Foto: RAFA MOLINAELCHE. El Ayuntamiento de Elche ha formalizado este viernes la compraventa de la fachada de Nuevos Riegos El Progreso, y lo que queda de la vieja sala de venta de aguas. Como ya acordó en Junta de Gobierno de octubre, adquiere el inmueble para oficinas municipales, con una compraventa rubricada este viernes por 777.146,7 euros, más una indemnización de 141.668 euros como acuerdo transaccional de responsabilidad, ya que la propiedad había demandado al Consistorio. En total, unos 920.000 euros.
El precio acordado de la compra ha sido de 642.270 euros, más el IVA correspondiente, lo cual había consignado ya con remanente de tesorería. Asimismo, el vicealcalde Francisco Soler también ha dado a conocer este viernes que la propiedad había demandado al Consistorio por responsabilidad civil tras todo el laberinto iniciado hace siete años, con la paralización in extremis del derribo del inmueble y fachada, así como de la posterior sentencia que obligaba a la protección y catas arqueológicas para edificar. Con este acuerdo monetario con la propiedad, la administración local hace decaer la interposición de la demanda.
Con la materialización de este acuerdo, Soler mostraba la satisfacción por la operación este viernes, enfatizando en que se resuelve así "un problema pendiente de arreglar para todos los ilicitanos, que además tenía lugar en una de las entradas a la ciudad", en referencia al apuntalamiento que obstaculiza el tráfico en la Plaza de la Constitución.
Ahora, una vez se formaliza la adquisición, se abren dos vías. Por un lado se tiene que modificar de nuevo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que hay abierto un expediente de protección de la fachada, eso sí, con el mantenimiento in situ, como había acordado la anterior conselleria de Cultura. En marzo del año pasado se publicó la última consulta pública de la solución general de entonces, a expensas de la aprobación final en pleno, pero con las elecciones a las puertas no hubo sesión plenaria y todo quedó a las puertas. Así que como ya ocurrió con la reclasificación de suelo para la fallida consolidación del mercado provisional, hay que deshacer ese acuerdo.
Se modificará el expediente para integrar la nueva solución adoptada: que la fachada se alineará con el nuevo edificio, para lo cual habrá que desmontar la misma y después volver a montarla integrada en el inmueble. La dirección de Cultura ha vuelto a recomendar que convendría elaborar la ficha de protección (de la fachada) en tanto que inmueble en el NHT-BRL, con la delimitación "con precisión, gráfica y literalmente". Y que se ha de garantizar "en la medida de lo posible, el mantenimiento de la estructura urbana, de las características generales del ámbito y de la silueta paisajística y evitando la alteración de edificabilidad, la modificación de alineaciones, las parcelaciones y las agregaciones de inmuebles salvo que contribuyan a la mejor conservación del núcleo". Por otra parte, y de forma paralela, se redactará el proyecto para definir tanto el destino del futuro edificio como de su coste, para lo cual tendrá que licitar las obras.
A este respecto, si bien cabe recordar que en una de las modificaciones presupuestarias de este 2024 se consignó un millón de euros para "adquisición de inmuebles", en genérico, Soler avanza que aunque no tenga una partida nominativa, la inversión del futuro inmueble y retranqueo de la fachada están contemplados en las cuentas de 2025 y que esta operación, licitación y ejecución, podría hacerse a través de Pimesa, aunque aún no es seguro.
Por su parte, el concejal de Urbanismo recuerda que empezaron a negociar con la propiedad "un mes después de tomar posesión", y que han sido muchos meses de reuniones, "siempre con predisposición de la propiedad a llegar a un acuerdo", y que en el espíritu del equipo de gobierno siempre ha estado el de solucionar estas cuestiones "sin menoscabar los derechos de nadie, porque tenían unos derechos adquiridos". Durante el proceso de estos meses, Soler recuerda que la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a proteger la fachada y a los propietarios a realizar catas arqueológicas antes de construir —ya que el Consistorio otorgó la licencia sin esta condición previa, necesaria al ser casco histórico—, "no especificaba cómo proteger". Y que el acuerdo estuvo a punto de no firmarse en algunos momentos.
En este caso, el actual Ejecutivo, con el cambio de gobierno autonómico, ha encontrado una mayor predisposición de Cultura, que de una posición inamovible en la anterior legislatura en cuanto a la ubicación actual, avaló la propuesta ahora de retranqueo tras llegar el Ayuntamiento a un acuerdo con la propiedad del inmueble. En el pasado mes de septiembre Cultura dio su luz verde para esta solución de tranqueo. Eso sí, el Ayuntamiento ha tenido también que llegar a ese acuerdo de indemnización para que se retire la demanda de los propietarios, "muy superior", apunta Soler, a esos 141.000 euros que se han fijado ahora. En el pasado 2022, como contó este diario, los propietarios ya exigían daños y perjuicios y se abrían a una venta o permuta del solar y construcción.
