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análisis ap - posiciones políticas en el ayuntamiento

El divorcio (¿simulado?) entre el bipartito de Alicante y Vox y las llamadas de la izquierda a Cs

30/10/2020 - 

ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante correspondiente al mes de octubre, celebrado este jueves, volvió a ser más un termómetro de la situación política municipal, que un reflejo de la gestión pública desplegada en la ciudad. De nuevo, como suele suceder prácticamente desde el inicio del mandato, en las cerca de ocho horas (con un receso) en las que se desarrolló la sesión hubo muchos más gestos y lances dialécticos que adopción de acuerdos. 

Lo cierto es que el equipo de Gobierno compuesto por el PP y Cs tan solo planteó cinco propuestas resolutivas: una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas de concesión de licencias; la aprobación de la ordenanza reguladora del funcionamiento de las entidades colaboradoras de la administración con la que se aspira a agilizar los tiempos de concesión de licencias; la concesión de la medalla de oro de la ciudad al pueblo de Alicante por su actitud ante la pandemia; la designación de los festivos locales para 2021 (15 de abril y 23 de junio); y la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito. 

Todas esas propuestas quedaron aprobadas. Algunas con respaldo unánime y otras con el apoyo del PSOE, principal partido de la oposición con nueve concejales (los mismos que el PP). Y es que, en realidad, el bipartito no tiene la estricta necesidad de someterse al criterio del conjunto de la corporación para sacar adelante un amplio número de iniciativas: como sucede en todas las grandes ciudades, el ejecutivo local puede gestionar el día a día de la ciudad desde la Junta de Gobierno. Sobre todo si una de las máximas prioridades delimitadas por el propio alcalde, Luis Barcala (PP), es poner en marcha la renovación de infraestructuras urbanas y de llevar a cabo labores de mantenimiento pendientes desde hace años, que ya están planificadas y dotadas de presupuesto. De hecho, el primer edil se está encargando de exhibir su ejecución, con varias visitas de obra en las que no deja de recordar que se está acometiendo actuaciones por valor de 25 millones. Algunas de ellas trazadas por el extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) y otras relanzadas ya por PP y Cs. El resto de posibles proyectos que pueda tratar de impulsarse ahora queda supeditado al uso del remanente de crédito: los ahorros procedentes del presupuesto de 2019 que ascienden a 29 millones, después de que el propio bipartito acordase liquidar el 100% de la deuda con los bancos. De ahí que PP y Cs insistan una y otra vez en reclamar al Gobierno central el desbloqueo de esa hucha municipal pendiente, como también sucedió este jueves.

Pero, además, existe un segundo motivo por el que el bipartito trata de reducir su exposición a las votaciones en el pleno. Lo recordó el edil de Vox, José Juan Bonet, en una de sus primeras intervenciones del día, al interpelar directamente al alcalde: "Recuerde usted que no tiene mayoría absoluta", dijo, en el que se convirtió en uno de los mensajes clave de todo el debate. La frase resumió el momento político actual, en el que Vox parece haberse distanciado del PP, como eco de la separación que también se ha acrecentado en el escenario nacional tras el fracaso de la moción de censura contra Pedro Sánchez.

La cuestión es que los dos ediles del partido de Santiago Abascal que han sido determinantes para que el bipartito pudiese aprobar algunas de sus votaciones más complejas (los presupuestos de 2020 y sus posteriores modificaciones de crédito, o la apuesta por el modelo de gestión concesional en el transporte público, por ejemplo) han expresado públicamente que no están dispuestos a secundar al bipartito en cuestiones como la cuarta modificación de crédito o el catálogo de protecciones (fue el único partido que votó en contra). En este contexto, las palabras de Bonet sonaron a advertencia. De algún modo, Vox avisó a PP y Cs que no podría seguir contando con sus dos votos decisivos si no se avenía a parte de sus peticiones. Así lo recordó el portavoz del grupo, Mario Ortolá, cuando explicó el motivo de su rechazo a participar en la negociación de ese cuarto ajuste contable: "Han dilapidado medio millón de euros en políticas de ideología progre". La duda que queda por resolver -a solo una semana de que se celebre el debate sobre el estado de la ciudad, previsto para el próximo jueves-, es si esa posición es firme o solo simulada, ya que las tres fuerzas del centro derecha (PP, Cs y Vox) se prestaron sus votos de manera recíproca. Bien para que sus respectivas propuestas acabasen aprobándose, o bien para evitar que prosperasen las secundadas por el eje progresista (PSOE, Unides Podem y Compromís).

