Excavaciones de Alebus en las últimas catas realizadas en el Mercado Central / PEPE OLIVARESELCHE. El Ayuntamiento sigue insistiendo en que no autorizará la demolición del inmueble del Mercado Central. El portavoz del equipo de gobierno Héctor Díez señala que "si una de las partes no está dispuesta a seguir con el contrato, yo creo que no tiene sentido tirar el edificio abajo, y menos para poder continuar las catas". Además, se apoya en el artículo 17 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el 39 de la Ley de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, al faltar en sendos casos información sobre el proyecto.
A ese respecto, sobre el PGOU, indica Díez que el artículo del Plan General delimita como recinto diferenciado el Núcleo Histórico Tradicional, donde está el mercado, y que "en él no se permitirá la sustitución indiscriminada de los edificios existentes, ni la demolición de los edificios salvo en caso de ruina o que esté programado el inicio de las obras de nueva construcción del solar en el plazo de un mes”, un par de características que señala no se cumplen, o al menos la segunda, ya que el Consistorio aún no cuenta con el proyecto de edificación del Mercado Central de Aparcisa. Además, también falta el proyecto del aparcamiento, ya que en la documentación de la adjudicación no existía el Proyecto de Reforma Interior (PRI) que atañe a esta cuestión.
Por otra parte, en el mencionado artículo de la Ley de Patrimonio Cultural autonómico se recalca que "los derribos de inmuebles se condicionan a la valoración del correspondiente proyecto de edificación", por lo que Díez indica que en todo caso "no se puede conceder la licencia de derribo. Está claro que no se puede derribar ni desde el punto de vista político ni atendiendo a la normativa urbanística”, apunta.
Así pues, la posición del equipo de gobierno es la de la rescisión, una vez más, por lo que si no responde a la oferta de la comisión mixta con integrantes de ambas partes, procederá a la rescisión unilateral durante antes de que finalice esta legislatura. Eso sí, reconociendo que "la judicialización no beneficia ni interesa a nadie", por lo que vuelve a señalar que a Aparcisa se le resarcirá con "lo justo", la parte invertida, y no la de un proyecto que no se ha ejecutado, en referencia al lucro cesante que la compañía exige en el caso de rescindir. Por lo tanto, siguen esperando una respuesta oficial de la mercantil porque aún no ha llegado. Mientras tanto, el Consistorio intenta sumar a su causa a los placeros.
Por último, sobre la posibilidad de que la empresa adjudicataria peatonalice el entorno de la Basílica de Santa María para salvar el proyecto, el equipo de gobierno opina que es una opinión "recauchutada" y que la propuesta de salir del aparcamiento por la calle Salitre ya fue rechazada varias veces. Y que el entorno ya está peatonalizado, y el que queda, será ejecutado por el Plan Centro que el bipartito quiere hacer.
