Vista aérea de la terminal explotada por TMS, en la que XC Business promueve la planta de almacenaje.ALICANTE. El futuro del proyecto promovido por XC Business 90 para construir una planta de almacenaje de combustible con seis macrodepósitos en el Puerto de Alicante parece abocado a dirimirse de manera ineludible en vía judicial. Por lo pronto, al margen del contencioso interpuesto contra el Ayuntamiento por la denegación de su licencia por silencio administrativo -la primera resolución contraria a la ejecución del proyecto conocida hasta ahora-, la compañía ya ha advertido con la posibilidad de acudir a la jurisdicción penal al advertir indicios de prevaricación en esa decisión.
La advertencia se comunicó, precisamente, después de que la Concejalía de Urbanismo que dirige el edil Adrián Santos Pérez (Cs) comunicase la desestimación de su permiso de obra mayor, solicitado en el año 2013. En un extenso escrito de solicitud de aclaraciones dirigido a ese mismo departamento municipal, los representante de XC Business 90 sostienen que el rechazo a esa licencia carece de fundamentación. O lo que es lo mismo, que la decisión se adoptó de manera "arbitraria" y "a sabiendas de que es un acto administrativo manifiestamente injusto impropio de una administración pública". Todo, además, de señalar la existencia de "dilaciones indebidas" en la respuesta a esa petición de licencia.
Así, en el último apartado de ese escrito, la compañía recuerda expresamente cuáles son los requisitos que conforman el tipo legal del delito de prevaricación, tras referirse a las manifestaciones de varios "responsables municipales a través de los medios de comunicación" respecto a la viabilidad del proyecto y a las "irregularidades detectadas en diversas actuaciones del Ayuntamiento".
¿En qué consistirían esas anomalías? A juicio de la compañía, básicamente en que el ayuntamiento habría tratado de aplicar una legislación posterior al momento de presentación de la solicitud de la licencia, en el año 2013, pese a tener conocimiento de que esa normativa no era la que correspondía tener en cuenta. Así, a través de ese escrito, la empresa solicita una rectificación en lo que considera "un proceder injusto" e incluso plantea que se inicien los expedientes disciplinarios que corresponda frente a los responsables de ese procedimiento. Y ello, al margen de reservarse la posibilidad de reclamar posibles responsabilidades patrimoniales a la administración.
De hecho, fuentes de la empresa consultadas precisaron que se pretende "llegar hasta el final" para resarcir el posible perjuicio que se les pueda ocasionar en el caso de que se persista en el rechazo a su licencia y de que se impida desarrollar su proyecto íntegro, con las dos fases previstas de partida, sin que se haya producido por su parte una renuncia expresa a la ejecución de la segunda fase. Al respecto, según las mismas fuentes, solo se habría acordado una variación temporal en la modificación de la concesión de la que dispone TMS para explotar la terminal de mercancías del Puerto, a instancias de la propia TMS, con el propósito de habilitar otros usos en parte de la superficie reservada a la construcción de los futuros depósitos de la planta de almacenaje. De hecho, como ha informado este diario, en ese emplazamiento ya se encuentra en funcionamiento una terminal de transporte de vehículos.
En todo caso, lo cierto es que esa comunicación de advertencia ante el Ayuntamiento no ha suscitado ninguna decisión administrativa posterior. Como ha informado este diario, el proyecto sigue sin desarrollarse, pendiente de la posible obtención de licencia que sigue supeditada al informe de evaluación ambiental por parte de la Conselleria de Transición Ecológica, y al desenlace del contencioso interpuesto por la empresa.
En esta línea, el departamento autonómico ha vuelto a requerir al Ayuntamiento que se le facilite el proyecto íntegro de la empresa para dar inicio a ese expediente de evaluación. Y ello pese a que, según subrayaron fuentes municipales este miércoles, esa documentación se remitió a la conselleria el pasado 11 de agosto. Además de ese informe de evaluación ambiental, el proyecto también debe superar un informe sobre actividades calificadas por parte de la misma conselleria, al tratarse de una propuesta que conlleva el almacenamiento de mercancías peligrosas, como también se apuntaba en el informe jurídico emitido elaborado por el Ayuntamiento de Alicante.
