Los ediles de Vox (izquierda) junto a los ediles de Cs (derecha), en un pleno, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Las explicaciones ofrecidas por el concejal de Cultura, Antonio Manresa (Cs), durante su comparecencia en el pleno ordinario de junio, este jueves, no parece que vaya a dar por zanjada la controversia por el contrato menor de asesoría externa concertado para difundir la programación cultural de la ciudad en medios especializados y reforzar su presencia en redes sociales. De poco o nada sirvió que el regidor detallase que ese contrato (concertado de manera directa con un profesional que ejerce su labor como autónomo, tras ser escogido entre otras dos propuestas), no se había tramitado para suplir a una trabajadora interina que iba a acogerse a una baja por maternidad.
Su relato, sencillamente, no convenció a la bancada progresista, y menos, después de que el grupo municipal de Vox se hubiese aliado con PP y Cs para rechazar la constitución de una comisión de investigación promovida por Unides Podem con la intención de determinar si existieron irregularidades en esa contratación, en aspectos como si el contrato fue para cubrir esa baja, cuando -en ese caso- debía haberse acudido a la bolsa de trabajo, o por qué la oferta escogida fue la única que había presentado un presupuesto ajustado al límite previsto por la Ley de Contratos del Sector Público para los contratos de prestación de servicios de carácter menor (15.000 euros más IVA).
El primer gesto de ese descrédito lo evidenció este mismo jueves el grupo municipal de Compromís, que -solo unos minutos después de la intervención de Manresa- solicitó por registro la entrega del informe que hubiese podido emitir el interventor municipal, en función de las declaraciones públicas formuladas por el alcalde, el popular Luis Barcala, en torno a ese episodio. En concreto, como informó Alicante Plaza, el primer edil apuntó, después de que trascendiese la contratación de la polémica, que dependía de la emisión de los informes de la Oficina Presupuestaria y del interventor municipal para que se detallase si cumplía con las condiciones requeridas para que se cumplimentase.
De hecho, lo cierto es que esas siguen siendo sus únicas palabras sobre el asunto, ya que, durante el desarrollo del pleno, optó por el silencio, sin ofrecer ninguna valoración ni explicación adicional respecto a sus propias manifestaciones. Todo pese a que fue azuzado en varias ocasiones por los portavoces de los tres grupos del eje progresista: Paco Sanguino (PSPV-PSOE), Xavier López (Unides Podem) y Natxo Bellido (Compromís). "Si el señor Manresa está hoy en esta situación, compareciendo por ese contrato, es gracias al señor alcalde", espetaron. Sin embargo, Barcala -que sí hizo múltiples acotaciones al moderar la sesión e intervino en varios momentos del debate plenario-, obvio todas esas alusiones y optó por la callada.
No dijo nada incluso después de que Manresa respondiese a Sanguino y López que se habían dejado guiar por "el camino del engaño", al referirse a la necesidad de emisión de esos informes apuntada por el primer edil. Es más, Barcala tampoco intervino cuando el titular de Cultura se negó a ofrecer más detalles sobre el modo en el que el correo interno remitido por la trabajadora interina (en el que explicaba que se acogía a una baja por maternidad y que iba a ser sustituida por el profesional autónomo contratado) saltó a los medios de comunicación. Manresa dijo sin decir para apuntar a sus socios políticos: "No voy a referirme a cómo se extendió ese correo porque me debo a la lealtad al equipo de Gobierno", explicó. Barcala permaneció inmutable pese a todo, en un episodio que, como ya ha contado este diario, ha causado discrepancias en las filas de Cs y, sobre todo, roces en las relaciones con el PP en el seno del equipo de Gobierno.
Lo cierto es que las dudas también persisten por lo que respecta a PSPV-PSOE y Unides Podem. Las dos formaciones continúan analizando las implicaciones del contrato con sus respectivos servicios jurídicos para determinar cuáles pueden ser sus próximos pasos, al mantener que existen contradicciones entre la versión de Manresa y las palabras de Barcala. En principio, se mantiene la posibilidad de acudir a Fiscalía para dar traslado de los hechos al considerar que, como mínimo, se habría podido cometer un fraude al cubrir la baja de un trabajador con una contratación externa.
