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proceso pospuesto por falta de una sala que garantizase medidas sanitarias

La Audiencia aplaza a septiembre el juicio sobre el fraude de la basura de Calp investigado en 'Brugal'

27/01/2021 - 

ALICANTE. Aplazamiento definitivo. El juicio sobre el presunto fraude en el servicio de recogida de la basura de Calp (Alicante), investigado en una de las ramas del 'caso Brugal', queda pospuesto finalmente hasta el mes de septiembre de este año, como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia encargado de juzgar la causa ha señalado la celebración de la vista para el día 18 de ese mes, después de suspender la primera sesión del proceso, que debía desarrollarse el pasado 21 de enero.

En el inicio de la vista, los magistrados aceptaron la solicitud de suspensión presentada por el conjunto de los abogados de las defensas, después de que alegasen que en la sala prevista para la celebración del juicio no se cumplían las condiciones requeridas para evitar riesgos de contagios y que, además, tampoco disponían de los medios necesarios para ejercer su labor. Entre otros puntos, alegaron que no contaban con mesas o estrados en los que poder organizar sus documentos.

En ese momento, el tribunal se comprometió a buscar otra sala distinta en la que el juicio pudiese desarrollarse con todas las garantías a partir del 16 de febrero, cuando se había señalado la segunda jornada del proceso. No obstante, ahora, en una providencia fechada el 25 de enero, resuelve el aplazamiento del proceso hasta este otoño, "habida cuenta de la falta de disponibilidad de otra sala de vistas en las fechas previstas de señalamiento que reúna las condiciones necesarias para la acomodación de todas las partes y adecuada a las medidas de seguridad sanitaria por la covid-19".

De este modo, se acuerda un nuevo calendario para el desarrollo del juicio, que se reanudará el 18 de septiembre y proseguirá los días 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de octubre. Después, se retomará el 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15 y 16 de noviembre. 

Se da la circunstancia de que parte de ese calendario coincide con el acordado por el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche, para la celebración del juicio sobre el presunto amaño del Plan Zonal de la Vega Baja, otra de las causas despiezadas del 'caso Brugal', en el que también figura como parte acusatoria la Fiscalía Anticorrupción. Ese proceso está señalado para los días 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23 y 24 para el planteamiento de las cuestiones previas. Así, todo parece indicar que podría producirse una modificación en las fechas previstas para uno de los dos juicios.

La causa sobre el presunto fraude de la basura de Calp se dirige contra el exalcalde calpino, el popular Javier Morató, y dos exediles, Fernando Penella y Juan Roselló, además de varios familiares, y de los empresarios responsables de Colsur, la empresa concesionaria del servicio, Ángel Fenoll y su hijo Antonio Ángel Fenoll. El tribunal debe dilucidar si los políticos procesados pactaron con los representantes de Colsur el pago de comisiones a cambio de esa adjudicación, acordada en 1998, en entregas que pudieron hacerse efectivas durante los siguientes años.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, el entonces alcalde, Morató, y los dos tenientes de alcalde, Penella y Roselló, se repartieron 100 millones de las antiguas pesetas (600.000 euros), mientras que otros 20 millones de pesetas (120.000 euros) fueron destinados al club de fútbol local y 4 millones (24.000 euros) a un intermediario.

Por su parte, según la Fiscalía, los representantes de Colsur, Fenoll y su hijo, incrementaron supuestamente de forma fraudulenta el número de toneladas de basura tratadas para hacer frente a esos pagos con el conocimiento de los cargos públicos. La acusación pública cifra en 11.983.904 euros la cuantía que la mercantil adjudicataria intentó defraudar a las arcas municipales y en 4.285.998 el perjuicio efectivo ocasionado al consistorio. Así, solicita inicialmente penas que oscilan entre los dos y los 14 años de prisión para los acusados por delitos continuados de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.

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