Embalse del Rollo en Aspe, donde está llegando agua del Júcar-Vinalopó. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Tres semanas después, la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) vuelve al punto de partida: este jueves se votará, o así lo contempla el orden del día al que ha tenido acceso este periódico, la aprobación de los planes de actuación para seis acuíferos del Alto Vinalopó que en 2020 se declararon sobreexplotados. En esencia, reducir progresivamente los derechos de regadío sobre dichas masas de agua hasta 2027, en algunos casos a cero y en el cómputo global un 90%, pero (tal como sucedía a finales de mayo) sin resolver la alternativa para los usuarios: el trasvase Júcar-Vinalopó.
La aprobación de dichos planes se quedó sobre la mesa hace tres semanas, como pedía el Consell, para que todas las partes pudieran realizar aportaciones y los miembros de la junta de la CHJ pudiesen estudiar en profundidad los planes. Sin embargo, transcurrido ese plazo, el organismo de cuenca vuelve a introducir los planes de actuación sin haber avanzado nada en ningún sentido. Pese a que cada acuerdo puntual con algunos regantes se presente como 'histórico', la transferencia sigue sin convenio, por lo que el Vinalopó no está considerado como demanda del Júcar y la cantidad y el precio del agua dependen de la negociación concreta (y es en estos momentos el más caro de la historia con 0,295 euros por metro cúbico).
La clave del asunto que bloquea el convenio (y que se había resuelto en 2018 con el anterior gobierno, semanas antes de la moción de censura que encumbró a Pedro Sánchez) es el reparto de los costes de amortización de la obra, que ahora se pretenden cargar íntegros sobre los usuarios (son 228 millones de euros), y la dilución del precio del agua entre regadío y abastecimiento, que ahora no se contempla. Ninguna de estas cuestiones se ha resuelto porque, para empezar, el Ministerio de Hacienda exige la devolución de los citados 228 millones en virtud del convenio que firmaron en su día la propia CHJ y Acuamed para desbloquear el trasvase tras el cambio de toma.
De modo que la junta de gobierno del organismo de cuenca volverá a plantear este jueves la reducción en un 90% de los derechos de los usuarios del Vinalopó sobre los acuíferos de Villena-Benejama, Sierra Castellar, Sierra Salinas, Peñarrubia, Sierra de Crevillente y Reclot, sin ofrecer una alternativa de sustitución a dicha reducción. Es decir, una actuación que contraviene la Ley de Aguas, que exige que en el mismo plan que reduce la explotación de una masa de agua en mal estado se establezcan los volúmenes de sustitución. Es decir, el trasvase. Es decir, la transferencia bloqueada porque no hay acuerdo sobre el convenio que debe regularla.
Pero más allá de la polémica en torno al trasvase y la reducción de volúmenes en los seis acuíferos sobreexplotados, sigue la misma cuestión de fondo: la propia declaración de las masas de agua como sobreexplotadas se encuentra en estos momentos 'sub iudice'. La Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, que agrupa a los más de 500 usuarios (comunidades de regantes, ayuntamientos y empresas) con derechos sobre los acuíferos y el eventual trasvase, la recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y está a la espera de resolución.
Precisamente, dos medidas adoptadas por el Alto Tribunal tras el recurso de los usuarios ponen en cuestión el devenir de la declaración de sobreexplotación y, por tanto, los planes de actuación. En primer lugar, que un informe pericial encargado por la Sala, es decir, no presentado por ninguna de las dos partes, considera que dos de las seis masas de agua que se han declarado sobreexplotadas no lo están. En segundo lugar, que el TSJ admitió la medida cautelar solicitada por la Junta de Usuarios, y evitó así que sus socios tuviesen que 'abandonarla' para crear una nueva comunidad de usuarios por cada acuíferos sobreexplotado.
Estas dos circunstancias siembran al menos una mínima duda sobre el buen fin de la declaración de sobreexplotación de 2020, lo que parecería aconsejar una cierta prudencia a la hora de expropiar derechos a los regantes del Vinalopó. Sobre todo porque si se aprueba la 'expropiación' de derechos en base a la declaración de sobreexplotación y luego el TSJCV la anula, las consecuencias (y las reclamaciones por daños) pueden ser catastróficas.
Como anécdota, la comunidad de Castilla-La Mancha, que es abiertamente antitrasvasista a cuenta del trasvase Tajo-Segura, se ve afectada (cierto que mínimamente) por la controversia, al ser Caudete y parte de Almansa usuarios del acuífero de Villena que la CHJ quiere reducir un 75% (en el caso de los derechos de regadío, un 84%). Curiosamente, los representantes de Castilla-La Mancha en la CHJ están a favor de los planes de actuación que cierran los acuíferos, pero al mismo tiempo piden que no afecte a Caudete. Una postura bastante complicada de sostener.
Así las cosas, el escenario es el mismo que hace tres semanas, los problemas y las consecuencias a las que se enfrenta la CHJ también, y por el camino el único 'avance' que se ha producido ha sido el anuncio de un nuevo acuerdo de compra de agua por parte de los regantes (no todos) a nueve años vista, y la visita de Ximo Puig y Mireia Mollà al embalse del Rollo en Aspe, donde pudieron fotografiarse con la llegada de los primeros volúmenes del Júcar-Vinalopó de este año: 18,8 hectómetros hasta finales de 2022 a un precio que lo acerca mucho al umbral de la inviabilidad.