Y en ese camino podrían encontrarse con otro protagonista político hasta cierto punto inesperado: Vox. Sus dos regidores evitaron que el contrato promovido por Manresa tuviese que someterse al escrutinio de una comisión de investigación. Esa posición fue interpretada por PSOE, Unides Podem y Compromís como un nuevo rescate del partido de Santiago Abascal a la gestión del bipartito, en la línea de otras votaciones precedentes: la subida de retribuciones de los concejales, la apuesta por el modelo concesional del sistema de transporte o el propio presupuesto de este año.
Cultura solicitó a Recursos Humanos la cobertura de la plaza de la trabajadora interina un día después de que se registrase su baja
No obstante, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, apuntó al término del pleno que su rechazo a la comisión de investigación no suponía un respaldo al proceder de Manresa. De hecho, apuntó que su intención era seguir recopilando información con el objetivo de decidir si correspondía iniciar acciones legales al sostener que podían existir presuntas irregularidades. "No apoyamos la comisión de investigación porque no es una herramienta útil; habría supuesto dormir el asunto, porque después esas comisiones no se convocan, como hemos visto con la comisión de investigación sobre el caso Brugal", incidió.
Manresa, por su parte, mantuvo que el procedimiento de contratación había sido correcto, puesto que las funciones desempeñadas por el profesional contratado no guardaban ninguna relación con la labor que desarrollaba la trabajadora interina, adscrita al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) desde noviembre de 2010. En esta línea, incidió en que el servicio concertado con el contrato de asesoría externa era el de comunicación digital, no la emisión de comunicados de prensa, que iban a continuar dependiendo del gabinete de prensa municipal, como hasta ahora. Además, en declaraciones a este diario, señaló que la prueba más evidente de que ese contrato no era para suplir a dicha trabajadora es que ella cursó su baja el día 6 de junio y, un día después, el día 7, se solicitó a Recursos Humanos que cubriese su puesto. Por su parte, el profesional autónomo que presta el servicio de asesoría externa comenzó a prestarlo desde el día 1.
Sea como fuere, la comparecencia de Manresa sobre el polémico contrato no fue el único asunto destacado de la sesión. También resultó relevante el desenlace de las dos propuestas formuladas a cuenta de la defensa de los derechos del colectivo LGTBI: una pactada por PSOE, Unides Podem y Compromís, y otra propuesta por PP y Cs con el acuerdo marco propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La primera fue tumbada con los votos de PP, Cs y Vox. Y la segunda no llegó a superar el trámite de urgencia, tras su bloqueo por parte de PSOE, Unides Podem, Compromís y el añadido de Vox, por lo que no fue ni debatida, con el consiguiente malestar de la vicealcaldesa y edil del área LGTBI, Mari Carmen Sánchez (Cs).
El desencuentro se saldó con dos consecuencias. La primera, que no se aprobó ninguna propuesta en defensa del colectivo. Y la segunda, que los partidos del eje progesista -que votan después de Vox- no están dispuestos a admitir que se debatan propuestas promovidas desde la FEMP sin que se impulse una negociación previa para adaptarlas a la situación de la ciudad de Alicante.
Al margen de ello, finalmente durante la sesión sí hubo una mínima referencia sobre el futuro del edificio del cine Ideal, a cargo de Compromís. Su portavoz, Natxo Bellido, aprovechó una de sus intervenciones para pedir un refuerzo a su protección a través de la nueva propuesta de catálogo, frente al proyecto promovido por el grupo Baraka por el que se pretende su rehabilitación y transformación en hotel. El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), replicó entonces que el edificio mantenía el mismo grado de protección que durante la etapa del tripartito y se cuestionó por qué PSOE, Guanyar y Compromís no hicieron nada durante el pasado mandato para procurar su conservación.
Y por último, la situación de la Zona Norte también se introdujo en el debate a partir de al menos dos referencias distintas. En primer término, el portavoz de Unides Podem, Xavier López, se refirió a la necesidad de muchos de sus residentes en situación de vulnerabilidad, que han tenido que quedar asistidos por la solidaridad vecinal, al margen de la ayuda derivada por los servicios municipales, al referirse a los -a su juicio- incumplimientos del equipo de Gobierno respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y en segundo lugar, el edil de Compromís, Rafa Mas, también aludió a la situación del distrito al preguntar a la edil de Acción Social, Julia Llopis (PP), cuándo pretendía convocar una nueva reunión de la Oficina Municipal de Emergencia Social (OMES) para informar sobre la evolución de las ayudas derivadas de la crisis sanitaria del coronavirus. La regidora replicó que lo haría en cuanto creyese oportuno, tras apuntar que ya se había convocado varias sesiones.
