ALICANTE. Los socios de la mercantil alicantina Litoral Mediterráneo 2 SA, que en 2019 renunció a la urbanización del sector pendiente del PAU-5 de Alicante en la playa, siguen 'vaciando' una empresa que ya no tiene cometido alguno. El constructor y promotor alicantino Joaquín Rocamora, la promotora valenciana María José Lladró, o el benidormense Francisco Murcia Puchades formaban parte del accionariado de la firma que, desde que cedió la condición de urbanizadora a otra mercantil (participada por Alibuilding, CHM y Bonmatí), ha llevado a cabo dos reducciones de capital.
La primera, a finales de 2019, se acometió al recomprar las acciones a uno de los socios para la autocartera de la sociedad, y posteriormente amortizarlas. Entonces, la urbanizadora redujo su capital en cerca de un millón de euros. Ahora, dos años y medio después, la reducción tiene por objeto devolver aportaciones a los socios, como un paso más en el camino hacia el cierre de la mercantil. El importe de la devolución, y por tanto de la reducción de capital, es esta vez de 1,6 millones de euros, al disminuir el valor nominal de todas las acciones. Litoral Mediterráneo 2 sigue contando con un capital de 1,26 millones de euros.
Como contó Alicante Plaza en su momento, la promotora renunció a su papel de agente urbanizador de la zona pendiente en el PAU-5, en la Playa de San Juan, a favor de una nueva mercantil constituida por las constructoras CHM, Grupo Bonmatí y Alibuilding (de los fundadores de Goldcar, Juan y Pedro Alcaraz). El Ayuntamiento de Alicante dio el visto bueno a la cesión a finales de 2019, y el pacto entre constructores se completó un mes más tarde con un segundo movimiento: los Alcaraz abrieron el capital de varias de sus promotoras a una filial del grupo Alicante Urbana de los Rocamora: Urbanizadora Playa SL.
Rocamora, que hace ya unos años cedió la gestión diaria de sus empresas a sus hijas, aunque sigue vinculado al grupo que fundó, puso en marcha en su momento varios proyectos junto con María José Lladró, socia de Litoral Mediterráneo 2 y de otras promotoras compartidas con Rocamora a través de su firma Inmuebles Altia. Pero el que fuera presidente de la extinta patronal alicantina, Coepa, y primer presidente de Ineca, también se asoció con otra Lladró, en este caso Mari Carmen, para impulsar un campo de golf con urbanización en Onil, que nunca salió adelante (fue la empresa la que renunció, de hecho).
La empresa, Grupo Empresarial La Cañada, adeuda 12,7 millones de euros a la Sareb tras un llamativo concurso de acreedores en el que, después de cuatro años sin pasar a la fase de convenio, el 'banco malo' se quedó como único acreedor tras varios acuerdos para renunciar, condonar o ceder créditos. La Sareb tendrá que acudir a la vía ejecutiva si quiere recuperar la deuda, como adelantó este periódico, aunque los terrenos que se usaron como garantía hipotecaria se han devaluado al volver a ser rústicos.