El presupuesto de Alicante: ¿quién ganará el pulso entre PP, Cs y Vox?

ALICANTE. El futuro de la propuesta de planificación económica trazada por el bipartito de Alicante (PP y Cs) parece depender al 95% del pulso entablado entre las tres fuerzas del centro-derecha con Vox como auténtico factor de distorsión entre los dos aliados que comparten responsabilidades de gobierno. Y en ese escenario, lo cierto es que el PP de Luis Barcala es el que queda expuesto a la posición más incómoda entre los tres partidos en disputa: está obligado a intentar un equilibrio que permita sumar los votos de los ediles del partido de Santiago Abascal sin soliviantar en exceso a sus socios de Cs.

En este momento, la hipótesis más probable es que PP y Cs acaben asumiendo parte de las propuestas (léase enmiendas o exigencias) planteadas por Vox para conseguir el apoyo o la abstención que necesitan para que el documento quede aprobado por mayoría simple (más votos a favor que en contra). La cuestión clave que queda por discernir es cuáles de ellas pasarán el filtro, en un contexto en el que Vox ha puesto la diana principalmente en varias de las concejalías que controla Cs (Igualdad y Cooperación) con el objetivo de reducir, redirigir o eliminar las partidas dedicadas al área LGTBI y la concesión de subvenciones a entidades dedicadas a la inmigración, en la línea de las posiciones que vienen manteniendo en otras corporaciones del conjunto del país. 

Nada parece indicar que vaya a cesar en ese empeño. En Vox sostienen que, en un ayuntamiento en el que la mayoría de las decisiones se adoptan en Junta de Gobierno (sin participación de la oposición), este puede ser uno de sus momentos de máximo protagonismo. Y pretenden exprimirlo. No es ninguna novedad: la estrategia de la tensión les ha funcionado en el escenario nacional hasta ahora, por lo que van a tensar la cuerda que une al bipartito hasta donde les sea posible.

En Cs también están dispuestos a dar la batalla. En sus filas, se arrogan gran parte de la responsabilidad del presupuesto de este año, así como de la planificación para las cuentas venideras en el resto del mandato (hasta 2023). Se sienten provistos de la posición de fuerza que les confirieron las urnas el pasado 26 de mayo y arguyen que cualquier posible suma para formar gobierno pasa necesariamente por los votos de sus cinco concejales. Así que no van a admitir trágalas que puedan transmitir una imagen de debilidad o intrascendencia.

Menos todavía en un momento especialmente convulso en el que el partido lucha por la supervivencia tras la debacle de los resultados de las generales y la marcha de Albert Rivera. En esta línea, pese a que su sustituta Inés Arrimadas, haya cerrado acuerdos para conformar una primera candidatura conjunta con el PP en las autonómicas vascas, en lo que ya se ha interpretado como un paso hacia la integración, la estructura del partido en Alicante trata de apuntalar su poder municipal como base para impulsar su recuperación. 

Vox va a exprimir el momento político en busca de protagonismo; Cs avisa de que no aceptará 'trágalas' tras reivindicarse como fuerza esencial para formar gobierno; y el PP queda obligado a armonizar sus presiones

¿La conclusión? Podrán admitir ciertos cambios y sacrificios, como los que ya han tenido que asumir. Entre ellos, por ejemplo, que la partida destinada para el área LGTBI haya quedado reducida a 30.000 euros, cuando en el documento pactado hasta principios de diciembre alcanzaba los 120.000. También ha asumido que la consignación para Cooperación haya caído un 5% (o hasta un 13%, como sostiene la Coordinadora de ONGs) con la coartada -en parte avalada por el propio interventor municipal- de que se debía promover una reorganización de todo el sistema de concesión de subvenciones. Y hasta ha tenido que asumir ciertas votaciones junto a Vox y PP con las que, en otro contexto, podrían no estar de acuerdo y haber votado en sentido diferente, como ha sucedido en ocasiones precedentes.

Sin embargo, entre las filas de Cs se sostiene que no han dicho su última palabra y lanzan un aviso a navegantes: no van a permitir una rendición. Si al final deben asumir alguna otra cesión adicional en favor de Vox, van a exigir contrapartidas a cambio. Y señalan que quedan varios nombramientos por designar y algunos de los postulados relacionados con la organización municipal que se negociaron cuando se conformó el pacto de gobierno que todavía no se han ejecutado. 

Así que el PP deberá conjugar y armonizar la presión desde ambos extremos (Vox, más a la derecha; y Cs, más al centro). Los populares son conscientes de ello. Tanto que ya han venido manteniendo distintos contactos con el grupo que coordina Mario Ortolá antes y después de que el borrador del presupuesto quedase aprobado en Junta de Gobierno con el propósito de acercar posturas para despejar el camino a un presupuesto que se admite prácticamente como de transición. PP y Cs se han limitado en poner el foco en el mantenimiento y conservación de la escena urbana de la ciudad, y en los proyectos ineludibles de la Edusi de Las Cigarreras, para concentrar la posible batería de nuevos proyectos en la recta final del mandato, en busca de la proximidad de las futuras elecciones.

De hecho, en el bipartito se asume que esa falta de ambición complica que el conjunto de la oposición -incluidos PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís- se sientan presionados para tener que respaldar las cuentas ante el riesgo de tener que oponerse a la ejecución de determinados proyectos, como sucedió en la negociación del presupuesto de 2019. El gobierno en solitario del PP consiguió, entonces, que Guanyar se abstuviese (a cambio de incluir la ejecución de proyectos por valor de 50 millones como compromisos políticos de futuro). Y, de rebote, logró que Compromís también se abstuviese para no bloquear esas iniciativas.

Esa situación parece ahora prácticamente imposible. Pero no se puede dar todavía por descartada, a la vista de los desmarcajes que las tres fuerzas progresistas tratan de mantener entre sus respectivas posiciones por miedo a quedar diluidos en un estrategia de acción conjunta. Como muestra, un botón: la enmienda a la totalidad de devolución anunciada por el PSPV-PSOE para forzar al equipo de Gobierno a elaborar un nuevo presupuesto desde cero no genera consenso. Al menos, Unides Podem no contempla darle su apoyo por ahora, al considerar que un planteamiento de ese tipo debe quedar acompañado por la presentación de un presupuesto alternativo. Y hasta ahora el PSPV-PSOE -que, según coinciden el conjunto de grupos políticos, sería la única fuerza con medios suficientes para hacerlo- sigue sin pronunciarse de manera definitiva sobre si piensa presentarla, pese a que sí llegó a asegurar que lo haría.

¿Significa eso que la izquierda podría abstenerse para que el presupuesto del bipartito quedase aprobado? Es pronto para asegurarlo. Todo dependerá del resultado que pueda tener las enmiendas que presenten cada una de las tres fuerzas. En todo caso, quien sí parece decidido a votar en contra pase lo que pase es el PSPV-PSOE, que ya rechazó las cuentas del PP en 2019 por su desconfianza en su gestión. Esa desconfianza se ha acrecentado ahora al sumar otro elemento más: el descrédito en el que consideran que sigue instalado el alcalde por el incumplimiento de sus promesas.

Ese postulado es compartido por Unides Podem y Compromís. Y aunque los dos grupos han reprochado la falta de negociación previa sobre las cuentas, además de haber anunciado enmiendas prácticamente inasumibles por el bipartito, siempre podrían optar por una abstención para no convertirse en un obstáculo para el funcionamiento de la ciudad, en el caso de que se estimase al menos parte de sus enmiendas.