ELCHE. La nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) obliga a que los medios propios personificados —entidades públicas que funcionan como instrumentos que suelen tener funciones concretas y están al cargo de los ayuntamientos—, como el caso de Pimesa en Elche, demuestren que son ese medio propio y que funcionan como tal, y para ello hay que cumplir una serie de requisitos. En la última sesión plenaria, correspondiente al mes de julio, se aprobó una modificación estatutaria de la empresa municipal, tras demostrar que funciona como ese medio propio personificado y que participa de sus competencias en la contratación del sector público.
Lo que contempla la nueva ley es que estos instrumentos se adapten a la misma, demostrando que son medio propio en lo referente a las anteriormente conocidas como encomiendas de gestión —que una administración pública traslade la potestad a otro órgano para realizar diferentes actividades o intervenciones—. Estos encargos no pueden tener la aplicación de las normas que regulan la contratación del sector público, aun cuando las prestaciones que son objeto del mismo sean las propias de los contratos del sector público. Para que esta excepción sea aplicable deben cumplir tres requisitos, con el objetivo de que no se utilicen estos instrumentos, en este caso, Pimesa, para evadir las normas que rigen la adjudicación de los contratos públicos.
En este sentido, los tres requisitos exigidos son el control del Ayuntamiento, que el capital sea 100% público y que sólo el 20% de las operaciones las hiciera directamente en el mercado. Mientras que las dos primeras sí las cumplía, se encargó un estudio para corroborar que la última exigencia también se cumple y dichas operaciones están por debajo del límite, cosa que se cumple. En ese sentido, este último requisito es importante para que la administración se asegure de que el organismo no se está excediendo de sus competencias y sólo compite en el mercado en un reducido número de ocasiones, para evitar posibles casos de competencia desleal y de mal uso del ente.
Este paso es necesario para que los encargos que se les hace a estos instrumentos se puedan hacer de acuerdo a las normas que regulan la contratación del sector público, es decir, aun cuando las prestaciones que son objeto del mismo sean las propias de los contratos del sector público, que por norma general se licitarían en un concurso para empresas privadas. Se les conoce como los contratos domésticos o in house providing. La nueva ley de contratación pública establece el cumplimiento de estos tres requisitos para poder excepcionar la aplicación de estas normas regidas según las Directivas comunitarias en materia de contratación. El cumplimiento de dichos requisitos permite recurrir a esta opción como vía de escape de las rígidas normas que rigen la adjudicación de la contratación pública. En ese sentido, esta nueva ley regula de forma más completa y compleja esta figura.
Ahora, la habitual ‘encomienda de gestión de contenido contractual’, a la que se puede recurrir por la idoneidad o eficiencia del instrumento —en este caso, Pimesa—, o por la falta de recursos propios —en este caso el Ayuntamiento—, pasa a llamarse ‘encargo a medios propios personificados’. Además de los requisitos, la LCSP trae consigo otros aspectos como la mayor publicidad que se ha de dar en la plataforma de contratación correspondiente a los entes que son medios propios personificados, especificándose de qué poderes adjudicadores la ostenta y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.
En ese aspecto, el de aumentar la publicidad, ya incidió la Sindicatura de Comptes recientemente con la auditoría favorable de las cuentas de 2016. Con el último requisito del que faltaba por corroborar su buen hacer, queda muy limitada la intervención en el mercado de Pimesa, que se encarga de comercializar actualmente no sólo el Parque Empresarial, también la del futuro Elche Campus Tecnológico. Otras tareas de envergadura de las que se encarga de ejecutar son la gestión de las nuevas viviendas de San Antón, la propia ampliación del Parque Empresarial, o la gestión del Parking Gran Teatro, entre otras.
