Alicante: el bipartito muta en tripartito ante el presupuesto y el PSPV se defiende con 'circo'

ALICANTE. El salón de plenos del Ayuntamiento de Alicante fue más que nunca este jueves un circo de tres pistas. Hubo algo de actuación tanto dentro (por la "teatralización" de la protesta del PSPV-PSOE frente a la exclusión de sus iniciativas) como fuera (por el baile-protesta organizado por el colectivo de usuarios de los centros de mayores). Y mucho espectáculo político. Sobre todo, por la escenificación de la coincidencia entre las tres fuerzas del eje del centro-derecha que, esta vez, fue más evidente que nunca. 

Lo cierto es que Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs) y Vox votaron juntos al unísono todas y cada una de las iniciativas que se incluyeron en el orden del día (también las marcadas con tipex) en una comunión casi perfecta, solo truncada por las diferencias expuestas en la justificación de las respectivas posiciones de voto, en las que -fundamentalmente, aunque no solos- el portavoz de Vox, Mario Ortolá, y la edil de Educación, Julia Llopis (PP), compitieron por ver quién asestaba la mayor crítica posible a la gestión-inacción del Consell en materia de construcción de centros (Plan Edificant) o asistencia a las personas con dificultades económicas (renta valenciana de inclusión).

El bloque PP-Cs-Vox se comportó como un tripartito oficioso tanto en las propuestas de acuerdo planteadas por el equipo de Gobierno (PP y Cs) como en la lluvia de declaraciones institucionales que el conjunto de los grupos políticos se cruzaron como arma arrojadiza a lo largo de otro debate largo (y casi improductivo) que terminó pasadas las 17:30 horas. Los dos votos de los ediles de Vox concedieron al bipartito la mayoría absoluta de la que carece (PP y Cs suman 14 concejales) a la hora de implantar un precio público para los talleres y actividades organizadas por la Concejalía de Juventud, en la ordenanza de patinetes, y en la ordenanza de tenencia y protección animal. Por si quedaba alguna duda, también en el acuerdo para plantear un modelo de gestión indirecta, concesional, en el servicio de transporte público en autobús.

Pero también, en la moción presentada por Compromís para que se crease una comisión sobre el estudio de la protección de la fuente de Luceros y el posible traslado de les mascletades, o en las propuestas para reclamar al Gobierno central o al ejecutivo autonómico: las devoluciones del IVA pendientes; más agilidad en las ayudas de la renta valenciana de inclusión; o reformas legislativas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas.

PP, Cs y Vox votaron juntos todos los acuerdos salvo uno; los 'populares' apoyaron incluso al partido de Abascal en favor de la transparencia de los gastos municipales en plena polémica sobre los fondos de la Diputación

Vox solo se distanció del bipartito en la declaración institucional conjunta presentada (inicialmente presentada como moción) por PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís para que el ayuntamiento impulsase la limpieza de las escombreras generadas en los terrenos liberados de las vías del ferrocarril y habilitase pasos peatonales para conectar los barrios del entorno. En esa, Vox se abstuvo y el bipartito votó 'no'. Así, obtuvo el mismo trato concedido: PP y Cs apoyaron sus tres iniciativas. La primera, para ampliar el campo de los homenajeados en la próxima conmemoración del Holocausto. La segunda para eliminar tasas de aparcamiento para las personas con movilidad reducida. E incluso la tercera, por la que se acordó el compromiso de todos los grupos políticos municipales para detallar y publicar en la web municipal el uso de las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento para financiar sus gastos de funcionamiento. Llamó la atención ver al PP -y a su concejal y presidente de la Diputación, Carlos Mazón- votar en favor de ese ejercicio de transparencia en plena polémica sobre el traspaso al partido de los fondos asignados al grupo popular en la institución provincial durante el pasado mandato. 

La entente entre el bipartito y Vox también funcionó para aprobar la declaración institucional por el fomento de la igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer trabajadora, del 8 de marzo. Los 16 concejales del centro-derecha aprobaron su propuesta (el texto promovido por la FEMP) y rechazaron la declaración alternativa (aunque, en el fondo, coincidente en su mayor parte) auspiciada por PSPV-PSOE y Unides Podem, a la que se adhirió Compromís.

