ALICANTE. El Consell despeja el camino para tomar posesión de las antiguas naves ocupadas por la conservera Amaro González, situadas en el sector de Poniente del Puerto de Alicante. El pleno del ejecutivo valenciano ha autorizado este martes la firma de un convenio entre la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y la Autoridad Portuaria de Alicante que contempla la puesta a disposición del departamento autonómico del conjunto de edificios de Amaro con el propósito de impulsar su rehabilitación y conversión en un espacio formativo en innovación.
La propuesta, promovida por el anterior Consell del Botànic durante la pasada legislatura (hasta el punto de firmar un primer protocolo de intenciones sobre el uso del complejo), prevé crear un centro especializado en competencias digitales y tecnologías en torno a la inteligencia artificial, living labs y demostradores de contenidos digitales al servicio de las pymes y de la comunidad investigadora, así como centro de asesoramiento en el desarrollo de aplicaciones en torno a tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, Blockchain, Big Data, Internet de las cosas o 5G, según han confirmado fuentes del departamento autonómico que coordina Nuria Montes.
Con la autorización de ese convenio se cierra, así, el proceso que ya había iniciado el consejo de administración del Puerto, en el que ya se había aprobado el acuerdo de cesión de los cinco edificios que conforman el complejo, como informó este diario.
A partir de ahora, solo restaría por completarse el acuerdo mediante la firma de ese convenio, en el momento en el que puedan cuadrarse agendas institucionales de los responsables de Innovación y de la Autoridad Portuaria, ahora con Luis Rodríguez como nuevo presidente.
El proyecto pretende recuperar el espacio abandonado, de cerca de 5.000 metros cuadrados, para convertirlo en un enclave dirigido a investigadores como espacio para formarse, experimentar y asesorarse en tecnologías innovadoras. La ocupación de las instalaciones se efectuará por un periodo de 30 años, prorrogables por cinco años, mientras la conselleria siga manteniendo la necesidad, siempre que el uso de las mismas sea el estipulado en el convenio y sea compatible con la normal explotación portuaria.
La conselleria abonará el importe correspondiente a la tasa por ocupación privativa del dominio público portuario. La tasa anual a pagar para 2023 será de 61.324 euros, que ascenderán a un total de 2.146.340 euros para el conjunto de los 30 años de uso, sin contar con las actualizaciones previstas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, según fuentes de la Generalitat. A cambio, la autoridad portuaria concederá al Consell la parcela P-10 de 4.623 metros cuadrados, más 780 metros cuadrados de la calle de acceso.
Las obras de rehabilitación y puesta en funcionamiento del centro requieren de un desembolso global cifrado en 4,8 millones, susceptible de percibir financiación de la Unión Europea (Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional-Fondos Feder). Con todo, por el momento, el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2024 únicamente contempla una partida inicial de 193.000 euros como parte ejecutable de su desarrollo. En principio, se prevé que esa suma sirva para financiar la redacción del proyecto de ejecución, según fuentes consultadas, con lo que todavía no habría fecha estimada para la realización de las obras.