Fotos: PEPE OLIVARESALICANTE. La piscifactoría Culmar (Cultivos Marinos de Guardamar SL), que se declaró en concurso de acreedores hace unas semanas para reestucturar sus deudas, tiene otro frente judicial abierto, en este caso penal. Según ha podido saber Alicante Plaza, la piscifactoría está a la espera de que la Audiencia Provincial de Alicante señale la apertura de juicio oral por una presunta estafa cometida desde dentro, y de la que se acusa a algunos de sus socios y empleados.
El asunto se destapó en 2018, cuando entró una nueva dirección a la piscifactoría y detectó una importante diferencia entre la producción prevista según la siembra realizada y la finalmente reflejada en la contabilidad de la empresa. El pescado que 'faltaba' se justificó con una supuesta mortalidad de los ejemplares, pero con una ratio varias veces superior a la normal. Tras realizar una investigación interna, se llegó a la conclusión de que algunos de los socios de la piscifactoría, supuestamente con la participación de algunos empleados, habrían estado desviando parte de la producción, presumiblemente para comercializarla por otros canales al margen de Culmar.
La dirección de la empresa interpuso una denuncia por estafa y hurto en la Guardia Civil, que desembocó en una investigación judicial. Esta investigación se ha instruido en el juzgado número 3 de Torrevieja, y durante la misma un perito cifró el presunto fraude en 1,4 millones de euros. Esta circunstancia quedó reflejada en la memoria de las cuentas de Culmar del ejercicio 2019, consultadas por Alicante Plaza. Según las fuentes judiciales consultadas, esta es la cifra que se puede demostrar documentalmente, lo que no significa que el montante real no pueda ser superior al estimado por el informe pericial.
En 2021, el juzgado torrevejense dio por finalizada la instrucción y remitió la investigación a la Audiencia para que señalase la apertura de juicio oral, que es la fase en la que se encuentra ahora el procedimiento. Las personas denunciadas por Culmar, paradójicamente, siguen vinculadas a la empresa e incluso tienen responsabilidades en su administración, según ha podido confirmar este diario en las pertinentes inscripciones en el Registro Mercantil.
El agujero de 1,4 millones (documentados) en la producción de Culmar sería una de las causas que han llevado recientemente a la empresa a solicitar el concurso de acreedores voluntario. A esta circunstancia se añaden además el impacto de los últimos temporales y de la pandemia. Si bien la instalación de la piscifactoría de Guardamar salió indemne de las tormentas, la operativa se encareció al no poder usar el puerto ni los equipos habituales, disparando los gastos de explotación y recortando notablemente los márgenes.
El juez que instruye el concurso, de Mercantil 3 (con sede en Elche) ha intervenido las facultades de administración de la empresa, pero no las ha suspendido, lo que significa que su dirección puede seguir tomando decisiones en el día a día supervisada por el administrador concursal. La firma concursada, "con el fin de facilitar la continuación de la actividad empresarial", tal como señala el auto de apertura del concurso dictado por el juzgado, podrá realizar toda la operativa propia del tráfico comercial de su actividad, aunque necesitará consentimiento del administrador para el resto de operaciones.
El juez autoriza expresamente a los administradores del concurso para que puedan revisar los libros y la contabilidad de Culmar, y recabar cuantos documentos o información consideren necesaria para el ejercicio de sus funciones, así como para la elaboración de los correspondientes informes. En el mismo auto, el juez ordenaba comunicar la apertura del concurso, entre otros, al juzgado de Torrevieja que instruyó la denuncia por estafa.
