ALICANTE. El proceso de selección del diseño del centro de congresos de Alicante entra en su recta final con la previsión de que el jurado de arquitectos encargado de dirimir el concurso dé a conocer el resultado de su deliberación antes del mes de mayo. Así lo concretaron este jueves fuentes de la Diputación al precisar que no se augura la posibilidad de que pueda acordarse un nuevo aplazamiento como el que se acordó el pasado mes de diciembre para poder valorar el conjunto de las propuestas presentadas: 121 alternativas consideradas válidas.
En esta línea, el plazo límite para que pueda conocerse el fallo se mantiene en la fecha del 30 de abril, lo que no implica necesariamente que el gabinete de arquitectura ganador vaya a publicarse en esa misma jornada. Por lo pronto, como había anticipado este diario, se ha programado dos jornadas para que los miembros del jurado deliberen de forma presencial en la ciudad de Alicante entre los días 17 y 18 de abril con la intención de proseguir con las evaluaciones que ya sus miembros ya han desarrollado mediante reuniones telemáticas.
En esa última fase del proceso de valoración, los jurados podrán contar con el trabajo de supervisión previa por parte de los dos arquitectos, funcionarios de la Diputación, que forman parte de la comisión técnica que se aprobó constituir en el pleno de la institución provincial celebrado este miércoles, como informó este diario.
A partir de ahí, se prevé que la elección del diseño del complejo pueda cerrarse en cuestión de días, lo que despejará el camino para que se contrate la redacción del proyecto de ejecución definitivo con el proponente que resulte ganador del concurso, a través de un procedimiento negociado sin publicidad, como establecen las bases del concurso.
Ese trabajo deberá quedar concluido y entregado en el plazo de seis meses. Y será entonces cuando pueda licitarse la contratación de las obras. A priori, ese hito no se producirá hasta la primera mitad de 2025. Eso sí, siempre que para entonces ya se haya completado la fase de tramitación administrativa de las dos modificaciones que debían abordarse respecto a la ordenación urbanística del recinto del Puerto para que pueda producirse su encaje entre las explanadas de los muelles 7 y 9. Se trata de la adaptación de las Determinaciones de Espacio y Usos Portuarios (DEUP), aprobada en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria desde febrero de 2022, y la del Plan Especial del Puerto (PEPA).
Lo cierto es que el conjunto de administraciones involucradas en el proyecto -Diputación, Ayuntamiento y, ahora también, Generalitat- ya contaban con ese previsión de calendario en la medida en que no habían incorporado fondos específicos para financiar su construcción en sus respectivos presupuestos para este ejercicio.
En principio, se había estimado que la construcción del complejo -en el que se incluye el nuevo centro operativo de Suma- requeriría un desembolso global de 65 millones. Hasta el pasado mandato, se había precisado que la Diputación costearía dos tercios de esa inversión, mientras que el Ayuntamiento aportaría el tercio restante.
No obstante, esa previsión podría quedar sujeta a posibles variaciones, después de que el presidente del Consell, Carlos Mazón, comprometiese la participación de la Generalitat en el proyecto. Esa implicación no solo debería sustanciarse con una previsible asignación de fondos, sino que también podría extenderse a través de fórmulas de cooperación en la gestión posterior de la infraestructura para impulsar la captación de congresos.