ELCHE. Tras la aprobación de la Ley de Protección y Promoción del Palmeral de Elche, 35 años después de la que hasta ahora era la normativa vigente, la ley de 1986, y 20 años después de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, el Ayuntamiento va a impulsar un análisis para conocer minuciosamente la cantidad que se debería invertir anualmente para que el bien estuviera en condiciones óptimas. Algo que va unido al compromiso del Consell de aportar el 50% de la financiación. Al tiempo, los oficios vinculados al palmeral, como los palmereros, datileros y artesanos de la palma blanca, piden ser el cuarto Patrimonio de la Humanidad, que sería también en la categoría de 'inmaterial'.
En este sentido, y al calor del día después a la aprobación de la normativa, el alcalde Carlos González no perdía la ocasión de aprovechar para cargar contra la abstención del Partido Popular en Les Corts —también lo hizo Vox—, señalando que es una "lástima" que no se hayan sumado a la ley. "Siempre han tenido una posición poco nítida y difusa por la construcción en los huertos históricos". Como explicaron en el debate sobre el dictamen, avanzaron que se abstendrían por lo que consideran el cerrar la puerta a la iniciativa privada en la gestión y posibilidades del desarrollo del palmeral, inclusive con los propietarios de huertos o las posibles expropiaciones.
Asimismo, dentro de la celebración de la norma, que ha nacido de la propia ciudad a través de colectivos ciudadanos, gremiales o del Consistorio, González avanza que se va a realizar un estudio minucioso para conocer no cuánto se invierte anualmente en el palmeral, sino cuál debería ser la cantidad invertida para un óptimo mantenimiento. Eso sí, advierte que esta cantidad, aún desconocida, no se incorporará en los presupuestos autonómicos para 2022, "pero no está cerrado", señalando que como todos los presupuestos públicos, son unas cuentas vivas y flexibles y a posteriori se podría incluir esa cantidad. Que además tendría que tener su espejo en las cuentas municipales para ese compromiso de financiación al 50%. "Es una etapa nueva que se abre", esgrime el alcalde, quien no renuncia a implicar también al Estado en esta financiación, buscando una consignación a tres bandas a través del Ministerio de Cultura en tanto que es un Patrimonio de la Humanidad.
Por otra parte, sobre los instrumentos urbanísticos que están pendientes, al regidor le gustaría que el Plan Especial del Palmeral, cuyo fin es aterrizar urbanísticamente la nueva ley al ámbito local, y el Plan de Uso y Gestión, clave para la gestión de los huertos en el día a día, estén finalizados en 2022. O en trámites de aprobación, ya que dependen también de la Conselleria de Cultura. El primero, más importante, está muy avanzado, aunque aún pendiente de finiquitar, y del que podría caducar el permiso ambiental obtenido, lo que supondría su reinicio; el segundo está aún sin iniciar elaboración, por lo que es más difícil su desarrollo antes de final de año. Máxime teniendo en cuenta todas las tareas pendientes que tiene a nivel urbanístico el municipio.
Precisamente en el lado de los colectivos gremiales, asociados al palmeral, la asociación de productores de dátil, la de palmereros y la de artesanos de la palma blanca, celebraban también con entusiasmo la nueva ley, esperando que esta suponga un "revulsivo". Además, los tres colectivos, Apde, Apelx y los productores y artesanos de la Palma Blanca, piden impulsar el proyecto para que sus oficios sean declarados el cuarto Patrimonio Unesco de la ciudad, tercer Patrimonio de la Humanidad. "De esta forma Elche se puede adherir a las ciudades donde la cultura del palmeral fue reconocida por la Unesco en 2019, sería un gran impulso para la ciudad". En este caso, Egipto, Irak, Jordania o Marruecos, entre otros, están en esta lista por las prácticas vinculadas al cultivo y explotación de la palma datilera. Asimismo, en el pasado 2020, los colectivos se reunieron con el Ayuntamiento y el PSPV presentó una Proposición No de Ley además de para el reconocimiento como BIC que ya contempla la nueva ley, para iniciar el trámite que incluya estos oficios en la Lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Sobre todo por problemas con normativa de seguridad laboral europea que sufren. Para mantener como en el caso de los palmereros y su forma de poda ese formato tradicional, supone solicitar una excepcionalidad a Europa, basada en la importancia cultural del oficio, por que los trabajos en altura dan preferencia a las plataformas frente a los equipos individuales. Algo que por ejemplo Apelx y Volem Palmerar señalan que "va en detrimento de la cultura ligada a la figura del palmerer". El paso próximo es la gestión con el Ministerio de Cultura
Por eso señalan los palmereros en su comunicado que "necesitamos que las administraciones locales y autonómicas, propicien un cambio de normativa europea que nos permita trabajar legalmente. Actualmente la pervivencia del oficio depende de un hilo, resulta que con la ley en la mano, allí donde pueda entrar una plataforma, tendrá preferencia sobre el sistema tradicional de trepa, eso atenta contra nuestra cultura, economía e identidad y además, encarece costes".
También sobre la Palma Blanca reivindican que necesita "una atención especial, la pandemia ha demostrado la fragilidad de un sector que tiene en su pequeñez un arma de doble filo: lo positivo es que con poco esfuerzo invertido en la Palma Blanca, los resultados son muy notables".
Por último y sobre la ley, exigen que además de recuperar su uso agrícola se impulse una planificación que permita "aprovechar el dátil, palma, troncos y demás materiales de la palmera y del propio huerto que se puedan obtener, y que se planten cultivos asociados dentro de las propias parcelas". Abogan por una gestión integral y ecológica de los cultivos, mediante "economía circular y de proximidad que revierta a favor de la sociedad local y aprovechando los potenciales agrícolas, culturales, paisajísticos, turísticos, laborales y económicos que nos ofrece nuestro palmeral". Además de impulsar un mejor funcionamiento del sistema de irrigación, así como el diseño de políticas que fomenten el consumo de dátil "que reviertan la tendencia de los últimos años de abandono de sus explotaciones y que se siga apostando por este fruto de gran valor culinario y alimentario".