Los ediles del partido de Santiago Abascal secundaron al bipartito en sus dos votaciones más complicadas: la relacionada con el uso del faro del Cabo y la defensa de la ordenanza de convivencia cívica

De hecho, al margen de los seis acuerdos ya mencionados, el resto del orden del día de la sesión quedó al albur de la labor de fiscalización de los tres partidos de la izquierda, que trataron de desgastar al bipartito con ruegos, preguntas y declaraciones institucionales. En ese paquete de iniciativas figuró el intento de forzar al bipartito a plantear una propuesta pública para dar uso al faro del Cabo de las Huertas como alternativa a su transformación en restaurante, o la petición de retirada de la polémica ordenanza de convivencia cívica (en la que se prevén sanciones de hasta 3.000 euros). En ambos casos, PP y Cs encontraron el respaldo de Vox para ganar las votaciones.

Eso sí, esa fue una circunstancia que llevó a la izquierda a centrar gran parte de su estrategia en Cs. Los portavoces de PSOE, Unides Podem y Compromís, Paco Sanguino, Xavier López y Natxo Bellido (aunque también varios de los ediles de los tres grupos) instaron en reiteradas ocasiones a los representantes del partido de Inés Arrimadas a volver a la senda del centro y apartarse de planteamientos que, a su juicio, atentan contra principios como el de la igualdad, en alusión a la discriminación hacia las mujeres que reprochan a la ordenanza de convivencia cívica por las penalizaciones previstas para las mujeres forzadas a prostituirse. Las advertencias fueron más que directas: "O se distancian y se centran, o quedarán absorbidos por el PP hasta el punto de que nadie sepa cuál ha sido su aportación a la ciudad", llegó a espetar la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós

Las aportaciones (o, mejor dicho, la supuesta falta de ellas) fueron, además, el segundo hilo argumental de las embestidas que los tres grupos progresistas dirigieron a los representantes de Cs. Esta vez, especialmente por lo que respecta a las funciones de la edil de Igualdad, María Conejero, y las del edil de Cultura, Antonio Manresa. Sobre la primera, PSOE, Unides Podem y Compromís consideraron inaceptable que respondiese a una pregunta de la coalición valencianista con solo una frase: que su concejalía había tenido la misma intervención que el resto de departamentos en la elaboración de la citada ordenanza de convivencia cívica. Y sobre el segundo (Manresa), recriminaron su rechazo al reconocimiento de Miquel Grau (última víctima de la Dictadura Franquista asesinado en Alicante) con una calle, o que pidiese respaldo para que se considerase que las salas de música son actividades culturales que pueden celebrar actuaciones seguras, cuando no intervino para que se permitiese el desarrollo de un espectáculo de teatro de calle organizado por la Conselleria de Cultura. Es más, incluso le reprocharon que no pelease por mantener los 300.000 euros que se había incluido hasta ahora en la propuesta de cuarta modificación de crédito para arbitrar medidas de apoyo a la industria cultural y que, al parecer, habrían quedado suprimidas tras una última revisión.

Por lo demás, hubo tiempo para la reprobación de Ortolá por el insulto dirigido al presidente del Gobierno en su cuenta de Facebook, con la que consiguió "su minuto de gloria", según resumió Bellido. Y también para que el edil de Compromís, Rafa Mas, protagonizase un episodio inédito en un pleno: interrumpió su intervención cuando trataba de defender su posición en la propuesta sobre el faro del Cabo para atender una llamada al telefonillo de su vivienda (el pleno se desarrollaba de manera telemática, en aplicación de los protocolos de prevención frente al coronavirus). Un incidente a medio camino entre el comportamiento impropio (como le reprochó el alcalde) y el mero acto reflejo (casi anécdota), ya que Mas trató de explicar que vive solo y quería que no volviesen a llamar para que no interfiriesen más durante el transcurso del pleno. 

De esto modo, del resto de la sesión prácticamente solo quedó el compromiso alcanzado para impulsar un proyecto junto a la Conselleria de Transición Ecológica que permita convertir el faro de la isla de Tabarca en un centro formativo y de investigación sobre el medio marino, a propuesta del PSOE. Podría interpretarse casi como una segunda oportunidad tras el devenir del concurso sobre el faro del Cabo: el único asunto que ha conseguido disparar hasta ahora el número de espectadores en el canal de YouTube municipal en el que se retransmiten los plenos. Llegaron a ser 77, cuando difícilmente superan los 40.

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