ALICANTE. Llega la hora de los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante para 2024. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), prevé abrir la ronda de contactos con el conjunto de los grupos de la oposición a partir de la próxima semana con el fin de exponer los trazos gruesos de su propuesta de planificación económica y recabar posibles propuestas que puedan formular los representantes de PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem, aunque al menos los ediles del partido de Santiago Abascal y los de la coalición valencianista ya han hecho llegar sus planteamientos en encuentros previos.
Así lo ha manifestado el alcalde, Luis Barcala, este viernes -tras participar en la presentación de la nueva flota de vehículos incorporados al servicio de limpieza viaria-, tras señalar que el borrador de las cuentas está prácticamente finalizado -podría llegar a aprobarse en Junta de Gobierno en el margen de dos semanas- y que se prevé someter a fiscalización por parte del departamento de Intervención al mismo tiempo que se mantienen encuentros con los grupos opositores.
Esa circunstancia podría obligar a que las aportaciones que los cuatro formaciones puedan formular deban canalizarse ya bajo el formato de enmiendas (con el proyecto de presupuestos ya aprobado en Junta de Gobierno), lo que limita la capacidad de maniobra al restringir el movimiento de partidas entre las cifras consignadas para cada concejalía (sin posibilidad de transferir fondos de un área a otra). Con todo, el primer edil ha señalado que parte de las peticiones trasladadas por Vox y Compromís ya se habían incorporado al borrador, con lo que se trataría de sumar su respaldo.
No es un objetivo menor, ya que el PP -que gobierna en situación de minoría con 14 concejales en una corporación de 29 ediles- requiere del apoyo explícito (voto afirmativo) o la abstención de al menos otro grupo político para que los presupuestos puedan quedar aprobados. Y esa es, precisamente, la condición que no se cumplió en la tramitación de las cuentas de 2023, lo que forzó a prorrogar las de 2022 y a promover modificaciones de crédito para cubrir gastos ineludibles como el incremento de los costes derivados de la puesta en marcha de las nuevas contratas (transporte público en autobús o servicio de limpieza por ejemplo), gastos corrientes (consumos energéticos), de personal (incremento de nóminas de los funcionarios) o del anticipo de inversiones cofinanciadas con fondos europeos.
De ahí que el PP se vea abocado a mantener una posición flexible para granjearse el apoyo de al menos uno de los partidos opositores, en un contexto en el que Vox sigue siendo el aliado más asequible en términos políticos, a pesar de que se haya escenificado algunos ejemplos de distanciamiento en cuestiones como la determinación de los impuestos municipales también en este nuevo mandato. En todo caso, esa proximidad entre las dos siglas se ve reforzada si se tiene en cuenta que las dos formaciones comparten responsabilidades de gobierno en el Consell.
Con todo, el primer edil no ha llegado a detallar cuáles serán las líneas prioritarias que se pretende atender en el nuevo presupuesto, al margen de confirmar la inclusión de fondos para la implantación de la primera fase de la carrera profesional (el sistema de ascensos y de mejora retributiva de los funcionarios municipales), además del incremento salarial anual de en torno a un 3%, y de la provisión de partidas para actuaciones pendientes del pasado mandato que ya se encuentran en fase de contratación.
Pese a que Barcala no las ha enumerado, se trata de proyectos como las mejoras en colegios contempladas en el Plan Edificant, la finalización de las obras de reurbanización de la Plaza de San Blas, la construcción del nuevo pabellón de Tómbola, además de la finalización de las mejoras en el entorno del Pitiu Rochel, la conclusión del parque de La Torreta, el inicio de obra del parque deportivo entre el PAU 4 y el PAU 5, o la segunda fase de la reurbanización de la avenida de Niza, en Playa de San Juan, por ejemplo.
En esta línea, también ha recalcado que las actuaciones que conlleven un mayor gasto quedarán incorporadas en el presupuesto para que puedan desarrollarse a lo largo de un año, mientras que las intervenciones de menor importe permanecerán aplazadas a los remanentes al requerir de menores plazos de ejecución.
El primer edil ha justificado, además, el retraso respecto a la planificación que el propio PP se había marcado con antelación para señalar que no se disponía hasta ahora de información precisa sobre las transferencias estatales y autonómicas con las que se podía contar. Se trata de datos necesarios para cuantificar los ingresos disponibles, toda vez que se ha descartado la posibilidad de promover incrementos en los impuestos municipales, como sí se ha acordado en otros ayuntamientos de la provincia.
En todo caso, también ha señalado que se ha abordado un ejercicio de contención y racionalización del gasto corriente que resultaba necesario y, al tiempo, sí ha considerado garantizado que las cuentas se elevarán a pleno para su aprobación antes de 31 de diciembre para que su aprobación definitiva pueda abordarse a principios de 2024.
Además, ha incidido en que ya se están manteniendo reuniones con la Generalitat para abordar actuaciones que dependen de los presupuestos autonómicos como la ampliación de la Vía Parque o el desarrollo de la futura estación intermodal en los terrenos liberados de las vías del ferrocarril, en la que deben tener encaje el tranvía, el tren y los autobuses. Para todo ello, según ha recalcado, se está recopilando todos los informes necesarios para no tomar decisiones discrecionales o sin justificación, en un aspecto en el que encajaría el estudio de posibilidades para cerrar el trazado de la Gran Vía en el tramo que afecta al Puente Rojo, sin que se haya preconcebido su eliminación.
No obstante, Barcala ha descartado la posibilidad de que pueda celebrarse el pleno sobre el debate del estado de la ciudad como condición previa a la planificación del presupuesto municipal, como planteaba el grupo municipal del PSOE. En este sentido, el primer edil ha señalado que "el debate real" tuvo lugar hace cuatro meses, con el desarrollo de las elecciones municipales. Por ello, ha considerado que no resulta pertinente celebrar ahora un pleno para volver a debatir sobre Alicante "cuando solo han transcurrido cuatro o cinco meses de gestión en este nuevo mandato", ha señalado.
Esa negativa ya ha suscitado el reproche del propio PSOE. Su portavoz, Ana Barceló, ha señalado, a través de un comunicado, que "el alcalde no quiere debatir. Se comporta como un rey absolutista mientras calla frente a los recortes de Mazón que perjudican a la ciudad". Además, ha apuntado que en 2019, cuando también hubo elecciones municipales, sí se celebró el debate sobre el estado de la ciudad.
Sea como fuere, ha recalcado que el PSOE "exigirá, por responsabilidad y para velar por los intereses de todos los alicantinos y alicantinas, que se convoque dicha sesión plenaria de carácter extraordinario". "Si el alcalde se niega a convocar un pleno para hablar sobre la ciudad, solicitaremos formalmente que se celebre. Barcala tiene que dar explicaciones sobre su gestión, sobre las iniciativas que incluirá en los presupuestos y convocar a los órganos de participación de la ciudad. No puede gobernar de espaldas a la ciudadanía", ha concluido.