ALICANTE. El concurso convocado para adjudicar el servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes de Alicante pasa por ser ya -junto al servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales-, uno de los más accidentados de los que ha tenido que resolver el ayuntamiento a lo largo de los dos últimos mandatos.
El proceso de licitación se inició a finales de 2018, con el PP al frente de un equipo de Gobierno en situación de minoría, seis meses después de que venciese el último contrato en vigor, que hasta entonces quedaba a cargo de la empresa Geamur. Y lo cierto es que, casi dos años después, es esa misma compañía (heredera de la antigua Viveros Albatera) la que sigue facturando por la prestación del servicio. El Ayuntamiento viene aprobando certificaciones mensuales por un importe próximo al millón de euros a través de la aprobación de reconocimientos extrajudiciales de crédito (la fórmula prevista para pagos no reflejados en presupuesto), mientras se dirime la validez de su nueva adjudicación a STV Gestión.
Como informó Alicante Plaza, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) del Ministerio de Hacienda anuló el desenlace del concurso el pasado abril tras admitir el primero de los múltiples recursos presentados precisamente por Geamur. En concreto, contra el acuerdo de la Mesa de Contratación en el que se excluía su oferta tras considerar que incurría en baja anormalmente desproporcionada.
La resolución del TACRC sigue sin ser definitiva a la espera de que se analicen las objeciones formuladas por el Ayuntamiento: en síntesis, que se había obviado el escrito municipal de respuesta al recurso de Geamur. Hasta el momento, el organismo dependiente del ministerio no ha respondido a esa queja.
Entre tanto, la prestación del servicio no se ha traspasado a STV Gestión y tampoco se ha dejado de responder al resto de recursos formulados por Geamur. De hecho, el bipartito compuesto por PP y Cs aprobó este martes, en Junta Local, elevar un nuevo informe de respuesta frente a la segunda de las impugnaciones de la compañía. Esta vez, dirigida contra el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se aprobaba la clasificación de las ofertas, una vez excluida su participación en en concurso.
En la respuesta municipal a ese segundo recurso, los servicios jurídicos del Ayuntamiento inciden en que la propuesta de la compañía presentada al concurso incurría en baja anormalmente desproporcionada sin que hubiese podido justificarla debidamente al ser requerida para hacerlo. De igual modo, se abunda en que no hubo arbitrariedad a la hora de rechazar ese intento de justificación de sus precios y que, en consecuencia, no existía ningún vicio de nulidad para que el TACRC pudiese estimar esa segunda petición de Geamur. Por el momento, ese segundo proceso seguiría su curso.
Así, el futuro de la contrata continúa en el aire tras desatar una feroz competencia entre las empresas del sector. El concurso, que se dividió en tres lotes distintos, con un presupuesto global de 22 millones (7,5 más respecto al contrato precedente), atrajo el interés de 19 licitadores en su segunda convocatoria. La primera quedó suspendida y corregida a instancias del recurso presentado por la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (que agrupa a las principales empresas del sector) contra el primer pliego de condiciones.