El faro del Cabo de las Huertas.ALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado este jueves la propuesta formulada por el grupo municipal de Unides Podem para que se presente una propuesta municipal para convertir el recinto del faro del Cabo de las Huertas en un centro de interpretación público que ponga en valor sus características históricas, ambientales y paisajísticas, de modo que no se desarrolle la instalación de un restaurante, en función de la concesión ya aprobada por el consejo de administración del Puerto. La iniciativa ha contado con el voto en contra del equipo de Gobierno, compuesto por PP y Cs, a quienes se han sumado los dos ediles de Vox. Por su parte, PSOE y Compromís han respaldado la propuesta.
El portavoz de Unides Podem, Xavier López, ha defendido que la iniciativa constituía una oportunidad para cambiar de criterio después de que el equipo de Gobierno no hubiese cumplido el compromiso adquirido en el pleno de junio de "estudiar una propuesta alternativa" para que el faro tuviese un uso público, como se estaría reivindicando por parte de la ciudadanía, a través de colectivos vecinales y entidades ecologistas, agrupados en la plataforma Salvem el Far, por ejemplo. En parecidos términos se ha pronunciado el concejal socialista, Raúl Ruiz, quien también ha instado al alcalde, el popular Luis Barcala, a rectificar para "escuchar a la ciudadanía y defender sus peticiones". Por su parte, el edil de Compromís, Rafa Mas, no ha llegado a completar la justificación del sentido del voto de la coalición, puesto que su intervención se ha visto interrumpida por una llamada (en un principio, no ha quedado claro si telefónica o al telefonillo de su vivienda), lo que ha propiciado que perdiese el turno de palabra. Mas ha pedido disculpas sobre el incidente, aunque el primer edil no ha permitido que retomase el hilo de su exposición después de considerar que la actitud de Mas había supuesto "una falta de respeto inédita". Así, le ha recordado que su papel como concejal es el de representar a los ciudadanos y que percibía un sueldo por ello.
Al margen de ese incidente, en la respuesta a la propuesta, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, que ha intervenido en representación del equipo de Gobierno (PP y Cs), ha considerado que la propuesta planteada por Unides Podem era "demagógica". Así, ha señalado que el acuerdo de concesión se adoptó en el consejo de administración del Puerto en el que disponen de mayoría representantes de administraciones gobernadas por los partidos que gestionan en el Gobierno central y en la Generalitat. En esta línea, ha considerado que la propuesta de transformación del edificio "es buena" en la medida en que se va a reforzar la protección ambiental del entorno, puesto que es "una de las exigencias que se va incluir" en la parte de tramitación de licencias que corresponde conceder al ayuntamiento.
Además, ha considerado que la realidad del faro del Cabo es distinta a la del faro de Tabarca, sobre el que en el mismo pleno se ha aprobado una propuesta registrada por el PSOE para presentar una iniciativa de uso público sobre ese edificio, con la intención de que pueda instalarse un centro de formación e investigación sobre el medio marino. Según Villar, en ese caso toda la isla de Tabarca está protegida como reserva marina.
Antes de Villar, el edil de Vox, José Juan Bonet, había apuntado que la iniciativa era positiva en la medida en que "según el compromiso del alcalde, el faro no se va a tocar". Además, ha recalcado que se trata de una propuesta que contribuye a generar actividad económica y la creación de puestos de trabajo.
El debate de la iniciativa ha contado con la intervención previa del portavoz de la Colla Ecologista d'Alacant, Carlos Arribas, quien ha sostenido que el acuerdo de concesión todavía no es firme, puesto que el consejo de administración del Puerto deberá volver a votar sobre los recursos de reposición que puedan presentarse frente al acuerdo de concesión. Además, ha incidido en el valor ambiental del entorno y en el reconocimiento del enclave como Bien de Interés Cultural (BIC) por la existencia de una torre vigía preexistente, por lo que ha apuntado que el ayuntamiento deberá analizar la conveniencia de su autorización, al menos con la emisión de un informe de compatibilidad urbanística.
El centro derecha también suma sus votos para mantener la propuesta de ordenanza de convivencia cívica rechazada por PSOE, Unides Podem y Compromís
En el desarrollo de la sesión, también se ha rechazado otra propuesta formulada por Unides Podem para que se promueva la declaración de una calle a Miquel Grau, como última víctima reconocida de la Dictadura Franquista, para complementar la instalación de una placa conmemorativa en la Plaza de Luceros o la concesión de la medalla de oro de la ciudad. La iniciativa, que ya se registró en 2019, ha sido desestimada con los votos del equipo de Gobierno (PP y Cs) y de Vox. El edil de Cultura, Antonio Manresa (Cs), ha defendido que a la figura de Miquel Grau ya se le concedió el reconocimiento debido con la entrega de la medalla de oro.
