El actual alcalde de Llíber y candidato a la reelección, José Juan Reus. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El proceso judicial por la construcción de cerca de 300 viviendas irregulares sobre suelo rústico en el municipio de Llíber puede acabar complicando los planes del PP y del actual presidente de la Diputación, César Sánchez, para optar a revalidar el cargo como integrante de la candidatura de su partido en ese municipio. Como mínimo, los populares deben asumir ya que el actual alcalde del municipio y candidato a la reelección, José Juan Reus, no queda libre de acusación de la Fiscalía: se expone a una posible condena de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, en función de la petición inicial que formula en su escrito de calificación sobre los hechos.
Según pudo constatar Alicante Plaza, el Ministerio Público le considera responsable de un delito continuado contra la ordenación del territorio, junto al exalcalde, José Mas, y otros cuatro concejales de PP y PSPV que constituían la corporación local entre 1999 y 2003, por haber votado a favor de la concesión de licencias para "rehabilitar, ampliar o restaurar supuestos almacenes agrícolas con zona habitable" con el propósito de tratar de dar apariencia de legalidad a esos inmuebles.
Como ha informado este diario, el Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Reus y contra otros doce encausados en relación a la construcción y autorización de esas viviendas. La vista debe celebrarse ante la Audiencia Provincial aunque todavía no está señalada.
En principio, se da por descartado que pueda celebrarse antes de que se celebren las próximas elecciones del 26 de mayo. Con todo, en un primer momento, el auto que le aboca a juicio y el escrito de acusación que le señala junto al resto de los procesados podría conllevar cierto desgaste político para su candidatura y, en consecuencia, un retroceso en los resultados. En el municipio de Llíber, se eligen nueve concejales. En la actualidad, los nueve son del PP, ya que en las municipales de 2015 no se registró ninguna otra candidatura. En esta ocasión, sí hay competencia electoral: al margen del PP, concurren Compromís y la Coalición de Centro Democrático (CCD). César Sánchez, por su parte, figura como número 3 en la candidatura local del PP.
A ello se añade el problema posterior en el caso de que Reus resultase condenado a la pena de inhabilitación propuesta. En ese escenario, si hubiese logrado acta de concejal, quedaría desprovisto de ella, de modo que su escaño pasaría al siguiente de la lista.
Como ha contado este diario, por el momento el PP se ha limitado a abrir expediente informativo a Reus. En principio, según las fuentes consultadas, no se baraja la opción de expulsarle del partido al menos hasta que se celebren las elecciones, ya que ese paso podría dar la opción a los contrincantes políticos de que solicitasen la anulación de toda la candidatura. La consecuencia: Sánchez quedaría fuera de la institución provincial.
En cualquier caso, en sus últimas declaraciones al respecto, el propio titular de la Diputación ya ha tratado de restar trascendencia a la situación de Reus y ha mostrado su confianza en que "las cosas van a salir bien".
Al margen de la situación concreta de Reus y de sus consecuencias políticas, lo cierto es que el escrito de calificación del fiscal es especialmente contundente respecto a las presuntas responsabilidades del resto de los procesados.
Así, para el arquitecto municipal de Llíber, Amador Signes, que redactaba memorias valoradas que simulaban proyectos arquitectónicos para esas construcciones, y a su vez emitía los informes técnicos favorables a la concesión de licencias a cambio de "diversas cantidades", solicita 7 años de prisión por un delito continuado de estafa y otro contra la ordenación del territorio.
Para el promotor Miguel Muntaner, 7 años de prisión por los delitos de estafa y cohecho; para Trevor Jhon Henry (otro promotor), 6 años por estafa. También plantea la misma pena para otros dos constructores, Peter Antonius Schmid (por estafa) y Benjamín Sebastian Schmid. Y para Hans George Friedrich, otros 4 años por estafa. Para la secretaria municipal, también solicita 8 años de inhabilitación como presunta responsable de un delito de prevaricación al considerar que no puso reparo de legalidad alguno para la concesión de esos permisos.
