ELCHE. El pasado viernes, la Junta de Gobierno Local aprobó encargar a Pimesa las gestiones necesarias para incluir la segunda fase del Área de Renovación Urbana (ARU) de San Antón en el programa de Fomento de regeneración y renovación urbana incluido en el Plan de Vivienda 2018-2021. Una opción que se abre tras varias modificaciones normativas a nivel nacional en materia sobre renovación urbana, por lo que el equipo de gobierno espera incluir esta segunda fase que contempla la construcción de un nuevo bloque de 55 viviendas. Este, junto al segundo bloque de 120 viviendas que acabará en diciembre y la aprobación del tercer bloque con 90 viviendas, supone otro pequeño paso para renovar un barrio que vive desde hace veinte años en bloques en estado ruinoso, y que no han estado exentos de polémica por la gestión de la intervención.
Tras la construcción de esta primera fase quedarán dos parcelas edificables en el barrio según el Plan de Reforma Interior (PRI). Asimismo, en cuanto a la segunda fase, tendría una inversión total de 4,6 millones de euros, de los cuales 2,6 serían aportados por el Ministerio de Fomento y por la Generalitat Valenciana, 332.987 euros por parte del Ayuntamiento, y lo que falta hasta llegar a los 4,6 millones, lo pondrían los vecinos a través de sus viviendas antiguas —para su ulterior demolición—, que tiene una valoración, y una “pequeñísima” —según el Ayuntamiento— diferencia en dinero. Sobre el cuarto bloque de 55 viviendas, en principio, está destinado a los vecinos del bloque 6, ya que es el que peor conservado está según los informes técnicos de Pimesa, el ente gestor de la intervención.
Por tanto, se están finalizando los trámites municipales para dejar atada la primera fase de renovación urbana para esta legislatura, que se corresponde con 300 viviendas de los bloques 11 al 14. Se elaboró un PRI en el que para llevar a cabo esta fase se dotaba de cinco solares edificables para la construcción de los bloques que fuesen necesarios. El primero de 74 ya está habitado casi al 100% por propietarios del barrio, salvo alguna excepción en la que se dio la contradicción de que en el sorteo se habían quedado con el piso vecinos del barrio que viven en el extranjero, para lo cual Pimesa ha cambiado la normativa, de forma que sean quienes aún viven en el barrio los que tengan prioridad a la hora de elegir casa. Quienes tengan derecho sobre pisos vacíos en el barrio, también tendrán derecho a vivienda, pero serán los últimos en elegir. Asimismo, el segundo bloque, al 92% de la obra, se estima que acabe en diciembre, falta el último paso para que el Ayuntamiento autorice su comercialización y las condiciones de venta, así como aclarar las subvenciones que hay. Estas se presentarán en dos semanas. En cuanto al tercer bloque, ya se ha aprobado su proyecto de obras.
Así pues, una intervención que avanza lenta por los trámites que conlleva, tanto a nivel estatal o autonómico, como de los municipales —como la tardanza en entregar las llaves del primer bloque tras llevar construido casi dos años, con las consiguientes quejas de los beneficiarios—. En ese sentido, mientras se van levantando los nuevos edificios, el Consistorio ha invertido más de un millón de euros para reforzar y apuntalar bloques. Uno de los inmuebles apuntalados donde se han hecho importantes desembolsos es por ejemplo el bloque 15, aunque no es el único, ya que actualmente hay apuntalados 12 de los 16 bloques. Sin embargo, ese bloque 15, por ejemplo, se rehabilitó sin criterios de accesibilidad. Un ejemplo de por qué desde las instituciones públicas se prefirió optar por la edificación nueva, ya que las rehabilitaciones dejaban prácticamente los edificios igual por fuera, según indican. Una situación que generó enfrentamientos entre vecinos y Ayuntamiento, por parte de la Asociación por la Defensa de los Intereses del Barrio San Antón (Adibsa), defensora de la rehabilitación, y con quienes defienden las nuevas edificaciones.
En cualquier caso, unos inmuebles cuyos forjados y pilares sufren de aluminosis o carbonatación en los peores casos, debido a los pobres materiales con los que se construyeron en los años 50 —proyectado en 1959 por los arquitectos Serrano Peral, Muñoz Llorens, Pérez Aracil y López Martínez—, un emblema del desarrollo industrial de la ciudad para casas de los obreros de la época y migrantes venidos de Andalucía o Castilla La Mancha. Unas viviendas en mal estado y que han llevado esperando 20 años para una solución que empieza a llegar ahora, muy lenta por los mencionados procesos y legislaciones, tras intentos fallidos como los del Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) —ahora en medio de diligencias penales—, el órgano ejecutor de las políticas públicas de vivienda de la Generalitat hasta su liquidación en 2012, que instaló una oficina en la ciudad para gestionar soluciones al problema, y que apenas gestionó alguna urbanización en el barrio.