De igual modo, el bipartito y Vox han sumado mayoría para rechazar una tercera propuesta de Unides Podem por la que se solicitaba que PP y Cs retirasen su propuesta de ordenanza de convivencia cívica, al considerar que se trata de una regulación que criminaliza a las personas en situación de vulnerabilidad sin proporcionarles alternativas ni ningún tipo de cobertura. La propuesta de la confluencia ha contado con el respaldo de PSOE y Compromís, que han abundado en los motivos expuestos por López para reivindicar la retirada de la ordenanza. Así, tanto el líder de Compromís, Natxo Bellido, como la edil socialista, Llanos Cano, han insistido en considerar que la norma es "un código penal municipal" que no aporta "nada más que sanciones", sin proporcionar ninguna asistencia adicional ni ofrecer soluciones para las víctimas de la prostitución, por ejemplo. "Esto no es lo que demanda su electorado", ha añadido Cano.
Por su parte, el edil de Seguridad, José Ramón González, ha defendido que la ordenanza trata de proporcionar herramientas necesarias para evitar prácticas coercitivas organizadas por mafias, así como la posibilidad de sancionar a quienes demandan servicios de prostitución en la calle. Respecto a la concesión de alternativas para colectivos vulnerables, el edil ha señalado que la ordenanza se complementa con la puesta en marcha del Plan de Inclusión Social.
En el pleno, sí se ha aprobado la primera de las declaraciones institucionales presentadas por Compromís por la que el ayuntamiento expresa el reconocimiento a la labor de los trabajadores del centro penitenciario de Alicante y se insta al Gobierno central a atender sus reivindicaciones laborales. La propuesta ha contado un respaldo unánime.
No ha prosperado, sin embargo, la segunda de declaración registrada por la coalición por la que se solicita la puesta en marcha de medidas de apoyo en favor de las familias monoparentales. La iniciativa ha contado con el voto en contra del equipo de Gobierno (PP y Cs) y la abstención de Vox. La edil de Acción Social, Julia Llopis (PP), ha sostenido que varias de las bonificaciones y acuerdos solicitados por Compromís no tienen cabida en la normativa estatal por lo que no podrían incorporarse al ámbito local.
El edil de Compromís Rafa Mas interrumpe su intervención en la justificación de su voto sobre el uso del faro para atender una llamada al telefonillo
En cuanto a las propuestas presentadas por Vox, ha quedado aprobada la declaración institucional para instar a la Generalitat a poner en funcionamiento el helipuerto del Hospital General de Alicante. A los votos del partido de Santiago Abascal se han sumado los de PP y Cs, mientras que PSOE, Unides Podem y Compromís han votado en contra. Los tres grupos del eje progresista han asegurado que la Conselleria de Sanidad ya estaba trabajando para activar esas instalaciones, tras solucionar las deficiencias advertidas en el proyecto, como defendió este miércoles el grupo municipal del PSOE a través de un comunicado.
Vox también ha conseguido que se apruebe su segunda declaración institucional por la que se insta a la Conselleria de Sanidad a mejorar las condiciones de los médicos internos residentes. Como en la votación precedente, la iniciativa ha prosperado con apoyo de PP y Cs, después de un cruce de intervenciones sobre la respuesta que el departamento autonómico habría concedido hasta ahora a las reivindicaciones de los MIR.
También se ha aprobado una declaración institucional de urgencia presentada igualmente por Vox para promover la instalación de unas dependencias reservadas para el uso de la Policía Nacional en la estación de Adif. La iniciativa también ha contado con los mismos apoyos: 16 votos de la unión de PP, Cs y Vox. Los grupos políticos de la izquierda han rechazado tanto el trámite de urgencia como el fondo de la iniciativa al considerar que no reunía los requisitos para ser considerada urgente. Además, el edil socialista Manuel Martínez ha puntualizado que la seguridad de la estación de Adif queda en manos de una empresa privada, "tras ser privatizada por un gobierno del PP".
Por último, también se ha debatido una declaración institucional de urgencia de PP y Cs para instar al Gobierno central a mantener las medidas de apoyo e incentivos fiscales acordados para los sectores más afectados por la pandemia. Como las anteriores, la propuesta ha tenido el mismo resultado: 16 votos a favor y 13 en contra. De nuevo, los grupos del eje progresista han defendido que el Gobierno central ya había anunciado que el conjunto de iniciativas de respaldo al sector se iba a prolongar.
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