El Hércules y Hacienda: del convenio a la querella, pasando por los impagos y los acuerdos fantasma

ALICANTE. El Hércules y la Agencia Tributaria (AEAT) daban esta semana un paso más en su intensa 'relación', especialmente después de que el viernes el club cargase contra el fisco en su afán por defender su inocencia a cuenta de la querella por alzamiento de bienes presentada por la Fiscalía. 

La misma tiene su origen en precisamente una denuncia de Hacienda contra la que, ni corta ni perezosa, la entidad del Rico Pérez se revolvía en puertas del fin de semana no solo asegurando que hizo precisamente lo que se le reprocha, pero que era legal, también recriminando al fisco que hubiese intentado sin suerte alcanzar con él seis acuerdos de aplazamiento mientras disponía de los 2.000.000 euros de la cláusula de Abde: el Hércules habla de "propuestas de pago", omitiendo que se trataba de un pago fraccionado en el tiempo, al tiempo que no precisa las características de las mismas más allá de hablar de dos "con garantía bancaria", lo cual no quiere decir ni mucho menos que esta fuera la exigida en la Ley General Tributaria para este tipo de acuerdos... Para empezar, porque en caso contrario estaríamos ante una decisión cuestionable que bien podría calificar el Hércules como prevaricación, pero no solo no lo hace, es que tampoco explicita cuáles son esas garantías cuando el argumento de aportar pruebas solo en el juzgado no es aplicable en este caso, toda vez que esa supuesta negociación para pagar no es objeto de investigación penal como sí lo es lo que se hizo con el dinero de Abde. Como ya ha contado Alicante Plaza, tras conocer el comunicado del Hércules, Hacienda se limitaba a recordar que los requisitos a reunir para un aplazamiento y las garantías exigidas para obtenerlo son públicos, están recogidos en la Ley.

El club blanquiazul insiste en que ha destinado parte de los 2.000.000 euros de la cláusula del hispano-marroquí a pagar a Hacienda, pero no solo no precisa cuánto (el lunes, 'off the record', un portavoz del club hablaba de un pago de 500.000 euros, pero también de una propuesta de aplazamiento que este viernes se habían multiplicado por seis), tampoco si ese pago ha sido para minorar la deuda con la que aparece tradicionalmente en la Lista de Grandes Morosos con la AEAT (eso lo alegaba el lunes, pero no el viernes) o para cumplir con las obligaciones tributarias regulares (Impuesto de Sociedades o IVA, por ejemplo).

La historia de la deuda que subyace en todo este embrollo ya judicializado y que en diciembre de 2021 el fisco cifró en 3.602.201,69 euros (a 31 de agosto) se inicia el 31 de enero de 2013, cuando el club y el fisco suscribieron un convenio singular para su pago. Para la firma del mismo, por el que se ordenaba el pago de 8.723.582 euros (un crédito con naturaleza de privilegio especial en el concurso iniciado tras la penúltima suspensión de pagos), el Hércules tuvo que abonar 2.000.000 euros (es decir, que la deuda en ese momento rozaba los 11 millones). Hasta otoño de 2015 estuvo cumpliendo con las obligaciones establecidas en el citado convenio, pero a partir de ese momento (el equipo ya había hundido sus pies en el barro del fútbol no profesional, donde los ingresos brillan por su ausencia) dejó de hacerlo y aunque en los 15 meses siguientes atendió tres requerimientos de pago por un total de 1.460.000 euros (de 420.000, 480.000 y 560.000 euros cada uno), Hacienda se cansó y rescindió el convenio, pasando a reclamarle el pago inmediato de los 4.915.409 euros que le adeudaba en ese momento y posteriormente a embargar de manera periódica los bienes y derechos de la entidad. Los movimientos que sucedieron al pago de la cláusula de 2.000.000 euros por parte de Abde el pasado 31 de agosto, cuya legalidad es discutida tanto por la Agencia Tributaria como por la Fiscalía y que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha empezado a investigar, centran ahora toda la atención (no es para menos, hay penas de cárcel en juego), pero desde que el Hércules decidió suspender el cumplimiento del convenio de 2013 ha habido momentos más que interesantes, como bien conocen los lectores de Alicante Plaza:

• En mayo de 2017 el entonces presidente del club, Juan Carlos Ramírez, cargaba en sala de prensa contra la directora general de Recaudación, a la que acusaba de dar un trato distinto al de otras empresas en su situación (algo que llevó hasta al sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda a salir en defensa de la actuación de la Agencia Tributaria) con el apoyo de un sector de los medios y la clase política, además de parte de la afición que llegó a reunirse con el empresario vasco después de haber exigido "una solución" con pancartas en el estadio.
• Ramírez y su socio Enrique Ortiz dejaron en julio de 2017 plantado al fisco cuando este les esperaba para la firma de un nuevo convenio después de acceder (de palabra) a las exigencias del mismo en cuanto a garantías, movimiento que contó con el respaldo público del en ese momento alcalde Gabriel Echávarri. 
• El 29 de junio de 2018 Hacienda respondió a una propuesta de pago formulada semanas antes por el Hércules doblando sus exigencias en cuanto a importes y garantías, extremo que conocía el club formalmente días después, en el transcurso de una reunión en la Delegación Especial de València a la que asistieron el director general Carlos Parodi, y el presidente Quique Hernández. La misma tenía lugar tres semanas después de que este último fuera recibido por el presidente de la Generalitat Ximo Puig (en el transcurso de un encuentro fuera de agenda, cuya concertación fue filtrada por el club provocando un monumental enfado en el Consell, que ya había declinado dos veces una reunión) y días antes de que fuera el alcalde Luis Barcala el que le pidiera a Puig que intercediera en favor del club.
• En puertas de la disputa de la vuelta de la eliminatoria final del 'play-off' de ascenso a LaLiga SmartBank, concretamente el 26 de junio de 2019, Hacienda notificó por medio de un edicto en el Boletín Oficial del Estado un penúltimo embargo por importe de 3.974.088,69 euros, al tiempo que iniciaba un procedimiento de declaración de responsabilidad solidaria contra Carlos Parodi, Valentín Botella y Francisco Méndez, los integrantes del consejo de administración del Hércules cuando en 2015 decidió suspender el cumplimiento del convenio. 
• A finales de 2019 el club cedió a la sociedad Vortize Media sus derechos audiovisuales sobre 8 encuentros de Liga a cambio de unos 50.000 euros, pero no llegó a cobrar nada porque dicha productora alicantina firmó a continuación con À Punt un acuerdo para ofrecerlos por sus pantallas y el propio consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació denunció al fisco la operación.

El próximo 18 de julio, se inicia la ronda de declaraciones ante la magistrada María Luisa Carrascosa, la encargada de instruir la causa por presunto alzamiento de bienes en la que ha desembocado, por ahora, esa deuda en situación irregular.