Interesante intercambio de golpes entre el Fiscal y Parodi en el primer día del juicio del 'caso Abde'

ALICANTE. La primera de las dos sesiones del juicio por el 'caso Abde', en el que se juzga a la cúpula del Hércules y a este y a su Fundación como personas jurídicas por la comisión de un delito de alzamiento de bienes agravado a cuenta de los hechos que siguieron al 'traspaso' de Ez Abde al Barça, estuvo marcada por el interrogatorio que llevó a cabo la Fiscalía al presidente del club Carlos Parodi.

Con voluntad o sin ella, el fiscal Martín López y el máximo mandatario de la entidad del Rico Pérez hicieron ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, durante hora y media, un repaso más que detallado a todo lo acontecido entre finales de 2021 y principios de 2022 que ha llevado precisamente a Parodi, pero también a Valentín Botella, José León y José María Caruana a sentarse en el banquillo de los acusados y enfrentarse a una petición de penas de prisión, bajo la acusación de regatear el pago a la Agencia Tributaria (AEAT) de la deuda en situación irregular que se mantenía con ella (hoy está saldada), no obstante contar con los dos millones de euros que abonó Abde para comprar su libertad en agosto de 2021. 

El convenio que regía las relaciones entre el Hércules y la Fundación, las dos modificaciones posteriores que se hicieron del mismo y, especialmente, el contrato de depósito que firmaron ambos entes para que el club dispusiera del dinero abonado por Abde (tras el endoso a la Fundación del cheque librado por este) ocuparon la primera parte de un interrogatorio que fiscal y acusado demostraron haber preparado (cada uno por su lado) a conciencia. También en ese 'round', el primero puso el acento en que el futbolista contaba con contrato profesional (y licencia del primer equipo) en el momento en que era traspasado o que Parodi era consejero y patrono al mismo tiempo, dejando entrever cómo (siempre en opinión del acusador público) se podía haber llegado a consensuar esa solución que en palabras del presidente del Hércules buscaba asegurar la supervivencia de la entidad, que esta pudiera cumplir con sus obligaciones pese a competir su primer equipo en Segunda Federación y eludir con ello una más que presumible desaparición. 

La segunda parte del interrogatorio se centró en el proceder del club ante Caja Rural Central, la entidad depositaria de cheque bancario y que participó de la operativa de troceo del mismo. Vaya, que por qué se optó por usar una cuenta de la Fundación sin actividad y, paralelamente, se abrió otra a nombre del club a través de la que se articulaban los pagos con cargo a los ya famosos 34 cheques (33 de 60.000 euros de importe y un último por 15.770), cuando ya tenía una en el Banco Sabadell a la que, casualmente, llegaban periódicamente los embargos de Hacienda por la deuda vencida y exigible.

Qué y cómo se pagó con los cheques de septiembre de 2021 a abril de 2022 y cómo fue la relación con la Delegación Especial de València de la AEAT durante esos meses, pero también en los años anteriores con la Delegación Central de Grandes Contibuyentes centró la tercera parte de un interrogatorio en la que Parodi insistió en que se abonaron desde nóminas (unos 900.000 euros), a seguros sociales, liquidaciones del Impuesto del Valor Añadido, Impuesto de la Renta, Impuesto de Sociedades... pero también se rebajó la entonces deuda histórica con la AEAT en diciembre de 2021 mediante el pago de 480.000 euros por medio de ocho de los 34 cheques. Al hilo de esto último, el presidente del Hércules también hizo repaso a las hasta nueve propuestas de pago que aseguró que se le habían cursado a Hacienda para regularizar la situación con ella desde 2015, llegando a dar a entender que en alguna ocasión sintió que se habían aprovechado de su confianza (los citados 480.000 euros abonados respondían al 15% de la deuda que se mantenía en ese momento y ese pago era uno de los requisitos que ponía Hacienda para encauzar la situación). El fiscal Martínez López, por su parte, destacó el hecho de que de la cuenta del Hércules en Caja Rural Central se retiraba regularmente el saldo tras atenderse los pagos mensuales, que el club no atendió debidamente el requerimiento de información que le hizo la AEAT sobre qué había pasado con el dinero semanas después de abonarlo Abde y cómo es posible que apareciese financiación para que club y acusados pagasen los 1,5 millones restantes que se adeudaban al fisco (tras ese primer pago de 480.000) y meses antes no la hubiera para asegurar la viabilidad del club y se tuviera que recurrir en consecuencia al dinero que originó la operación sobre los derechos económicos sobre Abde.

El extenso interrogatorio por parte del Ministerio Fiscal hizo que la práctica de esa prueba por parte de la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria casi perdiera sentido. Parodi, siempre como persona física y en representación propia y no del Hércules, también respondió a las preguntas de su abogado y de la letrada del club, con las que estos trataron de reforzar el relato de inocencia que vienen sosteniendo desde el primer momento. Quien se quedó sin preguntar es el abogado de la acusación popular que ejerce la Asociación Herculanos, porque Parodi se acogió a su derecho a no responderle.

El resto de acusados, es decir, Botella, León y Caruana respondieron exclusivamente a las preguntas de las defensas, sin que sus intervenciones sirvieran para dar o restar luz al asunto por el que todos ellos se enfrentan a penas significativas, aunque no lo suficiente como para que terminen ingresando en prisión por efecto de la atenuante de reparación del daño que todas las acusaciones a excepción de la popular tuvieron presente ya en sus respectivos escritos de acusación.

La Fiscalía y Hacienda consideran al club, la Fundación, Parodi, Botella y León culpables de un delito de alzamiento de bienes agravado (al tratarse de deudas de derecho público y cuantía elevada) con la concurrencia de atenuante de reparación del daño, reclamando para Parodi una pena de tres años de prisión y multa; para Botella y León, dos años y medio de prisión y multa; y para el Hércules y su Fundación, sendas multas. La Asociación Herculanos, por su parte, también califica los hechos como frustración en la ejecución, pero no considera que concurra la atenuante de reparación del daño. Además, no hace distingos respecto a la pena a imponer a Parodi, Botella y León por la presunta comisión del citado delito, solicitando cuatro años de prisión para cada uno de ellos. Para Caruana, todos a excepción de la Agencia Tributaria (razón por la que se ha terminado sentando en el banquillo un patrono que tiene invalidez absoluta y estuvo siempre al margen de los hechos) piden el sobreseimiento.

Este miércoles se celebrará la segunda y última sesión en la que declararán en calidad de testigos el inspector de la Agencia Tributaria que redactó el informe sobre el proceder del club, un responsable de cumplimiento normativo de Caja Rural Central, el que fuera presidente de la Fundación Manuel Campoy y Laura Ortiz en representación de Segunfer Ejecuciones, la sociedad que financió a los acusados el pago de 1,5 millones a la AEAT.