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nuevas generaciones y algunos ajenos utilizan esta fórmula

El otro acceso a alguna de las nuevas viviendas de San Antón en Elche: la compra de los viejos pisos

9/09/2019 - 

ELCHE. El tercer bloque de San Antón se empezará a levantar en breve, mientras que paralelamente se siguen ejecutando actuaciones de reparación y apuntalamiento de bloques en mal estado, como es el caso del 2, del que el Ayuntamiento ha sacado a licitación el servicio de obras. Se puede decir por tanto que el degradado barrio está inmerso en la realidad que vive desde hace varios años, una lenta renovación mientras espera que los nuevos edificios vayan sustituyendo los viejos, algunos ya no con aluminosis, sino con carbonatación. Mientras tanto, la renovación se ha convertido en una opción para que familias jóvenes o alguna gente de fuera del barrio aproveche para adquirir una nueva vivienda.

Mientras algunas familias esperan a los siguientes sorteos para elegir otras viviendas del nuevo edificio, porque las que les han tocado son pequeñas, algunas generaciones más jóvenes están comprando pisos de sus abuelos, otras heredándolos por defunción… Y en algunos casos concretos, como denuncia un sector del vecindario, gente ajena al barrio ha comprado varios pisos para poder acceder a las nuevas viviendas. En común, todas fórmulas para hacerse con alguna de las nuevas viviendas que está promocionando la empresa municipal Pimesa, con financiación pública del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento.

Derecho al acceso, pero los últimos en la cola

Sin embargo, es una situación que no ha gustado a algunos vecinos, que no entienden que gente de fuera del barrio pueda acceder las nuevas viviendas comprando alguno de los viejos pisos para tener derecho. Por su parte, desde la empresa municipal aclaran que ellos no pueden hacer nada en un negocio entre particulares y señalan que "los propietarios de las viviendas antiguas están en su derecho de venderla". Eso sí, también apuntan que la gente que no es de San Antón que ha comprado alguno de estos pisos son unos pocos casos puntuales, frente a las decenas de personas del barrio que aspiran al segundo bloque. Con todo, a la hora de los sorteos de los nuevos inmuebles, estos recientes propietarios serían los últimos en poder elegir tras los inquilinos del viejo edificio, que tienen derecho prioritario. Eso sí, desde Pimesa aseveran que “nadie está especulando” y que ningún banco o inmobiliaria se va a hacer con una de las nuevas viviendas, que son algunas de las cuestiones que inquietan a quienes recelan de estas compras o el proceso en sí. No obstante, alguno de los vecinos denuncia que en uno de los bloques se han comprado pisos sin luz ni agua, y los propietarios están esperando que se les llame para el sorteo. “O les dan (el Ayuntamiento) piso a gente que tiene el piso cerrado”, apunta uno de los vecinos. 

A ese respecto, aparte de la compra privada entre particulares que apuntan desde Pimesa, el estado en el que cada una de ellas se encuentre es cuestión de los inquilinos. Sobre esto, el Ayuntamiento ha sacado a licitación recientemente un pliego de condiciones para un nuevo apuntalamiento, esta vez en el bloque 2, para actuar paralelamente en un barrio degradado y que ha estado olvidado durante años por las instituciones —y después de haber despojado al mismo de algunos servicios o infraestructuras públicas—, mientras se produce la renovación del barrio. No obstante, dejando a un lado las quejas vecinales, que siguen denunciando problemas de salubridad por los pisos abandonados o patios de luz en los que se cuelan palomas u okupas, respecto a la polémica sobre las ventas, desde la empresa municipal apuntan que lo que sí han gestionado bastante son herencias. Pisos que pertenecían a inquilinos que han fallecido o incluso compras de gente del barrio de otros pisos para dejar a sus herederos o familiares: “tienen los mismos derechos y es una forma de que el barrio se rejuvenezca”.

Derechos y limitaciones de las nuevas viviendas

Sobre esto último, desde la empresa municipal argumentan que intentan facilitar el acceso de todos los propietarios individualmente, y en aquellos casos en los que falta poder adquisitivo para las nuevas viviendas, se buscan avales entre la familia o se plantearán alquileres sociales de los nuevos bloques. Es, sin duda, uno de los quids de la cuestión, qué pasará con aquellos vecinos que no puedan acceder a las nuevas casas o que no quieran irse. En cualquier caso, se sigue tratando de un proceso de renovación que como se suele decir, va por barrios, algunos vecinos están contentos con los pisos, otros prefieren la comodidad de edificios menos altura como los actuales o no les apaña el tamaño de los nuevos —van desde los 40 a los 59 m2— por la familia, pero el Ayuntamiento los está vendiendo a precios económicos precisamente porque son equivalentes en tamaño a los actuales, "si no serían más caros", apuntan.

Por otra parte, otra de las quejas venían porque hay alguna de las nuevas viviendas que se está alquilando, lo que los vecinos también han mirado con suspicacia, pero desde Pimesa señalan que la Conselleria de Vivienda está al tanto porque se le consultó el caso, y lo autorizó. Una vez más, es cuestión de un uso de un particular. Sobre estos aspectos, los más relativamente 'polémicos' y sobre los que hay cierta inquietud entre vecinos y/o colectivos, estas son las condiciones que señalan los pliegos de condiciones:

El destino de las viviendas renovadas será el de residencia habitual y permanente del propietario, del inquilino o usuario por cualquier título, que al menos será de cinco años a contar desde la Calificación Definitiva de la actuación. Las viviendas no podrán ser objeto de transmisión de dominio intervivos, total o parcialmente, por ningún título, durante el plazo de diez años a partir de la fecha de Calificación definitiva —y establece que para hacerlo antes se tendrá que solicitar permiso a la Comunidad Autónoma—. En cualquier caso, las viviendas de nueva construcción del ARRU Barrio de San Antón están sujetas a un régimen de protección pública, sin posibilidad de descalificación voluntaria, que se extenderá a toda la vida útil de la vivienda, considerando como tal un periodo de treinta años, contados desde su Calificación Definitiva. 

Así pues, la renovación del barrio continúa adelante con el proceso previsto, y como pasó hace años, cuando surgieron conflictos entre vecinos que querían renovar los decrépitos edificios actuales —el Ayuntamiento ha defendido que era más cara la rehabilitación y algunas reformas particulares no han sido fructíferas— o construir nuevos, sigue habiendo posiciones enfrentadas respecto a qué solución era mejor por las situaciones de grises que hay en medio, tanto personales como físicas de los inmuebles que se tirarán abajo para seguir levantando bloques más altos. Cuando finalice toda la renovación, dentro de años, se verá si ha habido un proceso de gentrificación y qué se hace con el suelo público y las zonas verdes que hay en el barrio.  

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