Una gestión en tiempos en que el dinero autonómico iba a grandes proyectos, y que tras la inacción del IVVSA, se decidió ceder la papeleta a Pimesa, que es el ente gestor de la reurbanización del barrio, y que la asumió cuando estaba sin firmar el convenio entre Ayuntamiento y Generalitat, de forma que no estaba asegurada la recuperación del dinero que Pimesa está adelantando para la urbanización del barrio. Aunque los beneficiados de esas ayudas son los propietarios de las viviendas, este medio propio municipal es el gestor, y hay un gran desfase entre que se hace la intervención y se percibe el dinero de la misma.
Así pues, mientras que se vayan construyendo las fases con los nuevos bloques, se irán derribando los viejos inmuebles para después construir nuevos sobre esos solares. Una forma ordenada de ir no sólo reconstruyendo el barrio, sino renovándolo, ya que la idea es que a esos pisos nuevos también lleguen familias más jóvenes, hijos o nietos de los antiguos propietarios que van falleciendo, de forma que el barrio se repuebla, explican desde la empresa municipal. De hecho, esa gente más mayor es uno de los principales problemas que ha ido dejando esta intervención, ya que hay propietarios de toda la vida que no tienen suficiente dinero ni para las nuevas viviendas, a pesar de su reducido precio —sobre 16.000 euros o precios algo más superiores— por la entrega del piso viejo.
Para estos casos, Pimesa está ofreciendo atención personalizada para cada uno de ellos, con problemas encima como gente mayor a la que el banco no ofrece préstamos por su avanzada edad, y a la que se le buscan familiares con capacidad para avalar por sus bajos ingresos. Asimismo, en el caso de que tampoco accedan a recibir ayudas, desde la empresa municipal indican que también habrá que plantear alquileres sociales para las personas más vulnerables, de forma que nadie se quede sin su piso. Por otra parte, también apuntan que para aquellos vecinos que se habían comprado una vivienda, han podido modificar sus hipotecas o préstamos para amoldarlos a las casas nuevas de San Antón, y también han asesorado con las escrituras de herencia. Eso sí, fuentes de la empresa indican a este medio que en cualquier caso, si bien hay mediación con los bancos para facilitar y gestionar algunos casos, las entidades bancarias no tendrán derecho a ninguna de las nuevas viviendas, por lo que estas nuevas casas únicamente podrán ser propiedad de los vecinos del barrio. Además, por ley, en el caso de que alguno de estos quiera venderla, será difícil porque hay limitaciones legales para ello.
Así pues, dos décadas después, el barrio, casi totalmente circunvalado y con el temor —de parte de los vecinos— a la gentrificación volando sobre él, empieza a vivir un importante cambio urbanístico por la situación de degradación a la que ha sido condenado durante años por parte de las administraciones. Mientras que el Ayuntamiento sigue defendiendo la misma postura que hace diez años, al señalar que la reconstrucción es la opción más viable, aún existen posturas encontradas entre parte de los vecinos que siguen optando por la rehabilitación y sin fiarse de los informes que la desaconsejan, una situación que se puso de relieve en las elecciones municipales de 2011. Se resignan a ver nuevos edificios que rompen con la imagen tradicional del barrio, que aunque en malas condiciones, sigue sobreviviendo al cierre de su centro social, de centros educativos, a numerosos problemas con el autobús, además de la polémica suscitada hace años por haber talar el Consistorio un pino centenario.
Asimismo, en 2005, el barrio fue declarado en ruina económica —que no técnica—, lo que permite derribar si el coste de la rehabilitación supera la mitad del presupuesto de construcción —se considera el valor del edificio, pero no el del suelo sobre el que se asienta—. Tres años después, en 2008, el Acuerdo de la Comisión Bilateral del Área de Renovación Urbana programó la renovación de 1.095 viviendas con un presupuesto de 129 millones de euros. Entonces se empezó a hablar de la primera fase con las 307 viviendas y que sigue sin ejecutarse al completo. El primer bloque fue construido por Edificaciones Alcudia, en UTE con Eurolosa, mientras que el segundo lo fue con una UTE en la que se encontraba FCC.
