Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El Juzgado de lo Mercantil 3 de Alicante da por concluida la liquidación de la sociedad Cultivos Marinos de Guardamar SL (Culmar), una vez que, a finales del año pasado, vendió la unidad productiva de la piscifactoría que explotaba en Guardamar a la murciana Culmarex (propiedad del fondo canadiense Cooke Aquaculture). Sin embargo, el fin de la liquidación no implicará la extinción de la sociedad, al menos por el momento.
Fuentes judiciales explican que el juzgado mantendrá 'viva' a Culmar hasta que se resuelva el otro gran asunto que sigue pendiente en los tribunales. La denuncia penal por estafa contra algunos de sus socios y empleados, que sigue a la espera de fecha para la vista oral en la Audiencia Provincial de Alicante. La razón es simple: si la Audiencia considera demostrado que hubo estafa y condena a los acusados, Culmar podría ingresar hasta 1,4 millones de euros (tal es el importe en el que un perito cifró el presunto fraude), que pasarían a formar parte de los bienes liquidables.
Como desveló Alicante Plaza, la anterior dirección de la empresa denunció a una de las familias socias por una presunta estafa de 1,4 millones de euros, que está a la espera de juicio. El proceso se encuentra a la espera de que la Audiencia Provincial de Alicante señale la fecha para celebrar el juicio por el presunto fraude, que se cometió supuestamente desde dentro falseando la producción. El fraude se detectó en 2018, al cambiar la dirección de la empresa (cuyo capital se reparte entre diversos socios) y constatar una importante diferencia entre la producción prevista según la siembra realizada y la finalmente reflejada en la contabilidad.
El pescado que 'faltaba' se justificó con una supuesta mortalidad de los ejemplares, pero con una ratio varias veces superior a la normal. Tras realizar una investigación interna, se llegó a la conclusión de que algunos de los socios de la piscifactoría, supuestamente con la participación de algunos empleados, habrían estado desviando parte de la producción, presumiblemente para comercializarla por otros canales al margen de Culmar.
Por su parte, la Sección de Calificación declaró fortuito el concurso de acreedores el pasado mes de enero, una vez aprobado el plan de liquidación (la piscifactoría se vendió en septiembre de 2022). Esto es, que los administradores de Culmar solicitaron el concurso en cuanto conocieron que la situación de la empresa obligaba a ello, tal como exige la ley. Pero el proceso penal sigue su curso.
En todo caso, como la venta de la piscifactoría a Culmarex prácticamente cubría el crédito concursal, los acreedores de la empresa de Guardamar comenzaron a cobrar las deudas reconocidas hace meses, sin necesidad de aprobar periodos de espera ni quitas, tal como confirman distintos acreedores a este diario, con créditos tanto laborales como contra la masa. La operación con Culmarex se cerró en una negociación privada entre las partes y recibió el visto bueno del juzgado antes de que se abriera la fase de liquidación, que se aprobó en enero.
