Elche desliga el nuevo catálogo de protecciones del PGOU para agilizarlo: contratará a un despacho externo

ELCHE. En un ya lejano 2017 de la pasada legislatura, cuando aún estaba en la concejalía de Urbanismo José Manuel Sánchez, retirado ya de la política, mencionó que se estaba trabajando en la elaboración de un nuevo catálogo de protecciones para los inmuebles del término municipal. Fue durante los días en los que se pretendía extender la necesidad de hacer catas más allá del Núcleo Histórico Tradicional —cuestión que no se aprobó en pleno al no dar luz verde la oposición—, allí se empezó a hablar desde el Ayuntamiento del catálogo de protecciones. Sin embargo, no se ha vuelto a hablar del tema hasta hace recientes días con el anuncio de incorporar los Baños Árabes del Mercado Central y los refugios bajo el mismo en el catálogo. O hasta este miércoles. El bipartito ha decidido poner la quinta y activar el plan "de inmediato", según el alcalde. 

En la mañana del miércoles, un día después que se hiciera público que l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó (IECBV) había enviado una carta al alcalde Carlos González para que protegiese el inmueble de Almacenes Parreño —con una licencia de derribo encima de la mesa al no estar protegido— para evitar su desaparición, e instando una vez más a actualizar el Catálogo de Bienes Protegibles, este anunciaba que se va a desligar el nuevo catálogo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para poder agilizar la tramitación y tenerlo antes que el nuevo Plan General. De lo contrario, habría que esperar al menos hasta final de legislatura o los años que tarde en aprobarse el nuevo plan. 

Equipo multidisciplinar que asista la redacción del catálogo

En la Junta de Gobierno de este viernes, o según apunta la edil de Urbanismo Ana Arabid, la siguiente como máximo, se aprobará una moción de impulso para redactar con toda la documentación existente un pliego de condiciones para que una empresa externa ofrezca asistencia técnica para ese nuevo catálogo. La idea es que un despacho profesional "y multidisciplinar", matizaba el alcalde, asesore a los técnicos municipales. Ellos tendrán que ser quienes pongan los cimientos de esas protecciones, ya que son quienes conocen el patrimonio cultural ilicitano. 

No es, en cualquier caso, la primera vez que se recurre a un equipo de fuera del Consistorio para elaborar este catálogo. De hecho, el Plan General de 1982 y el actual de 1998 contaron con la asistencia técnica de Tomás Martínez y Margarita López. El primer edil justifica la decisión porque desde los servicios técnicos municipales faltan medios: "Se atienden numerosas actividades, demandas y exigencias de la ciudad y es difícil emprender un análisis tan minucioso y pormenorizado, por lo que hace falta esa asistencia técnica". 

Según Arabid, esta decisión no atiende a ninguna situación concreta, aunque recientemente ha habido referencias explícitas o implícitas por la cuestión de Almacenes Parreño, y días atrás algunos colectivos instaron al Ayuntamiento a que solicitara una línea de ayudas de la Conselleria de Cultura que hay habilitadas para renovar estos catálogos. En cualquier caso no se pedirá, "porque para pedirlas el pliego tiene que estar redactado". No obstante, como la convocatoria es anual, se redactará y para el año se puede pedir. Aunque eso sí, la edil apunta a que desde la Conselleria se les ha venido incidiendo en la necesidad de la actualización, aunque añade que "lo teníamos pendiente", pero la pandemia también ha afectado. La concejal espera que el próximo año pueda estar, aunque quedará ver qué tiempo tienen estos trámites. Los procesos urbanísticos suelen ser farragosos. Aquí habrá que sondear todo el término, ver el estado de inmuebles, yacimientos y conjuntos, hacer una ficha de los que no tengan... Puede ser farragoso.

Problemáticas actuales por un catálogo desfasado

Por su parte, el regidor señala que "tenemos un problema, un Plan General de 1998 que responde a la mirada de finales del siglo XX, no de la segunda década del siglo XXI y hay un desfase que nos produce estas situaciones". Cree que es necesario actualizarlo para que recoja la sensibilidad por el patrimonio cultural de la ciudad de esta época, que ha generado no pocos problemas y conflictos, desde demoliciones hace décadas hasta casos recientes. Que tanga la "mirada de los técnicos municipales y el criterio del gobierno municipal, pero necesariamente asistido por un grupo multidisciplinar de profesionales que lleven a cabo esa propuesta de catálogo". 

Apunta a que la visión de los ilicitanos sobre el valor histórico del patrimonio local "se ha transformado en estas dos décadas, no es que nosotros seamos mejores que quienes nos antecedieron, pero ha habido una transformación en la forma de ver el valor patmonial de los inmuebles". Precisamente, sobre Parreño, señalaba que ya estaba ahí en 1998 —año en el que se aprobó el catálogo actual, y que no lo protege—, "y mucho antes". "Había muchas miradas y actores que estaban entonces y nadie consideró entonces que fuera un bien merecedor de protección", reflexionaba —entre líneas, en referencia a colectivos patrimoniales de hoy—, "pero ese cambio en la mirada existe ahora y exige actualizar el catálogo". 

Deja entrever que no se podrá atender la solicitud de protección de Parreño

En ese sentido, sobre la carta del IECBV de Almacenes Parreño, precisamente señalaba González que es una situación "compleja" porque hay unos propietarios que quieren demoler, y la realidad es que el catálogo actual no lo protege. Algo que decía les tiene que hacer reflexionar y por eso aludía a que con la actualización del catálogo, "se producirán menos situaciones de este tipo". Y es que la realidad señala que del PGOU de 1982 al de 1998 se han derruido más de 20 inmuebles, apenas se ampliaron protecciones de edificios en la ciudad —sí en el camp d'Elx— y aún hay varios emblemáticos que tienen protección ambiental, la mínima, por lo que se podrían derruir y levantar una fachada que respetara el sentido de la original. Entre ellos, el Gran Teatre, el ambulatorio de San Fermín o la fábrica de harinas Andrés Serrano, entre otras. "Queremos velar por el patrimonio, hacer todo lo que se pueda, dentro del respeto a la seguridad jurídica", apuntaba el edil.