Embalse del postrasvase del Júcar-Vinalopó en una imagen de archivoALICANTE. La 'guerra del agua' no cesa, tampoco en el terreno doméstico. Con el Tajo-Segura en el alero merced al nuevo plan de la cuenca cedente que eleva los caudales mínimos, las decisiones políticas recrudecen la situación de la parte alicantina de la cuenca del Júcar, el Vinalopó. Una zona que lleva esperando que llegue el trasvase Júcar-Vinalopó 24 años (desde que se firmaron los pactos del agua en 1998), la mitad de ellos con la obra de la transferencia (no así el postrasvase) terminada.
Sin visos de que el trasvase entre en funcionamiento a corto plazo, más allá de los periódicos acuerdos puntuales entre Ministerio y parte de los regantes para comprar agua en verano (y que este año será el más caro de la historia con sus 29 céntimos y medio por metro cúbico), los regantes del Alto Vinalopó afrontan otra amenaza: el progresivo 'cierre' de los acuíferos a los que el trasvase venía teóricamente a sustituir, que se aprobará el próximo miércoles en la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), sin la transferencia en marcha.
Este 'cierre' progresivo consistirá, en esencia, en un recorte de los derechos que los regantes del Vinalopó tienen sobre los acuíferos de la zona, que en 2020 se declararon sobreexplotados (aunque, sin declaración oficial, ya lo están desde hace décadas) por petición de la Dirección General del Agua de la Generalitat. Una reducción de los caudales disponibles para sus usuarios oficiales que se aplicará entre este año y 2027, sin alternativa planteada, y que solo se cargará sobre el regadío, mientras el abastecimiento (lógicamente) y los usos industriales no se verán afectados.
La CHJ ha incluido la aprobación de los planes de actuación relativos a los seis acuíferos declarados sobreexplotados a pesar de que dicha declaración se encuentra en estos momentos 'sub iudice'. La Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, que agrupa a los más de 500 usuarios (comunidades de regantes, ayuntamientos y empresas) con derechos sobre los acuíferos y el eventual trasvase, la recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y está a la espera de resolución.
Precisamente, dos medidas adoptadas por el Alto Tribunal tras el recurso de los usuarios ponen en cuestión el devenir de la declaración de sobreexplotación y, por tanto, los planes de actuación (la expropiación de derechos hídricos que pretende acometer la CHJ este miércoles). En primer lugar, que un informe pericial encargado por la Sala, es decir, no presentado por ninguna de las dos partes, considera que dos de las seis masas de agua que se han declarado sobreexplotadas no lo están.
En segundo lugar, que el TSJ admitió la medida cautelar solicitada por la Junta de Usuarios, y evitó así que sus socios tuviesen que 'abandonarla' para crear una nueva comunidad de usuarios por cada acuíferos sobreexplotado, como pretendía el Consell. Un escenario que, por cierto, habría debilitado la posición negociadora de la Junta ante la Conselleria de Agricultura, la CHJ, Acuamed y el Ministerio de Transición Ecológica. Estas dos circunstancias siembran al menos una mínima duda sobre el buen fin de la declaración de sobreexplotación de 2020, lo que parecería aconsejar una cierta prudencia a la hora de expropiar derechos a los regantes del Vinalopó.
En todo caso, la aprobación de los planes de actuación sobre los seis citados acuíferos ya ha sido incluida en el orden del día de la junta de gobierno de la CHJ el próximo miércoles, como ha podido constatar este diario, y sobre ella tendrán que pronunciarse, entre otros, la consellera de Agricultura, Mireia Mollà (Compromís), su director general de Agua, Manuel Aldeguer, y el de Agricultura, Toni Quintana (ambos del PSPV), o la nueva consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, también socialista. Habrá que ver si esta vez se posicionan o, como sucedió ante la declaración de sobreexplotación de 2020, se abstienen.
Mientras, el trasvase Júcar-Vinalopó sigue bloqueado porque los regantes consideran inasumibles las condiciones económicas impuestas por el nuevo Gobierno. Cabe recordar que, como desveló Alicante Plaza en 2018, la Junta Central ya tenía ultimado un convenio con la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que había puesto en funcionamiento la transferencia ese mismo año. La moción de censura que encumbró a Pedro Sánchez lo frenó primero y lo abortó después.
El problema, además de la calidad del agua en la desembocadura, que viene siendo el leit motiv de la oposición de los regantes alicantinos desde que Cristina Narbona paró las obras del trasvase en 2005 para cambiar el punto de toma, es fundamentalmente de costes. La Junta aspira a que el Ministerio la libere de asumir los costes de amortización (más allá de los 75 millones de euros a los que sí se comprometió en el primer trazado) y que permita redistribuir el esfuerzo financiero entre el regadío y el abastecimiento, como planteaba el fallido acuerdo con Tejerina. Dos cuestiones que, tras el cambio de Gobierno de 2018, la CHJ no ha atendido.
