Embalse de San Diego en VillenaELCHE. Este jueves se hacía oficial el acuerdo entre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y los regantes para rebajar el coste del agua del trasvase hasta los 0,295 céntimos a partir de mayo. Han sido años de negociación que ahora han fraguado en este acuerdo que podría tildarse de 'histórico' al dar viabilidad tanto para los regantes como para el consumo de 38 municipios de la provincia, entre ellos, el norte de Elche. Eso sí, es un primer hito superado, ahora tienen que trabajar en un gran pacto para al menos diez años que garantice un uso a precios razonables y asumibles para el regadío.
Un acuerdo por tanto a tres bandas entre los regantes de la La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) San Enrique y las consellerias y ministerio de Transición Ecológica. Un acuerdo que cimenta "la base para resolver las necesidades de Elche y el conjunto regantes de este trasvase, estamos satisfechos porque es un paso adelante", explicaba el alcalde Carlos González. En este sentido, el presidente de la SAT, Ángel Urbina, que ha sido clave para lograr el acuerdo, mostraba también su satisfacción. Una cuestión, la de pedir agua del trasvase a esta zona de secano que viene de lejos. Tan lejos como 602 años, ya que fue un 27 de mayo de 1420 cuando se solicitó por primera vez. Pero, ¿cuáles han sido los entresijos de este acuerdo?
Tras años de muchos encontronazos y cambios de tomas, como reconocía Urbina, el quid es que ahora el Ministerio ha reconocido que el precio costaba llevar el agua del Azud de la Marquesa a la Balsa de San Diego era inviable por 0,88 euros el metro cúbico. "La clave de este avance para normalizar el trasvase ha sido el entendimiento de la administración central de que este previo era inasumible, cosa que le hemos demostrado, y después la labor del director general del Agua, Teodoro Estrela". Así, el 15 de marzo el Consejo de Ministros aprobaba que el precio del m3 fuera de 0,295 céntimos, lo que garantiza un precio de regadío para los regantes como los de la SAT San Enrique.
"Ese reconocimiento para poder regar unos cultivos decentes ha hecho que pudiéramos activar los cuatro entes que tienen que implicarse", indica Urbina, que son la Junta Central de Usuarios como responsables del reparto a las 50 entidades de riego de 38 municipios de la provincia; Acuamed como empresa estatal que gestiona el trasvase del azud hasta San Diego; la Generalitat como responsable de las actuaciones millonarias del post-trasvase hasta San Diego para que el agua llegue a las entidades de riego, una obra inmensa —de más de 500 millones de euros—; "y por supuesto la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tenía que entender que teníamos que tener agua para sustituir". En este sentido, el presidente de la SAT esgrime que era clave que el Ministerio entendiera que estando de acuerdo con que los acuíferos están sobreexplotados, los regantes necesitaban una alternativa para extraer el metro cúbico del bien natural.
Carlos González, Ángel Urbina y Felip SànchezEn este sentido, la directiva marco del agua les obliga a que en 2027 no se pueda extraer agua de los acuíferos, por lo que existe una moratoria de 5 años para el Confederación para que los abastecimientos, riegos y demás no se puedan hacer de los acuíferos sobreexplotados, como es el caso de los de la sierra de Crevillente, los del Castelar o San Pascual. Este uso exacerbado produce que elevar el agua sea más caro y que además su calidad vaya disminuyendo. Por lo que ahora hay que buscar alternativas para complementar con el trasvase. De momento, este primer paso "nos garantiza la vida, y que los hijos de los agricultores puedan seguir dedicándose al campo", señala Urbina aliviado.
Ahora se entra en una siguiente fase porque este acuerdo expira en diciembre. "Esto es un acuerdo rápido para diciembre de 2022, pero nos da la tranquilidad para que en 4-5 meses cerremos un gran acuerdo a diez años como mínimo para que incorporando otros elementos que permitan abaratar el agua". Uno de ellos son los 70 millones aprobados para instalar un un parque fotovoltaico para la elevación del azud al embalse y que permita rebajar el precio del agua. El de las energías renovables es un camino que están abriendo otras comunidades como Riegos de Levante para abaratar estas maniobras, así como la instalación de desaladoras. "Ahora tenemos que utilizar esto y conjugar otras cosas como entidades que tienen que compensar uso del agua como Villena o Pinoso". Es la próxima batalla para la SAT y los regantes de otros 37 municipios de la provincia, y a la espera de que cumpla con las expectativas este acuerdo del trasvase. Asimismo, en otoño Urbina presentará en el Ayuntamiento de Elche un libro sobre el trasvase y su nutrida historia de la que él ha sido protagonista en los últimos tiempos.
La otra derivada de este acuerdo, y en ella incidía el edil de Medio Rural Felip Sànchez, es que si ahora se ha conseguido este hito Júcar-Vinalopó para la parte norte de Elche, hay que aprovechar esa baza y experiencia para la lucha por el otro trasvase, la del Tajo-Segura para la zona sur del municipio. Primer paso, que la propia comunidad se haya puesto de acuerdo entre sus provincias para poder presenciar sus credenciales ante otras comunidades autónomas. "Con el diálogo se puede llegar a un acuerdo para las partes. Si los valencianos no nos ponemos de acuerdo, esto nos debilitaba frente a otros territorios. Con esta noticia demostramos que se puede llegar a acuerdos con otras administraciones con reivindicaciones imprescindibles como el agua".
