamentar daños personales. 

Con todo, en una sesión plenaria se aprobó por unanimidad la redacción de esta ordenanza este mismo año, de la que nada se sabe. Como muchos acuerdos plenarios que acaban siendo brindis al sol, ya que la competencia ejecutiva reside en la Junta de Gobierno. No hay noticias de ese compromiso, pero tampoco de la Oficina Xaloc anunciada en 2020 que precisamente suponía una ventanilla única para gestionar ayudas en esta materia. A nivel local, los vecinos afectados por situaciones que también generan conflictos en sus inmuebles suelen pedir más dinero para estas ayudas, ya que no son cuestiones baratas. En 2019 se aprobaron 400.000 euros para 67 peticiones de rehabilitación de viviendas. Cantidades importantes pero para pocas comunidades. Algo que refleja lo poco que se conoce las necesidades por la falta de informes, pero también la carestía que suponen estas obras. Del grueso de aquellas comunidades que tienen la evaluación, el grueso urge intervención. 

De las expectativas con la deuda histórica a esperar a los fondos europeos

A principios del mandato la rama socialista del bipartito descorchaba por todo lo alto la nueva etapa con una gran ambición: rehabilitar mil viviendas en este mandato en materia de ascensores, eficiencia energética y accesibilidad. Eso sí, con 10 millones de euros de los 43 que le debe la Generalitat al Ayuntamiento por la ya célebre deuda histórica por los terrenos de la UMH. Hasta ahora, las únicas cifras conocidas, con fondos municipales eso sí, esas 67 peticiones de 2019; este año se aprobaron otros 350.000 euros para una nueva remesa. Una tarea titánica o casi imposible. Hay algunos programas autonómicos como el Plan Renhata, pero los deberes se han ido acumulando.

Así, una de las esperanzas ahora es la de los Next Generation EU, programa para la reconstrucción europea tras la pandemia que tendrá, entre otras convocatorias canalizadas por los ministerios, una de renovación urbana, para los que el equipo de gobierno ya ha fijado su mirada en San Antón con una próxima fase, en Los Palmerales y en Carrús, concretamente en Porfirio Pascual. Se han planteado posibles Arru (Área de Regeneración y Renovación Urbana), aunque no necesariamente con el modelo de la renovación de San Antón. Y en todo caso, habrá que esperar a que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publique la convocatoria para las manifestaciones de interés a las que presentar borradores de las propuestas. Hasta entonces, pues todo el programa europeo va con retraso y hay incertidumbre con las fechas, el problema urbanístico y del parque de vivienda seguirá ahí.