La confluencia de votos de centro-derecha coincidió con el visto bueno del interventor a las cuentas, que el bipartito preveía presentar e incluso aprobar este viernes

Además, la alianza entre ese improvisado tripartito solo permitió que se aprobase la declaración presentada por la coalición valencianista para que Alicante se adhiriese a la Red de Ciudades Amigables con las personas mayores de la Organización Mundial de la Salud. Y todo en la antesala de que se produzca el debate del presupuesto municipal de 2020, en el que todo parece apuntar que PP y Cs van a necesitar el apoyo de Vox (voto a favor o abstención). En principio, la propuesta de planificación contable se dará a conocer la próxima semana, después de que el interventor municipal haya supervisado (y avalado) la corrección solicitada en determinadas partidas del área de Personal. 

De hecho, la previsión inicial que el bipartito llegó a manejar este jueves era la de poder presentar las cuentas en rueda de prensa este mismo viernes. Incluso se había sopesado la posibilidad de que se aprobasen en Junta de Gobierno también en esa misma jornada. No obstante, la convocatoria quedó anulada a última hora de la tarde sin que se dilucidase si finalmente habría negociación previa con los grupos de la oposición o si solo tendrían la oportunidad de presentar enmiendas (tras su aprobación en Junta de Gobierno).

Con todo, sin duda el momento de mayor tensión dramática del pleno fue la confirmación de la ruptura de toda posible relación entre PSPV-PSOE y PP, cuando el portavoz socialista Paco Sanguino anunció su intención de impugnar el desarrollo de la sesión por la exclusión de sus iniciativas políticas y la alteración o falseamiento de sus propuestas, presentadas como mociones, pero reconvertidas en declaraciones institucionales sin consentimiento previo. A partir de entonces, los nueve ediles del PSPV-PSOE enmudecieron y no participaron en ninguna votación (esa posición se consideró como abstención). 

Según fuentes consultadas, fue una estrategia pactada por los nueve ediles del grupo municipal (con capacidad de funcionamiento autónomo) previa consulta con la ejecutiva del partido (de hecho, su secretario general local, Miguel Millana, es concejal) con la que se pretendía poner de manifiesto los obstáculos que el primer edil estaría imponiendo al ejercicio de su labor como concejales y al desarrollo del debate político desde el inicio del mandato. 

La estrategia socialista: atajar y denunciar el bloqueo a su labor política por parte del primer edil

Según las mismas fuentes, la protesta se hacía necesaria para atajar, denunciar y visibilizar la supuesta arbitrariedad con la que se estarían filtrando sus iniciativas políticas relacionadas con el funcionamiento de la ciudad que pueden debatirse en el pleno, cuando sí se ha venido amparando que se traten cuestiones sobre el conflicto catalán que no guardan una relación directa indiscutible con Alicante.

En principio, ese sería el único límite establecido por el secretario municipal, junto a la imposibilidad de que se debatan cuestiones que son competencia de la Junta de Gobierno. La cuestión a dirimir ahora -al margen de si pudo incurrirse en un delito de falsedad por la manipulación manual de las propuestas del PSPV-PSOE al incorporarlas al libro del pleno-, es si las peticiones para que se elabore un estudio integral del tráfico en San Gabriel, un plan integral para erradicar escombreras ilegales y la creación de una unidad específica para tramitar las concesiones de los puestos de los mercados (tres de las propuestas del PSPV objeto de la polémica) son o no competencia de Junta de Gobierno.

Con todo, en el pleno todavía se dio cabida a un último (y claro) ejemplo de restricción al debate, cuando se pretendía votar una declaración institucional presentada por urgencia por el grupo municipal de Unides Podem para instar al Ayuntamiento de Madrid a recuperar los versos de Miguel Hernández (hijo predilecto de la provincia de Alicante) eliminados por el Ayuntamiento de Madrid en el Memorial de la Almudena. La propuesta no llegó a debatirse porque PP, Cs (que también gobiernan juntos en el ayuntamiento de la capital) y Vox no permitieron que superase el filtro previo (el llamado trámite de urgencia).

El bloqueo suscitó la crítica unánime del eje progresista, ya al término del pleno. PSPV, Compromís y especialmente Unides Podem recriminaron el bloque y acusaron en particular a Cs de plegarse a los postulados de "la ultraderecha de Vox". Con todo, el portavoz de la confluencia, Xavi López,  anunció que volvería a presentar la declaración institucional en defensa de la figura del poeta para "que el Ayuntamiento defienda a Miguel Hernández frente a quienes atentan contra lo que representa" y "evitar que la derecha se salga con la suya".